Un retroceso para la educación inclusiva

Por Verónica López, directora Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, María Teresa Rojas, académica del Departamento de Políticas Educativas, Universidad Alberto Hurtado, y Mónica Peña, directora Magíster en Psicología, Universidad Diego Portales

El fortalecimiento de la educación inclusiva es un imperativo del sistema educativo. La inclusión está directamente relacionada con la calidad educativa, por tanto, las escuelas de excelencia son aquellas que logran que todos sus niños aprendan y potencien sus capacidades. Para que ello suceda, profesores, estudiantes, familias y profesionales de la educación saben que niños y niñas son diversos, que requieren apoyos diferenciados y que en cualquier momento de sus trayectorias educativas pueden requerir apoyos pedagógicos especiales.

Los Programas de Integración Escolar que hoy tienen presencia en 6.065 escuelas, entre escuelas municipales, particular subvencionadas o dependientes de Servicios Locales de Educación, están compuestos por profesionales de distintas especialidades que apoyan y fortalecen las trayectorias educativas de niños con necesidades educativas especiales. Los PIEs, como son conocidos por las comunidades, existen en las escuelas hace más de dos décadas y han sido fundamentales para incluir y mejorar la calidad de los aprendizajes a miles de niños y niñas.

En este sentido, nos preocupa que el candidato presidencial José Antonio Kast, dentro de su propuesta programática original, en la medida 707, proponga derogar la política pública que los creó (Decreto 170), planteando la itinerancia y externalización de este servicio. Surgen dos alertas. Por una parte, con qué recursos propone financiar el apoyo a la inclusión de niños y niñas, pues al derogar el decreto 170, lo que resta es solo el subsidio por estudiante que asiste a la escuela. Lo segundo, es a qué refiere la externalización e itinerancia de los servicios profesionales referidos a la inclusión. Todo indica que esta medida significa volver al modelo tradicional, y superado, de la educación especial que obliga al niño y a su familia a buscar apoyos externos a la escuela y, al mismo tiempo, a concentrar los apoyos escolares fuera del aula.

El riesgo de aludir a organizaciones externas a la escuela es evidente, pues privatiza los apoyos en materia de inclusión y abre la puerta a la especulación mercantil en un ámbito tan crucial para las familias como es la formación integral de sus hijos. Por ello, eliminar la permanencia de los equipos PIE es un franco retroceso en materia de inclusión educativa: enfrenta una vez más a las familias a buscar ayuda para sus hijos fuera del sistema escolar, dejando esta decisión a su capacidad económica y a la disponibilidad de profesionales, la que es desigual en las distintas zonas de nuestro país. Pero, además, debilita el acompañamiento pedagógico y psicosocial para todos los estudiantes, no solo para aquellos tipificados con necesidades educativas especiales, pues cualquier niño o niña, a lo largo de su vida escolar, puede necesitar apoyos para fortalecer sus aprendizajes. La escuela es el lugar idóneo para asegurar esos apoyos.

Cada avance en materia de inclusión educativa en Chile ha sido arduo y lento. No es posible retroceder en el tiempo e insistir en recetas sobre la externalización e itinerancia de apoyos que no poseen ningún respaldo en la evidencia científica. Los países que han desarrollado más fortaleza en materia de inclusión educativa invierten en equipos de inclusión al interior de las comunidades educativas, orientan su quehacer al apoyo de todas y todos los estudiantes, comprendiendo que educar con calidad pasa por atender a su diversidad.