Por Marcelo Drago, abogado, ex presidente del Consejo para la Transparencia
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció hace unos días el envío de una indicación al proyecto de ley de protección de datos personales (PDP), desechando al Consejo para la Transparencia (CPLT) como agencia de protección de datos y planteado una agencia separada. El propio gobierno, al comienzo de su mandato, había propuesto que el CPLT se hiciera cargo de esta materia, y esta propuesta ya había sido discutida y aprobada por la Comisión de Constitución del Senado. Estando en el extranjero hace este anuncio, en vez de explicar porqué su gobierno tuvo abandonado el proyecto por prácticamente año y medio.
Es un profundo error. Un retroceso para la transparencia y para la protección de datos, que terminará en conflictos y pugnas institucionales, judicialización e inseguridad jurídica. Esto, sin mencionar el desperdicio de recursos públicos que implica tener dos instituciones paralelas. Los principales perjudicados serán las personas y sus derechos.
Esta decisión va en la línea contraria a lo que se ha hecho en prácticamente todos los países donde se ha avanzado en transparencia y PDP simultáneamente, como Inglaterra, Alemania (a nivel federal y de los estados), Suiza, México, Argentina, Perú, Uruguay, Australia, Canadá (a nivel de sus estados subnacionales), por nombrar algunos. Peor aún, España, país citado como ejemplo de separación de ambas competencias, está reuniendo las dos materias en una sola agencia, como ya lo hizo Andalucía.
Para el Consejo para la Transparencia es un fiasco. Un tercio de sus decisiones de fondo incluyen elementos relativos a la PDP, es decir, en uno de cada tres casos que resuelve no estará claro qué criterio sigue, si el propio o el de una agencia externa. ¿Qué criterio se aplica para la información del Registro Civil, la de Comisaría Virtual, o las liquidaciones de sueldo de los funcionarios públicos? ¿El Criterio del CPLT o el de la agencia de protección de datos? Si la solución pasa por un tribunal que resuelva, francamente es absurdo. Ni hablar de la jurisprudencia que ha forjado el CPLT aplicando la ley de protección a la vida privada, se va al tacho de la basura. Esto no contribuye a la transparencia ni a la protección de datos.
El Presidente de la República planteó que será una institución autónoma, supervigilada por el ministerio de economía. No caben las palabras autónoma y supervigilada en una misma frase, eso sencillamente no es independencia. Entonces, de nuevo, ¿el CPLT va a seguir directrices de una institución dependiente del gobierno? En ese minuto se acaba la autonomía del CPLT, con las graves consecuencias que ello significa para la transparencia y la protección de datos.
Para qué mencionar esa vinculación al Ministerio de Economía. Muestra una visión economicista, que no entiende las enormes implicancias políticas, sociales y culturales que involucra el derecho a la autodeterminación informativa; ¿hay que explicar de qué se trató el escándalo de Cambridge Analitica? Es una mirada reduccionista, que asemeja la PDP a los derechos del consumidor.
Algunos creen, en base a decisiones recientes, que lejos de dar seguridades, el CPLT le ha fallado a chilenos en la protección de sus datos personales. Creo que este juicio tiene fundamentos. El caso más flagrante puede ser el aval que dio el CPLT a la entrega de los teléfonos, direcciones y datos comerciales de más de 15 millones de personas por la Subtel a una firma encuestadora. No solo fue un error, fue un horror. Pero la solución ya está en el proyecto en actual tramitación, que modifica la composición y establece una completa renovación del consejo directivo del CPLT, transcurrido un año de aprobada la ley. Será la oportunidad para designar personas comprometidas y con competencias en este derecho fundamental. Nuevas funciones, nuevos consejeros.
Se debe robustecer la institución existente en vez de crear otra nueva. El Consejo para la Transparencia tiene todos los elementos para hacerse cargo de esta competencia. Aquellos aspectos de su institucionalidad que se consideren deficitarios o insuficientes, pueden reformarse y fortalecerse. El país no se puede equivocar. Necesitamos una nueva ley de PDP con la correcta institucionalidad a cargo de su cumplimiento; autónoma, con las facultades normativas y sancionatorias que realmente permitan hacer cumplir la ley. Que nos permita suscribir el Convenio 108 del Consejo de Europa, que habilite el reconocimiento de país adecuado por la Unión Europea, permitiendo la libre circulación de datos personales en entornos regulados y protegidos, y que entienda que se trata de un derecho fundamental, que protege nuestras libertades y también nuestra democracia.
