Por Mauricio Villena, decano de la Facultad de Economía y Empresa UDP
El sistema de pensiones está compuesto por tres pilares: ahorro obligatorio -la capitalización individual obligatoria para todo trabajador/a, administrada por las AFP-; ahorro voluntario (APV) -aportes individuales de cada trabajador/a- y un pilar solidario financiado con impuestos -que incluye la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) -. En este contexto, el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) que anunció el gobierno pretende beneficiar a los adultos mayores de 65 que pertenezcan al 90% de menos ingresos, sustituyendo la PBS y APS. La PGU llegará a $185.000 mensuales como aporte directo para el 80% más vulnerable; luego disminuye progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%. Este beneficio será con carga fiscal y administrado, otorgado y entregado por el Instituto de Previsión Social.
Primero, un punto positivo de esta propuesta es que construye sobre el actual modelo multipilar de pensiones, donde los pensionados podrán recibir la PGU de $185.000 más su pensión autofinanciada con ahorro Individual (con una tasa que a futuro debería ser mayor del actual 10%). Esto es clave para lograr cambios que tiendan a un sistema de pensiones sostenible en el tiempo, cautelando los efectos sobre la economía e incentivos, lo que necesariamente pasa por combinar un mayor aporte estatal con un mayor aporte individual. Esto se contrapone a los sistemas de pensiones basados puramente en reparto, que como lo demostró su crisis en Europa son insostenibles en el tiempo (ver Casey, 2012).
Segundo, la PGU corrige el sistema actual ya que beneficia a todos los mayores de 65 años y no solo a los que están pensionados. Además, premia el ahorro ya que no genera los desincentivos del modelo actual, donde el APS otorga más recursos a aquellas personas con pensiones más bajas. Con esta reforma los individuos más vulnerables tendrán incentivos para ahorrar para sus pensiones sin temor a una menor contribución por parte del Estado debido al monto de sus pensiones.
Tercero, este proyecto garantiza los derechos de propiedad sobre el ahorro individual, incentivando así que quienes puedan cotizar lo hagan. Esto es básico: nadie estará dispuesto a realizar ahorro previsional (ya sea vía trabajo formal o APV) sin la certeza de que el producto de esa inversión le pertenece, que no será expropiado o confiscado. Si lo que se busca son mejores pensiones, no se debe desincentivar el ahorro individual, este debe complementar el aporte estatal. Además, poner en duda los derechos de propiedad sobre el ahorro individual incentivará a más retiros de los fondos previsionales para evitar la expropiación futura.
Finalmente, simultáneamente se presenta un proyecto tributario a fin de garantizar que mayores gastos permanentes sean financiados con mayores ingresos permanentes. Así, esta reforma al sistema de pensiones es consistente con un criterio básico: introducir cambios sostenibles en el tiempo. Un sistema desequilibrado puede tener un efecto nocivo en el déficit presupuestario del gobierno, con sus consecuentes costos sobre el crecimiento económico y los niveles de vida de las personas.
