Una puerta que no debe cerrarse

SEÑOR DIRECTOR

El 25 de agosto la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitutional sesionó en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Ante dicho evento histórico, destaca que las mujeres privadas de libertad mostraron interés por tener derecho a voto, a la maternidad, a la reinserción social, y a la educación.

Es impresionante que aun haya personas en Chile que tengan que solicitar estos derechos. Es que en nuestras cárceles no solo se priva la libertad de quienes se encarcela, sino que también se suspende su ciudadanía, el derecho al sufragio, a la vida en familia, y a tener una educación o trabajo digno. Incluso, aunque suene paradójico, se cuestiona su derecho a la reinserción, puesto que no todos/as acceden a programas de intervención o a “beneficios” vinculados a dicho fin de la cárcel.

Por esto y más, es una buena señal que quienes están redactando la nueva Constitución abran sus oídos para este grupo tan marginado y olvidado de nuestro país.

Sin embargo, surgen cuestionamientos a cómo fue este proceso. Primero, la participación de solo 10 internas, sin procesos de selección transparente o claros, no es representativo de una población de 40 mil personas. Entendiendo que quieren ir a más penales, es sugerible que vayan a cárceles de distintas regiones del país, con un procedimiento que sea transparente, participativo, anónimo, representativo y con buen sistema de registro. Y, por qué no,que se extienda a niños, niñas y adolescentes del Sename.

Es muy meritorio que la Convención haya abierto la puerta a escuchar la voz de las personas privadas de libertad, y es imperativo que ésta no cierre.

Amalia Valdés Riesco

Coordinadora de ÁreaCentro de Estudios Justicia y Sociedad UC