Una moción que hace sentido

Por Jorge Burgos, abogado

Días atrás, el editorial de este diario, saliendo del tráfago de la cotidianidad política que nos viene acompañando desde hace un par de años, manifestó la compartida preocupación por la suspensión de una agenda modernizadora del Estado.

Para avalar dicha conclusión se detuvo en el inexplicable marasmo en que han caído iniciativas legislativas cuya sanción, sin duda, contribuiría a superar situaciones que nos hacen la vida más compleja. Ahí está la eterna y empantanada discusión para modernizar el sistema notarial que, más allá de los dimes y diretes, no tiene justificación alguna. Qué decir de la década de paralización en el Senado de la República del proyecto que sustituye el estatuto procesal de los litigios civiles, obligándonos a seguir acudiendo a una justicia lenta, cara, beneficiosa para quienes cuentan con más y mejores recursos.

En todo listado corto o largo en que se analicen estos pendientes, no puede faltar la urgente necesidad de darnos un nuevo Código Penal, que sustituya el vigente, que en su estructura básica data de 1873. Tanto el gobierno actual como los dos anteriores han anunciado al inicio de sus mandatos, con bombos y platillos, que llegó la hora; para ello han contado con comisiones de muy alto nivel académico que han hecho anteproyectos y con propuestas académicas rigurosas, particularmente la presentada por el profesor Alfredo Etcheberry el año 2013.

Como quiera que sea, ninguna de esas iniciativas ha prosperado; si mal no recuerdo nunca han superado una sola etapa legislativa. Para atenuar esta falta de voluntad de los poderes colegisladores se ha optado por ir parchando el Código, a veces con rigor, otras, y no pocas, con peligroso populismo penal. No es el mejor camino el elegido, pero va siendo el único.

En esa perspectiva, posee ya media sanción e ingreso al Senado una moción parlamentaria (de aquellas que hacen sentido) que establece un estatuto penal especializado para los delitos económicos, teniendo presente que las actuales reglas de determinación de sanciones vigentes, especialmente el catálogo de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, establecidas en el apartado general del Código en vigor, dicen relación con otros tipos de criminalidad. A la novedosa propuesta anterior se agregan otras sobre penas sustitutivas y reglas sobre comiso de lo írritamente obtenido.

El sentido general del proyecto es establecer sanciones efectivas a aquellos que se salten las reglas que rigen el modelo económico, que en la práctica es el mejor remedio para su protección, de alguna manera, en términos coloquiales, “el que la hace la paga”.

Es cierto que los tiempos se van agotando para la actual legislatura, pero queda algo de tiempo para retomar una agenda modernizadora, abandonada en esta área por más de una década. Si no ocurre, pueda ser que quienes nos gobiernen a partir de marzo próximo se ponga a la tarea.