Nunca opino sobre cuestiones de derecho aunque soy licenciado en derecho y llevo casi 30 años de profesor en la facultad de Leyes más antigua del país. Aun cuando el derecho se sirve de lógica y sentido común -sus principios generales- siento que una vez ejecutado tiene limitaciones de comprensión. Fuerza a menudo las sentencias a toda costa con tal de cerrar la discusión atentando en contra de la equidad y el principio de inocencia. El error en derecho -regulado por el artículo 1452 del Código Civil (“El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”)- es un buen ejemplo. Lo vimos operar en la condena a Isabel Allende, toda vez que debió haber sabido de prohibiciones para contratar con el Estado sin más, mientras que ella sostuvo que no supo y nadie le advirtió.

Discutible cuestión. El error en derecho podría excusar en el terreno de los principios (lo sostiene Alfredo Etcheberry). Suponer lo contrario -que toda persona, incluso la más docta, conoce el derecho- no es sino una ficción como se desprende de la necesidad expresa de prohibir la manifestación de esta posible exención de responsabilidad (art. 8°, CC, “Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en vigencia”). Una ficción como muchas otras mediante la cual el derecho abusa a fin de aparecer más lógico normativamente de lo que, de hecho y en derecho, es. Otro tanto, ser un particular y contratar con el Estado invariablemente implica encarar un contrato de adhesión resultando evidente quién impone los términos y norma. Quién puede lo más, puede lo menos.

Con mayor razón si, por último, hay 17 abogados contestes que le dan el visto bueno, como le sucedió a la señora Allende. Instigados por quién sino el Presidente de la República, y eso que sólo ella paga los platos rotos, aun cuando tenía 30 años de intachable desempeño público, lo suficiente como para demostrar que no la animaba ninguna intencionalidad de dolo. En cambio, el resto que la asesoró y alentó desde La Moneda, incluyendo el mandamás, siguen gozando de impunidad. ¿Un lote de conspiradores dispuestos a atentar en contra de la Constitución en la que no creen, seguros que tenían el Tribunal Constitucional en sus bolsillos, su mayoría incapaz de pisotear el legado de Allende, o incompetentes que hacen todo mal? Fingen. Hay gato encerrado en todo esto.

Por qué no pensar, entonces, algo en la línea que le he escuchado y leído a Joaquín Trujillo últimamente. Que hay que apuntar el ojo en quienes quieren poner el derecho en jaque para demostrar que no funciona, sí, en cambio, la realidad de la política siendo ésta más eficaz y revivificante, muy de Atria y otros schmittianos talvez. Porque de lo contrario, habría que concluir que tenemos muchos conspiradores sin motivo alguno: una tremenda farsa sin pies ni cabeza.

Por Alfredo Jocelyn-Holt, historiador