Por Pablo Allard, decano Facultad Arquitectura UDD
En 1997, un grupo de universitarios junto al Sacerdote Felipe Berríos lanzaron la campaña “2000 mediaguas para el 2000”, apostando a involucrar a la juventud en la lucha por mejorar las condiciones de familias que vivían en campamentos. Construyeron más de 5.000 mediaguas antes de la meta, y su entusiasmo los llevó en 2001 a crear la ONG “Un techo para Chile”, bajo la épica que podríamos celebrar el bicentenario de la independencia con un “2010 sin campamentos”. En ese entonces existían cerca de 1.000 campamentos en Chile, número que bajó a poco más de la mitad gracias a las políticas habitacionales y la prosperidad que vivía el país. Sin embargo, algo falló, y a partir de 2007, el número volvió a subir, y el sueño del bicentenario sin campamentos terminó en pesadilla, luego que el terremoto y tsunami del 2010 dejara a más de 110 mil familias sin hogar.
La semana pasada, Techo estremeció al medio con un nuevo catastro de campamentos en Chile, indicando que entre la crisis económica post estallido social y Covid hemos retrocedido 20 años en la lucha por garantizar el acceso a una vivienda digna.
Las autoridades están conscientes de esta crisis; el Minvu anunció un presupuesto histórico para la cartera, la creación de un banco de suelos para construcción de vivienda y el plan “100+100”, que gestionará 200 campamentos por año para al 2024 encontrar solución a 860. Pero más allá de estas buenas iniciativas, la situación es tan crítica que amerita enfrentarla como un desastre nacional.
En este sentido, se requiere una nueva épica, que en base a un gran acuerdo nacional entre todo el espectro político, Estado, ONGs y sector privado anuncien un plan de emergencia frente a campamentos, similar a lo que fue la reconstrucción del 27F.
Este plan debiese partir por nombrar un delegado/a presidencial en terreno que lidere y gestione el plan junto al ministro Minvu. Catastro en mano, diferenciar los que son campamentos estructurales (que tengan varios años) de tomas recientes, y activar un plan de erradicación de estas últimas, generando un plan de organización de oferta de arriendos en el mercado y relocalizar a la mayor parte de las familias. Como la oferta de arriendo no será suficiente, para el resto de las familias sugiero replicar las “aldeas de emergencia” que se crearon para el 27F, bajo el compromiso de que en cinco años se entregarán soluciones definitivas.
En paralelo, debemos hacer un llamado a la CChC y Techo para que se active un programa de concesiones en terrenos fiscales para edificación de vivienda pública con arriendo protegido. Puede que a algunos no les guste, pero es la única forma de alcanzar el número de viviendas que necesitamos. Finalmente, trabajar con las organizaciones de base planes de micro densificación en barrios consolidados por la vía de cooperativas e inmobiliarias populares, y potenciar el DS 19 y otros programas para que no se vean afectadas las miles de familias que viven allegadas.
