Por Pamela Figueroa, académica de la Universidad de Santiago; Observatorio Nueva Constitución
Este domingo seremos testigos por primera vez en nuestra historia de la llegada de 155 mujeres y hombres al Palacio Pereira, quienes nos representarán en la deliberación de un nuevo pacto social y político, que se manifestará en un nuevo texto constitucional. Los desafíos de la Convención Constitucional son múltiples. Desde la perspectiva democrática: la representación, la legitimidad y la inclusión. Desde la temporalidad: la instalación, la deliberación y el acuerdo para presentar un texto a ser ratificado por la ciudadanía. En todo el proceso, la participación pública será clave para cumplir objetivos y expectativas.
La Convención se instala en un momento de crisis de legitimidad y confianza del sistema político y del actual modelo de desarrollo. Es la respuesta institucional al malestar social expresado en octubre de 2019, recoge las demandas que han existido desde la transición a la democracia, y el Proceso Constituyente Abierto a la Ciudadanía impulsado por la Presidenta Bachelet. Tiene el desafío de incorporar las distintas vertientes de las demandas de cambio constitucional, lo que se ha logrado a través de la amplia representación, como resultado de la paridad e incorporación de pueblos originarios, independientes y partidos políticos.
La legitimidad tiene que ver con consensos sociales frente a las reglas del juego y el respeto a dichas reglas. La confianza se edifica a partir de prácticas de los actores políticos y sociales, que reconocen esas reglas y las implementan en su accionar. Por eso, los acuerdos que establezcan las y los convencionales en torno al reglamento son importantes para su funcionamiento, y para el acompañamiento que desde la ciudadanía haremos al desarrollo de la deliberación de los contenidos constitucionales y a la construcción de acuerdos sobre estos. En un contexto de necesaria reconstrucción de confianza, la certeza de esas reglas, la transparencia de los debates y decisiones, y la participación pública en el proceso deben ser definidas con claridad desde el comienzo.
Uno de los indicadores de la democratización política es la inclusión de diversos actores en el debate público y en la toma de decisiones. La Convención cumple con ello en la diversidad de su composición, y al no tener ningún partido político ni grupo la mayoría, permite un espacio de diálogo y construcción de acuerdos desde la complejidad de nuestra sociedad.
Cada uno de estos desafíos democráticos de representación, legitimidad e inclusión se verán tensionados en distintos momentos del trabajo de la Convención. La instalación es un momento histórico, por la innovación democrática e institucional de una Convención como la chilena. Las definiciones sobre la presidencia y vicepresidencia, el reglamento, los mecanismos de deliberación y acuerdos, y la participación pública, nos mostrarán las posibilidades de abrir el espacio político a nuevos actores e incorporar anhelos de quienes estaban excluidos. Durante la deliberación, la transparencia y participación de la ciudadanía serán importantes para fortalecer la confianza, legitimidad y capacidad de lograr acuerdos para concurrir a un nuevo texto constitucional.
Las expectativas son altas y cumplirlas requiere compromiso, diálogo, colaboración y humildad para entender que este camino que emprendemos nos requiere a todas y todos.
