Una jornada electoral que dista de ser irrelevante
Las elecciones a las que hoy están convocados más de 15 millones de electores para elegir a los 50 miembros que integrarán el futuro Consejo Constitucional han estado precedidas de una marcada apatía, al menos en lo que respecta a los temas propiamente constitucionales. Esto marca un claro contraste con lo que se vivió en el proceso anterior, especialmente en el plebiscito de salida, donde el electorado se volcó masivamente a las urnas, constituyendo la elección de mayor participación electoral en nuestra historia.
Las razones de esta apatía en un tema que se suponía habría de despertar un interés generalizado -los estudios de opinión muestran que un importante porcentaje de la población sigue pensando que se necesita una nueva Constitución- pueden ser variadas. Seguramente la “fatiga” electoral es una de ellas, pero probablemente una muy incidente es la percepción de que el proceso ya está zanjado producto de la “cocina” política y por tanto la elección de este domingo poco y nada podría cambiar el curso de las cosas. Tal predicamento es un error, puesto que el Consejo Constitucional tendrá un rol determinante en la impronta del texto que se propondrá al país, por lo que esta jornada electoral dista de ser meramente formal o decorativa. Es lamentable que la escasa difusión del proceso y las débiles campañas informativas que impulsó el gobierno no hayan sensibilizado más a la ciudadanía sobre la importancia que tendrá su voto.
Cabe no perder de vista que el diseño del nuevo proceso constituyente buscó corregir las deficiencias del proceso anterior y que llevaron a su fracaso. Esta vez los partidos políticos asumieron la dirección y buscaron implementar una arquitectura que a la vez de evitar el error de la “hoja en blanco” -gracias a las 12 bases institucionales-, se generaran las instancias para forzar negociaciones y asegurar un estándar técnico mediante la presencia de expertos, algo de lo que careció la extinta Convención. Muy relevante es que se haya puesto en manos de la Comisión Experta la tarea de elaborar un anteproyecto, sobre el cual el Consejo deberá pronunciarse. La Comisión Experta ya aprobó por amplio consenso una primera propuesta, que ahora está siendo objeto de indicaciones. Como era esperable, en esta etapa han surgido discrepancias importantes entre los miembros de la Comisión, dificultades que ilustran que el nuevo texto constitucional dista de estar zanjado, donde el rol del Consejo será todavía más preponderante si es que acaso las diferencias surgidas en la Comisión no logran resolverse satisfactoriamente. Más aún, si bien los integrantes de la Comisión fueron designados por el Congreso en función de la representación de cada partido, en el caso del Consejo su conformación, signo político y los idearios constitucionales que se promuevan dependerán de quienes elijan los ciudadanos, lo que deja abierta la forma final que adoptará la nueva Constitución.
Una vez recibido el anteproyecto, el Consejo tendrá apenas cuatro meses para aprobar, aprobar con modificaciones o incorporarle nuevas normas, tiempo muy ajustado y que exigirá de los consejeros evitar los desvaríos y las inflexibilidades. Evacuada esta propuesta, la Comisión Experta podrá hacer observaciones con el ánimo de “mejorar” el texto, y si en el Consejo no se logra el quorum de 3/5 para su aprobación o se rechazan por los 2/3 deberá conformarse una comisión mixta, donde en último término seguirá siendo resorte del Consejo aprobar o rechazar lo que allí se resuelva. Todo este juego de contrapesos tiene la virtud de que estimula los acuerdos y desincentiva el riesgo de un texto extremo, pero refuerza la noción de que no hay un resultado garantizado y que el voto que hoy emitan los chilenos incidirá de manera relevante en ello.
Al margen de cómo se reconfigurará el mapa político a partir de los resultados que conoceremos al final de la jornada electoral, es importante que la ciudadanía muestre su compromiso con un proceso que no cabe duda tiene implicancias muy significativas para el país, como es poder cerrar en forma exitosa este ya extenso proceso constituyente, iniciado a fines de 2019.
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