Una visión institucional integradora

Uno de los aportes más significativos al desarrollo que Chile ha experimentado en los últimos decenios es el de la infraestructura, en su más amplia expresión: los avances que ha habido en la expansión y calidad de los servicios de agua potable, recolección y tratamiento de aguas servidas en las zonas urbanas (a partir de los 90); la instalación de la red nacional de la fibra óptica (en curso en la actualidad); las mejoras reconocidas mundialmente en las bases materiales para otorgar al país de servicios logísticos de calidad y los progresos que ha habido en estos años en la dotación de equipamiento para prestaciones sociales, aun insuficientes, pero que se acercan a los niveles que un país del nivel del nuestro espera. Estas son la expresión de este esfuerzo por intervenir el territorio en la búsqueda de mejores condiciones para incrementar el bienestar de la comunidad y aumentar nuestra productividad.

Eran tantas las carencias, que la creación de instrumentos institucionales específicos y la decisión de asignar recursos para que estos pudieran expresarse medianamente fue suficiente para provocar estos saltos cualitativos y cuantitativos de envergadura. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esos impulsos han tendido a agotarse y que los esfuerzos parciales dejen de tener la efectividad que se espera de ellos.

El Fondo de Infraestructura, por ejemplo, no ha podido despegar como se esperaba y su directorio ha debido redefinir su orientación estratégica para darle un nuevo sentido a ese instrumento, lo que requerirá de un cambio legal antes de que haya ejecutado algún proyecto. La Dirección General de Concesiones, por su parte, sólo ha logrado formalizar su relación con el gobierno central, dejando de ser una organismo casi informal como fue la Coordinación que la antecedió, sin que se haya notado una mayor efectividad en su desempeño ni una mayor amplitud en el alcance de la acción concedente hacia otras actividades de la infraestructura, como las alternativas para aumentar la oferta de recursos hídricos o el desarrollo del modo ferroviario en carga y pasajeros. Por su parte, proyectos de gran importancia para el país, como el Puerto Exterior (ex puerto de Gran Escala) en San Antonio, en manos de la empresa estatal EPSA, se ve demorado por sus efectos ambientales y sociales, observados en buena medida por organismos de gobierno.

Todo esto ocurre mientras se discute la pérdida de dinamismo de la economía nacional y la disminución creciente de su productividad. Como CPI hemos sostenido que para recuperar el impulso productivo se requiere un nuevo salto en la infraestructura nacional, ahora tomando en consideración las nuevas condiciones que imperan en el país que se develaron luego del estallido social y de la pandemia. Pensamos que para que este sea efectivo se requiere un cambio importante en la forma en que se piensan las grandes inversiones, sin perjuicio de que sean las mismas agencias ejecutoras la que operan. Es necesario contar con una visión integrada y no atomizada de cómo mirar la infraestructura del futuro, se requiere privilegiar sus complementariedades y no la competencia entre ellas, es necesario recuperar la confianza ciudadana acerca de las virtudes de las inversiones y contrarrestar los esfuerzos de algunos que se conforman con las cosas sigan como están, minimizando el efecto de la parálisis en el bienestar de las personas.

Para ello, creemos que es posible mirar lo que han hecho otros países en este sentido. Muchos han creado organismos asesores de las principales autoridades para avanzar en esa dirección. ¿Por qué no podríamos crear un Consejo Asesor de la Presidencia de la República para este efecto, tal como existe el Consejo Asesor de Política Fiscal?

Chile puede seguir el camino que otros ya han recorrido con éxito para recuperar el rol fundamental que cumple la infraestructura en el desarrollo del país.