Los principales contenidos adelantados por este medio respecto de los cambios que propondrá la mesa técnica convocada para introducir perfeccionamientos al Sistema de Admisión Escolar (SAE) -informe que será presentado el lunes por el gobierno- avanzan en la línea de reintroducir variables asociadas al mérito en los procesos de selección, y si bien son modificaciones que se enmarcan dentro del actual sistema, van en la dirección de sintonizar mejor con las inquietudes que han venido manifestado las familias, para las que resulta de toda justicia -así lo han revelado distintos estudios de opinión- que el buen rendimiento académico de un alumno también sea un factor que se considere a la hora de postular tanto a los colegios públicos como a aquellos que reciben subvención del Estado.

Entre los cambios propuestos por la mesa, se propone flexibilizar los requisitos para que más establecimientos puedan optar a ser considerados como liceos de Alta Exigencia Académica, los cuales están autorizados a seleccionar una cuota de alumnos, sujeto a reglas. Los liceos “históricos de excelencia”, que en los últimos años exhiben un deterioro en su desempeño, también verán facilitados los requisitos para optar a ser de Alta Exigencia. La comisión propone que los recintos que accedan a esta categoría -que en todo caso serán un número limitado- puedan seleccionar, a partir de séptimo básico, hasta el 80% de sus estudiantes -resguardando un umbral de 40% para estudiantes priorizados, a fin de salvaguardar la equidad-, permitiendo que se utilicen mecanismos basados en el rendimiento previo de los postulantes. Adicionalmente, la mesa recomienda la posibilidad de que los establecimientos que no sean de Alta Exigencia pero que enfrenten una sobredemanda, puedan introducir criterios de priorización voluntarios, entre ellos paridad de género, como también que a partir de séptimo básico los estudiantes pertenecientes al 5% de mejor desempeño en su colegio de origen puedan tener prioridad a la hora de ser admitidos.

El SAE se introdujo en 2016 como parte de la Ley de Inclusión, y tuvo como objetivo eliminar posibles prácticas de admisión discriminatorias y con ello reducir la segregación socioeconómica del sistema escolar. Para ello se limitó severamente la selección en los colegios financiados por el Estado, estableciendo cuatro criterios jerárquicos para resolver la sobredemanda de vacantes, como tener hermanos en el establecimiento o ser estudiante prioritario. En caso de que exista empate entre los postulantes, opera un mecanismo de selección aleatorio, que algunos han caricaturizado como la “tómbola”.

Pese al tiempo transcurrido y viendo que la segregación socioeconómica no se ha reducido, el sistema sigue siendo objeto de controversias, y ha sido justamente la ausencia del mérito uno de los aspectos más resistidos, al punto que en la discusión de la Ley de Presupuestos 2025 la oposición condicionó la aprobación de la partida de Educación a que se introdujeran cambios sustanciales al SAE, lo que derivó en un protocolo de acuerdo con el gobierno que motivó la conformación de esta mesa técnica, cuyo informe debería ser recogido por la vía de indicaciones en proyectos de ley.

La discusión en estos últimos años ha enfrentado a quienes destacan las ventajas de contar con un sistema de selección centralizado, objetivo y no discriminatorio, versus aquellos que consideran que lo anterior no es incompatible con la posibilidad de que los colegios tengan un rol más activo en la admisión y que culpan al SAE de haber deteriorado la calidad de la educación pública, entre otras razones por que no considera al mérito académico como una variable en los procesos de selección, perjudicando así a los buenos alumnos e introduciendo un nuevo factor de inequidad. También se ha resentido que este sistema impide una selección que vaya más acorde con los proyectos educativos de los establecimientos, debilitando la libertad de enseñanza.

El informe de la mesa técnica tiene el mérito de que entrega una serie de insumos que debieran permitir retomar un debate más desapasionado sobre los perfeccionamientos del SAE, los que en todo caso deberían ser considerados como un punto de partida antes que como un asunto zanjado. Esto porque si bien el informe dejó establecido con toda claridad que el SAE es “una herramienta valiosa para el diseño de políticas públicas y que vela por la transparencia del proceso de postulación y asignación”, un sector de la comisión también hizo la prevención de que considera legítimo que los establecimientos puedan seleccionar a sus estudiantes, ya sea a través del SAE o por fuera del mismo, mediante procesos propios que sean objetivos y no discriminatorios, para asegurar la pluralidad de proyectos educativos y la libertad de enseñanza.

Durante años los sectores progresistas se habían negado por razones ideológicas a la posibilidad de introducir cambios al SAE, en particular en lo relativo a la selección por mérito, desoyendo la insatisfacción de parte de las familias, así como los cuestionamientos de voces expertas. La evidencia recogida en el informe no justifica desmantelar el sistema -el 53% de los postulantes fue asignado a su primera preferencia, en tanto que el 70% entró a alguna de sus tres primeras preferencias-, pero sí resulta indispensable abrirse a una serie de mejoras, como las diez que se han propuesto en este informe.

Volver a considerar el mérito, aun cuando sea sujeto a una serie de restricciones, tiene el valor de que permite retomar debates de largo alcance en nuestro sistema educacional, en particular lo relativo a cómo recuperar el deteriorado estado en que se encuentra buena parte de la educación pública, sobre todo los llamados liceos emblemáticos. Es evidente que revertir la sostenida caída en los puntajes de las pruebas de admisión universitaria o los bajos rendimientos en el Simce requiere de cambios mucho más estructurales -desde luego erradicar la violencia desatada que campea en varios liceos históricos, y focalizar los recursos en la educación primaria y secundaria, antes que la universitaria-, pero apuntar a elevar los estándares académicos y reconocer el mérito sin duda sería un buen primer paso.

No cabe duda de que sería lamentable que el gobierno y los parlamentarios desaprovechen esta oportunidad para avanzar en las propuestas como las que ha hecho la mesa técnica, no solo en lo relativo a flexibilizar la selección, sino en otras dimensiones también muy relevantes contenidas en el informe, como aquellas referidas a aumentar los grados de adhesión de las familias a los proyectos educativos o incorporar con mayor fuerza en los procesos de selección a estudiantes discapacitados.