Por Issa Kort, diputado de la República
Desde que el Estado de Chile financia parte importante del funcionamiento de los partidos políticos, tiene una herramienta efectiva para exigir acciones mínimas de respeto a la paz social y promoción del bien común, dentro de un mundo diverso y plural. La entrega de recursos públicos apalancó el cumplimiento de obligaciones para todos, sin excepción. Un buen ejemplo de estas imposiciones legales fue que las declaraciones de principios que la propia ley exige a los partidos tuviera como orientación expresa y obligatoria el respeto y defensa de los derechos humanos. Todos los partidos cumplieron. La ley era clara y el método coercitivo eficaz (si no cumplían no recibían recursos).
Protestar, manifestarse, disentir, reclamar o luchar son parte de los derechos que la democracia moderna le ha asegurado a la sociedad. Violentar, incendiar, destruir, secuestrar o profanar no son derechos sociales, por el contrario, son acciones que debieran repudiar todos; sin embargo, esto no es así. El 18 de octubre de 2019 se convierte en un hito marcado por la extrema violencia. El temor se apoderaba de la gran mayoría de familias de Chile y la clase política debimos reaccionar. Legislamos con urgencia distintas materias a fin de dar respuestas a las demandas sociales. Se firmó un acuerdo por la paz que estableció un referéndum constitucional. Tuvimos una oportunidad histórica de actuar unánimes en algo esencial: condenar el uso de la violencia, pero perdimos esa oportunidad.
El domingo recién pasado, y a solo días de celebrar un plebiscito, pudimos constatar que la violencia sigue siendo una realidad y, peor aún, vemos cómo ciertos partidos políticos no solo son febles para condenarla, sino que la validan. ¿Por qué pasa esto en Chile? Porque carecemos de real consecuencia y valentía para resguardar la democracia.
En noviembre de 2019, junto a un grupo bastante transversal (Paulina Núñez, Francisco Undurraga, Tucapel Jiménez, Javier Macaya, Pepe Auth, Juan Luis Castro, Vlado Mirosevic, Iván Flores y Carlos Abel Jarpa) presentamos un proyecto de ley muy simple, pero necesario, para que los partidos políticos “deban condenar el uso, propagación o incitación a la violencia”. Ilusamente pensé que este proyecto se vería con rapidez y sería aprobado por unanimidad. No fue así. En abril de este año, la Comisión de Gobierno Interior rechazó el proyecto de ley. No hubo interés en perfeccionarlo ni menos aprobarlo.
Esta crisis social develó no solo un profundo malestar social, sino que una cuestionable falta de principios, valores y consecuencia de una clase política sin memoria y sin compromiso democrático real. Luego de los crudos y condenables hechos de violencia del domingo 18 de octubre, recién pasado, reafirmamos con más fuerza la imperiosa necesidad de que la ley mande a los partidos políticos a no tener medias tintas ni dubitaciones a la hora de condenar el uso de la violencia. Si validamos el uso de la fuerza por sobre la tolerancia, vamos directo a una ruptura de nuestro pacto social. Por eso el Estado debe exigir comportamientos mínimos a quienes entregan recursos para cuidar la democracia. Si esta exigencia no está incluida expresamente en la ley, algunos partidos seguirán validando el uso de violencia como arma (i)legítima de acción política.
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