Esta columna fue escrita en conjunto con Magdalena Ortega, Directora de Formación y Servicio Público de IdeaPaís.
La postergación del plebiscito era un mínimo republicano. A pesar de que algunas voces insistían en mantener la fecha o suspenderlo, primó la sensatez y se reconoció el compromiso adquirido. Con ello, el nuevo calendario electoral no solo ofrece más tiempo para sopesar argumentos a favor o en contra del reemplazo constitucional; sino que abre una nueva oportunidad para enfrentar esa crisis social que aún no encuentra respuesta.
En efecto, durante estos meses y luego del coronavirus, el gobierno y el Congreso tienen la oportunidad de avanzar en aquellas agendas sociales que garanticen un mejor estándar de vida a los chilenos y un rayado de cancha más equitativo. Ya estamos tarde, lo sabemos. Solo por dar un ejemplo, de haberse aprobado la reforma de pensiones en el minuto adecuado, miles de jubilados recibirían desde este mes un aumento inmediato en sus pensiones. Algo similar ocurriría con el ingreso mínimo garantizado, el acceso a la sala cuna universal, la agenda antiabusos y tantas otras reformas políticamente simbólicas como la rebaja de la dieta parlamentaria.
Lo anterior no ha ocurrido porque, lamentablemente, una parte importante de la oposición ha decidido poner freno a estas reformas, parapetándose en la espera de una nueva Constitución y en las supuestas barreras que el texto actual interpondría para hacer cambios sustanciales. Pero ello no es cierto. La gratuidad universal -una política lejana al supuesto neoliberalismo cobijado en la Constitución vigente- por ejemplo, fue discutida e implementada en el actual orden jurídico; lo mismo ocurrió con el aborto en tres causales; y otros casos más. Además, algunas leyes como el Sernac o la titularidad sindical, no fueron declaradas inconstitucionales en “defensa de las grandes empresas”. Más bien, fue en protección de derechos esenciales como el debido proceso o la libertad para sindicarse.
Así las cosas, si el Congreso recoge el guante de las agendas sociales, pasará lo siguiente: el plebiscito se realizaría con reformas aprobadas y la opción “Rechazo” ganaría legitimidad; es decir, sería patente que la institucionalidad puede ser transformadora. Ello requiere, por una parte, real voluntad de transformar y, por otra, que dichas reformas no sean meramente cosméticas. Un ejemplo de ello es nuestra propuesta: transitar desde un mal entendido Estado subsidiario hacia un Estado solidario que, tomando franca distancia de las opciones colectivistas, tenga por finalidad buscar la realización íntegra de los chilenos -material y espiritual-, a través de, por ejemplo, metas solidarias, las cuales constituyen mandatos imperativos que pueden ser cumplidos por la sociedad civil, el mercado y el Estado.
Sin embargo, lo anterior presenta una dificultad no menor: que la derecha asuma, como pocas veces en la historia, una actitud reformista real. Sin matices ni letra chica.
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