Por Camila Carrasco, Centro de políticas públicas Universidad Católica de Temuco; y Pedro Glatz, Fundación Rumbo Colectivo
La lucha contra la crisis climática y ecológica constituye el desafío central que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La pandemia global ha reiterado un hecho que a estas alturas debería ser innegable: el interés común y nuestra subsistencia dependen de la acción colectiva de actores estatales y no estatales que, hasta el momento, no han dado el ancho para constituir una gobernanza ambiental global.
Como proponemos en el libro Nuevas voces de política exterior: Chile y el mundo en la era post-consensual (a publicarse este mes por el Fondo de Cultura Económica), la política exterior chilena en el nuevo ciclo político debe ser turquesa. Ella debe combinar virtuosamente la propuesta tradicional de la izquierda, desde una perspectiva ecologista (verde), con el compromiso de proteger los océanos y el agua (azul), en cuanto nuevos criterios progresistas para administrar los bienes comunes globales naturales.
En contraposición al “capitalismo verde”, la perspectiva turquesa exige superar la ideologizada creencia según la cual es posible disminuir el impacto ambiental sin abandonar la lógica del crecimiento económico supuestamente infinito. Asimismo, deberemos abandonar la autocomplacencia y actualizar nuestros estándares de política ambiental y climática para ponerlos a la altura de la profunda crisis que enfrentamos.
Para convertirnos, en las próximas décadas, en una potencia turquesa, Chile debe impulsar profundas reformas internas para una rápida transición ecológica y climática con justicia social. Así como en el norte global se discute un Green New Deal, debemos construir nuestro propio modelo de transformación con avances en igualdad y distribución de la riqueza. Nada de esto será posible si no conformamos una alianza férrea con la región en todos los niveles de la gobernanza ambiental.
El primer paso será suscribir el Acuerdo de Escazú e impulsar una plataforma latinoamericana de cooperación e integración ambiental. En ese y otros espacios podremos conformar una coalición para demandar a los países ricos el financiamiento y la asistencia técnica (incluyendo la discusión sobre patentes y propiedad intelectual), en el marco del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Al mismo tiempo, servirá para avanzar en iniciativas de integración energética, conservación de bienes comunes naturales regionales y la implementación de herramientas tributarias compartidas, todas de ellas iniciativas esenciales para avanzar a garantizar el bienestar para nuestros pueblos.
El ecologismo en nuestra región y país tiene cara de conflictividad socioambiental. Difícilmente se alcanzará la anhelada paz social si no ponemos a la justicia ambiental en el centro del desarrollo. La transición será con la gente o no será.
