Una mezcla peligrosa

SEÑOR DIRECTOR:

A pesar de todas las reuniones técnicas y políticas, no se observa interés del gobierno para resolver la crisis de las Isapres y la aplicación del fallo de la Corte Suprema (CS).

Han pasado cinco de los seis meses fijados sin que la Superintendencia haya definido una metodología y/o realizado los cálculos para implementar la devolución de primas.

Apenas a un mes del plazo, el gobierno presentaría un proyecto de ley corta que otorga mayores atribuciones al SIS, aun cuando fue la misma CS la que entregó esta responsabilidad de ejecutar el fallo.

La ley corta no resuelve la crisis, pues no propone -de lo que se sabe- una metodología de cálculo y menos entrega un monto calculado técnicamente, lo que hace imposible que el Legislativo apruebe en un plazo restante de tres semanas.

Ante esto, el Ejecutivo desarrolla una peregrina teoría de que el plazo de seis meses se cumple al presentar la ley y no cuando el superintendente debe aplicar el fallo que establece el propio dictamen.

Además, los lineamientos transparentados por el gobierno están lejos de ser resolutivos; más bien se han orientado a cómo gestionar la quiebra de las Isapres y en transformar a Fonasa en un seguro público.

Aquí hay una mezcla de incapacidad técnica e irresponsabilidad política. Esperemos que en el Congreso prime la cordura y exija al gobierno solicitar la extensión del plazo a la CS, analice metodologías para calcular el pasivo y estudie formas de cumplir el fallo sin mayor gasto público y sin poner en riesgo el equilibrio financiero del sistema.

Héctor Sánchez

Director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB