Por Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020
“Pensando en la época en que estamos, cuando miramos las flores y vemos que están las abejas trabajando, así han estado también ustedes, polinizando la nueva Constitución”, dijo Elisa Loncón, para referirse a la labor de las y los constituyentes tras despachar el reglamento que regirá a la Convención Constitucional, abriendo así un nuevo ciclo en la discusión de la nueva Constitución.
La analogía resulta iluminadora para pensar otro desafío país: la nueva educación pública, una de las más importantes reformas a la educación chilena en los últimos 30 años, cuya implementación hoy algunos cuestionan.
Por décadas hemos tenido un terreno poco fértil para que la educación pública prospere y florezca. La hemos visto debilitarse paulatinamente, en un terreno inhóspito y en condiciones que amenazan su crecimiento. Hoy, de hecho, bordea el 36% de la matrícula, muy por debajo del 84% promedio en los países OCDE.
La desmunicipalización fue demandada transversalmente, dada la importancia de devolver al Estado la responsabilidad de administrar un sistema de calidad, inclusivo, laico, pluralista y equitativo. Esto, entendiendo que los ciclos electorales, las desiguales condiciones de gestión de los 345 municipios del país, y la diversidad de funciones que este nivel local asume, limitan su posibilidad de especialización en materia educativa y de acompañamiento técnico-pedagógico a los establecimientos educacionales.
El cambio es altamente complejo, sí. Por eso la ley define una implementación progresiva y una evaluación intermedia para monitorear y reorientar los apoyos. El Consejo Evaluador y otros estudios han reconocido que el cambio de a poco permite un mayor foco en lo pedagógico, el acompañamiento a líderes escolares, y relaciones más horizontales entre servicios locales y escuelas. En contexto de pandemia, estos servicios han gestionado los desafíos de la presencialidad para tener, en agosto de este año, el 93% de sus establecimientos de comunas en fase 2 o más, abiertos, mismo porcentaje que los particulares subvencionados, similar al 97% del sector privado y lejos del 61% de los municipales en similares condiciones.
Debemos asumir la nueva educación pública como una política de Estado, una prioridad país. Para ello, es vital que los gobiernos -el actual y el próximo- aseguren los recursos, apoyos y coordinaciones intersectoriales necesarias, recogiendo las recomendaciones del Consejo Evaluador, con especial énfasis en el fortalecimiento de capacidades de los niveles intermedios. Avanzar, aprendiendo en el camino, y no frenar. Si queremos que nuestra educación pública sea un terreno fértil para que florezca el desarrollo de miles de niños, niñas y adolescentes, necesitamos asegurar las condiciones de este terreno, para dar fuerza y sostenibilidad a este cambio.
