Una comisión de verdad y justicia para el nuevo Chile

Por Juan Ignacio Latorre, senador por la V región (Revolución Democrática - Frente Amplio)

El 18 de octubre de 2019 fue un momento crucial dentro de un proceso histórico de movilizaciones sociales en democracia. El movimiento estudiantil, el movimiento feminista, la lucha por el derecho a la vivienda, No+AFP, las manifestaciones por la descentralización en Aysén, entre otras, fueron la antesala del fenómeno político y social que confluye en la demanda de un nuevo pacto social que nos permita una distribución distinta del poder y que asegure la participación de sectores históricamente discriminados.

Fuimos partícipes de una potencia social transformadora, propia de un momento constituyente, y también hemos sido testigos de la represión desmedida contra la protesta social, intolerable para cualquier democracia y que solo nos hace recordar los peores pasajes de nuestra historia.

Las organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos han sido categóricas en las conclusiones de sus informes: durante la revuelta social se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de manera generalizada.

Desde octubre de 2019, hasta la fecha, el Ministerio Público ha informado más de 8.000 investigaciones por violencia institucional contra la población civil. El INDH, por su parte, informó a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que presido, que ha presentado 2.520 querellas motivadas por hechos ocurridos durante la crisis social. La mayoría se refieren a hechos durante las manifestaciones realizadas entre el 17 de octubre del 2019 y el 18 de marzo del 2020. De estas, 2.191 corresponden a casos de tortura u otras formas de apremios ilegítimos; 116 por violencia innecesaria con resultado de lesiones graves; 81 calificadas como abusos contra particulares; 35 por homicidio frustrado, 5 por homicidio y cerca de 100 por otras causas. El 94 % de las acciones se encuentran dirigidas contra Carabineros, mientras que el 3,85% se dirigen contra militares. Otros informes señalan 166 casos de violencia sexual por parte de agentes del Estado, que incluían casos de violaciones, desnudamientos y tocaciones principalmente contra mujeres.

Según el mismo INDH, hasta febrero de 2020, 445 personas sufrieron trauma ocular en el país, con pérdida del globo ocular o pérdida de visión total o parcial en uno o ambos ojos. Más del 70% de este tipo de casos atendidos en la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, correspondieron a lesiones producidas por perdigones antidisturbios. La mitad de estos últimos, presentó discapacidad visual grave o estaban ciegos en el primer examen.

A un año del estallido, el Estado de Chile debe responder ante las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos. Debemos decir con fuerza nunca más. No demoremos décadas en traer verdad y justicia para las víctimas, no repitamos los errores y horrores del pasado. Se requiere la conformación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, con garantías de no repetición, que nos permita consolidar en la memoria del país lo que ocurrió desde ese 18 de octubre. No podemos permitir que se busque ocultar la verdad, blindando el “legado” de un gobierno que ha sido, por lo menos, negligente e irresponsable en prevenir y reconocer las violaciones reiteradas a los derechos humanos bajo su mandato. Necesitamos recordar lo que ocurrió para que en el nuevo Chile que emerge, nunca más seamos perseguidos y violentados por un sistema que se niega a responder a las demandas de la gente.