Un proyecto mal orientado

El Congreso dio por estos días un paso fundamental para que el proyecto que rebaja a 40 horas la jornada semanal se convierta en ley. El Senado aprobó por unanimidad la iniciativa -que fue impulsada desde 2018 por la entonces diputada Camila Vallejo y Karol Cariola, del PC- y ahora se apresta a pasar a tercer trámite, lo que podría ocurrir la primera semana de abril.

Durante su tramitación se incluyeron algunas medidas de flexibilidad, que apuntan a la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas, con un máximo de 45 horas semanales. Además de rebajar las horas límite semanales, la iniciativa reconoce la posibilidad de tener cuatro días de trabajo y tres de descanso, se reconocen los sistemas de control electrónico de asistencia y se regula en materia de horas extras la posibilidad de compensarlas por hasta cinco días de feriado, entre otros aspectos adicionales.

Asimismo, se estableció la entrada en vigencia escalonada, proceso que tomará 5 años en completarse. Si el proyecto comenzara a regir este año -como busca el gobierno- en 2024 se llegaría a 44 horas, luego, en 2026, se pasaría a 42 horas y recién en 2028 a las 40 horas.

El mundo político celebra que con la puesta en marcha del proyecto las personas podrán disfrutar más del ocio o de la vida familiar, todo lo cual -en opinión de sus impulsores- tendría impactos positivos en productividad. Además, con esta rebaja Chile se acercaría a la mayoría de los países de la OCDE que tienen límites semanales en 40 horas o menos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y sostener que con la rebaja de horas de trabajo mejorará la calidad de vida o el tiempo de ocio no sólo es simplista, sino que olvida muchas de las causas que explican que eso no suceda y que requieren una respuesta integral.

Es un hecho que la medida encarecerá los costos laborales y ello tendrá inevitables consecuencias en los propios trabajadores que supuestamente se busca favorecer. La reducción de horas implicará un alza en los costos de las empresas porque para mantener sus niveles de producción actuales deberán contratar horas de trabajo adicionales, lo que encarecerá los costos laborales en al menos 12,5%. Este aumento se sumaría a otros que impulsan proyectos actuales como el de pensiones -que busca sumar un aumento de 6 puntos en las cotizaciones a costo del empleador- y futuros, como la negociación ramal -anunciado recientemente por la ministra del Trabajo-, que presionarán aún más el mercado laboral. Lamentablemente, esta alza en los costos no se traducirá, necesariamente, en aumento en los ingresos mensuales de los trabajadores, los que ya han sufrido producto de la inflación y los más afectados terminarán siendo los grupos más desprotegidos.

La productividad en Chile ha mostrado un retroceso progresivo en la última década y la evidencia sobre los efectos directos en la productividad fruto de la reducción de horas no es concluyente. Habría sido mejor introducir primero medidas de adaptabilidad profundas -que habrían contribuido a mejorar los niveles de la productividad media laboral- para luego avanzar en reducir la jornada legal y, en términos más generales, abordar de manera más integral los factores que afectan la calidad de vida de los trabajadores -como los largos tiempos de viaje- y repercuten en los niveles de productividad.

Lo cierto es que estas iniciativas ignoran, además, el cambio estructural que está ocurriendo en el mundo con la masificación de las tecnologías como la automatización de procesos y la inteligencia artificial. Un encarecimiento progresivo de los costos laborales no hará otra cosa que acelerar el proceso de adopción tecnológica que ya viven las empresas chilenas.