Por Ignacia Fernández, investigadora principal Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
En el marco de la aprobación del Reglamento de la Convención Constituyente se definieron un conjunto de comisiones temáticas, que son el espacio donde se desarrollará el contenido de la nueva Constitución. Una de estas comisiones es la de “Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal”. Su nombre es extenso, pero recoge de buena forma la prioridad puesta en la equidad territorial, lo que sin lugar a dudas es una muy buena noticia para Chile y sus regiones.
En Rimisp hemos señalado que la inequidad territorial es un complejo problema de nuestro modelo de desarrollo, que en muchas ocasiones se superpone con otras condiciones de inequidad y discriminación, como las de género, o las étnicas, situando a amplios sectores sociales en condiciones de exclusión intolerables.
Hemos dicho, también, que la descentralización es un medio clave para el logro de una mayor equidad territorial, pero no es suficiente, pues se requiere intervenir también en una serie de dinámicas y políticas sociales, económicas, medioambientales, que refuerzan las desigualdades existentes entre territorios más aventajados y rezagados del país. La buena noticia es que, a juzgar por el listado de temas que se propone tratar la mencionada Comisión, estamos en un muy buen pie para abordar el proceso desde esta mirada centrada en la justicia territorial y no, como tradicionalmente se ha hecho, en asuntos mayoritariamente administrativos y procedimentales.
En efecto, entre los contenidos que abordará la Comisión se incluyen, además de los clásicos vinculados a la descentralización –que dicho sea de paso, requiere de un fuerte impulso para lograr la tan anhelada autonomía política y financiera de gobiernos regionales y locales–, temas tales como mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental, autonomías territoriales e indígenas, ruralidad, o autonomía del pueblo tribal afrodescendiente chileno, entre otros.
Se trata de un conjunto de temas que expresan una visión comprehensiva e integral del territorio y sus habitantes, así como el reconocimiento de la diversidad social y territorial del país. Por primera vez tendremos, por ejemplo, la oportunidad de debatir, en el marco de la definición de la estructura administrativa del Estado, sobre la situación de las comunidades rurales o los pueblos indígenas. Son dos realidades diferentes, como muchas otras que en nuestro actual ordenamiento se tratan como equivalentes, en desmedro de las oportunidades y el potencial que ciertamente podría desplegarse desde el reconocimiento de las diferencias.
Solo así podremos avanzar en una transferencia de recursos y atribuciones pertinente a la diversidad territorial. Solo así, nuestro modelo de descentralización será un medio para la equidad y la justicia territorial. Al parecer, esta vez sí están dadas las condiciones para lograrlo.
