Por Verónica Pinilla y Álvaro Vasquez, area de reforma y modernizacion del Estado de Fundación Chile21
Un diario de distribución nacional informó que se había concretado la salida de un nuevo alto funcionario de la administración del Presidente Sebastián Piñera. Se trataba del jefe de la División de Gobierno Digital. El directivo había renunciado a finales de julio, siendo el sexto jefe de la División de Gobierno Digital (DGD) de los últimos seis años, lo que pareciera indicar la alta volatibilidad de directivos en dicho cargo. Con el propósito de entregar antecedentes sobre esta situación, compartimos algunos comentarios que permitan entenderla y mejorarla.
El gobierno digital como política pública nace con la creación del Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, el año 1994, donde se declara que es fundamental incorporar nuevas tecnologías de información en la gestión pública. En el balance 1994-2000 del comité se evidenciaron avances en la incorporación de tecnologías de información para agilizar y simplificar tareas y trámites, con efectos en reducción de tiempo y el mejoramiento de la atención a los usuarios. Como continuación de lo realizado por este comité, el gobierno del Presidente Lagos creó el Programa de Reforma y Modernización del Estado (Pryme), en el 2000. Sus objetivos fueron más agresivos que los del comité anterior: rediseño institucional, descentralización y desconcentración, modernización de la gestión pública, participación ciudadana y transparencia en la gestión pública. Sin embargo, producto de diferencias al interior del gobierno sobre el alcance de sus funciones, en el año 2003, el Pryme se concentró en Gobierno Electrónico, con proyectos relevantes como la Plataforma Integrada de Interoperabilidad de Servicios Electrónicos del Estado; el portal Trámite Fácil; asistencia técnica en el Sistema de Gobierno Electrónico (inicialmente Simplificación de Trámites) del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG); la coordinación de la Secretaría Técnica de Gobierno Electrónico que realizaba seguimiento y apoyo a la coordinación de las iniciativas de Gobierno Electrónico y uso de trámites públicos en línea; y el acompañamiento en la implementación de la Ley N°19.880 de Bases del Procedimiento Administrativo.
El año 2007, producto de una evaluación de Dipres, el Pryme se descontinuó. Una de las razones fue que el Pryme no contaba con un documento constitutivo que definiera su ámbito de acción e institucionalidad, y en el año 2008 el equipo del Pryme se integró a la Secretaría Ejecutiva Estrategia Digital del Ministerio de Economía, cuyos objetivos estaban relacionados con implementar soluciones innovadoras y más integradas del ámbito de la cartera, enfocadas en la calidad de atención de los ciudadanos; mayor uso de las TIC como instrumentos para apoyar la transparencia, el acceso a la información pública y la participación; profundización en el desarrollo del gobierno electrónico local, así como en el sector salud; y apoyo al mejoramiento de la competitividad de empresas mediante el uso de TIC.
El año 2011, luego del cambio de gobierno, el equipo regresa a Segpres, a la Unidad de Modernización y Gobierno Digital, con ejes que se centraron en gobierno abierto, facilitando el acceso y uso de la información pública y centrado en la apertura de datos; gobierno cercano, con énfasis en facilitar la búsqueda y el acceso a todos los servicios y beneficios del Estado; y gobierno eficiente, mejorando los servicios, por medio de la integración, cadena de valor de procesos orientados a los ciudadanos. Finalmente, el año 2017, la unidad se transforma en la actual División de Gobierno Digital, cuyo objetivo fue implementar la transformación digital del Estado, coordinando y asesorando intersectorialmente a los órganos de la administración pública en el uso estratégico de las tecnologías digitales, apoyando su uso, datos e información pública para mejorar la gestión y la entrega de servicios cercanos y de calidad a las personas.
Como complemento, la agenda de modernización del Estado del año 2019 liderada por el Presidente Piñera priorizó el desarrollo de tres estrategias de transformación, que van en la línea aquí analizada: transformación digital, gobierno basado en datos; y servicios compartidos. Estos tres ejes transversales -si bien son posibles de ampliar- están en las competencias esenciales de la División de Gobierno Digital. La agenda de modernización se gestiona con un gobierno corporativo que es la Secretaría Técnica ad hoc que depende del Ministerio de Hacienda y con vinculaciones con el segundo piso, y que coordina al nuevo consejo permanente de modernización del Estado, instancia que se ha comprometido a discutir y resolver los principales nudos de gestión radicados dentro del Estado, y con la necesidad de visualizar las presentes y futuras demandas de reformas basadas en mejorar la gestión, apuntando a la eficacia y eficiencia del estado. Este gobierno corporativo debe monitorear el seguimiento de la agenda de modernización y generar las coordinaciones necesarias para avanzar con éxito en esta agenda, teniendo la capacidad de llegar a todo el espectro institucional.
El gobierno corporativo del ecosistema de modernización del estado debe ser parte en forma sistemática del centro de gobierno, este último estratégicamente planificado y liderado por Segpres, dado que tiene mandato legal para esta función, que defina lineamientos de largo plazo y con coordinaciones ejecutivas que decanten en proyectos que vinculen a diversas instituciones para su desarrollo. El gobierno corporativo de la modernización del Estado debe pensarse como una instancia extremadamente estable, que de preferencia no responda a los tiempos políticos gubernamentales, y que sea elegido por ADP, con una mirada técnica y estratégica, con profesionales que no solo entiendan el core del centro de gobierno, sino la importancia de la política digital dentro del Estado. Uno de sus insituciones fuertes de apoyo debe ser la División de Gobierno Digital, que en términos normativos concentra todas las funciones para asumir, y la División de Coordinación Interministerial, ambos de Segpres. Este gobierno corporativo debe mostrar una fluida relación con el Parlamento, el cual, a su vez, debería pensar en forma sería la creación de una comisión parlamentaria permanente de modernización del Estado, con una secretaría que trabaje con las comisiones ya existentes, en vistas de darle sentido y coordinación a las nuevas iniciativas de programas y proyectos que se aprueban por ley para asegurar su correcto ensamblaje con los procesos de transformación y de modernización de la gestión pública que se están desarrollando en el Estado.
Como conclusión, es posible afirmar que los avances en gobierno digital desde el año 1994 han estado circunscritos a la entrega de trámites en línea, el establecimiento de normativas en seguridad, estándares tales como la semántica para la interoperabilidad, y gestión de datos en la esfera pública. Sin embargo, la institucionalidad de la DGD es un tema pendiente, que no ha permitido que se consolide la importante función que tiene. Esta normativa debiera otorgar a la DGD potestades directivas vinculantes para alinear, evaluar, priorizar, y coordinar estratégicamente las iniciativas de transformación digital de acuerdo con objetivos programáticos de mediano plazo, con el consecuente liderazgo empoderado desde el más alto nivel de gobierno, para su ejecución. El problema no está en la volatilidad de los jefes de la DGD, sino la falta de una clara institucionalidad, soportada en un centro de gobierno como lo hemos propuesto, el que debiera apoyarse en un organismo rector de la transformación digital que cumpla con esta trascendental misión.
En síntesis, la trayectoria de la política pública de transformación digital ha transitado en diversas instituciones, con mayor o menor grado de incidencia y de relación con el centro de gobierno. Sus objetivos han tendido a pendular entre temáticas con relativa cercanía, aunque a la fecha no se ha logrado un desarrollo óptimo y una coordinación exitosa, pese a las urgentes necesidades, justamente porque esta división ha estado expuesta a tiempos políticos que la han invisibilizado en esta discusión, con una política digital que ha ido avanzando con tropiesos, y que no se reconoce como una política con identidad clara, reconociendo los esfuerzos realizados. En el escenario de un siglo XXI cargado de demandas sociales, económicas y politicas de una sociedad cada día más empoderada y que exige un estado más eficiente y eficaz, esta debería ser una buena recomendación: lograr que los esfuerzos de reformas digitales aseguren y garaticen no solo la voluntad política de acercar el estado a la ciudadanía sino con una política digital clara y estratégica que sobreviva a los vaivenes propios de la coyuntura, con un Centro de Gobierno que descanse en Segpres, y con un consejo permanente de modernización decidido a liderar los grandes cambios que se requieren en el ámbito de la gestión del Estado.
