Una mínima responsabilidad

Por Juan Carvajal, periodista y ex director de la Secom

“La confianza crece con la lentitud de una palmera y se pierde con la velocidad con que cae un coco”, dice el proverbio árabe y bien vale para graficar el efecto demoledor que tienen hechos como los acontecidos en los últimos días.

Cuando grandes sectores ciudadanos expresan su desencanto y desconfianza con la política y su renuencia a acudir a las urnas para hacer uso de su derecho a participar y elegir, deberíamos tener muy presente que el hastío ciudadano expresado en rabia y protesta también tiene su razón en situaciones que muchas veces convencen a la opinión pública de que, más allá de las injusticias y los abusos, varios de los llamados a corregir y producir cambios terminan en aventuras personales o conductas reñidas con el fin último que debe tener todo representante público.

Si ya veníamos con la pesada carga de la total pérdida de confianza en las instituciones a cuestas, la pasada semana se batieron todos los récords imaginables. Una fenomenal mentira de cáncer se transformó en razón para colectas y rifas para financiar a quien aparecía como un simbólico ícono en la elección de un convencional. Todo esto venía con el precedente de una verdadera debacle en la llamada Lista del Pueblo, que terminó por fenecer con las ya conocidas irregularidades del candidato presidencial Ancalao -que presentó más de 23 mil firmas provenientes de una notaría que ya no existía y con notario fallecido- y de la salida del grupo de la mayoría de los constituyentes elegidos.

A lo descrito se suma la descalificación de algunos a organismos del Estado que gozan de prestigio como el Servel, el Tricel y a todo aquel que osara fundamentar como correcta la decisión de dejar fuera a varias candidaturas parlamentarias, de Cores y la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami.

Para completar el cuadro, el RN Raúl Torrealba, quien se mantuvo por 25 años como alcalde de Vitacura, se encuentra hoy en medio de una investigación por corrupción, mientras los municipios de Las Condes y Lo Barnechea están en el ojo del huracán. Estas administraciones del sector oriente, controladas por representantes del oficialismo, pusieron en práctica una fórmula que opera a través de organismos privados que no están obligados a informar sus operaciones ni contrataciones. Estas entidades son financiadas por sus respectivos municipios, y han actuado como entes independientes que compran fuera del sistema de adquisiciones públicas.

Los hechos involucran a personas y entes vinculados a la política y representantes de una buena parte del arco político, nacional dejando en evidencia que en materia de corrupción o conductas reñidas con la ética pública nadie tiene hoy el patrimonio de la blancura y que, por ende, la recuperación de la confianza es una dramática y obligada tarea para todo aquel que pretenda dar gobernabilidad al país.

Por ahora, ya sería un aporte importante que quienes ocupan espacios de representación pública o tienen acceso a los medios, actúen con la mínima responsabilidad de no seguir depreciando a entidades que se han ganado un legítimo prestigio al dar plenas garantías en los procesos electorales del país.