Por Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
Esta semana se comenzarán a exigir las disposiciones expresadas en la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las instituciones de educación superior y que fue promulgada en septiembre de 2021. Un avance sustantivo en la promoción de políticas integrales orientadas a erradicar el sexismo de las aulas, propiciar relaciones igualitarias de género y establecer ambientes seguros y libres para todas las personas de las comunidades académicas.
La normativa establece que las instituciones deberán contar –en el plazo de un año de su publicación- con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género, que contenga un modelo de prevención y sanción, construidos participativamente, además de mecanismos de monitoreo referidos a acciones de formación, sensibilización e información y evaluación. Ese plazo se cumple este jueves 15 de septiembre.
El trabajo en las universidades ha sido intenso para estar al día con la regulación. En el caso de las entidades estatales, todas cuentan con unidades o direcciones de género, además un 88% tiene políticas funcionando contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género; en el desglose, un 94,1% de este total posee normas de prevención y sanción del acoso sexual; un 64,7% cuenta con unidades especializadas en el tema, e igualmente un 70,6% ya ha impulsado campañas de sensibilización e información.
En concordancia con las nuevas exigencias que establece esta nueva normativa, un 70,6% de las universidades estatales cuenta con política vigente en temas de género en vías de adecuación y un 23,5% posee una política completamente adaptada a las nuevas exigencias.
El carácter participativo en la creación de planes, protocolos, políticas y reglamentos que forman parte de la política integral es uno de los aspectos más relevantes porque permite expresar la mirada de todas las comunidades educativas, permitiendo hacer más suyas las instancias institucionales para responder al abuso, la violencia y la discriminación por género.
Un avance significativo en las universidades estatales, se refiere a la implementación de la norma sobre uso de nombre social, normativa que reconoce y protege el ejercicio del derecho humano a la identidad de género, haciendo eco de las realidades diversas que conviven en todas las comunidades universitarias. Y cuyo desconocimiento también es una forma de violencia.
Las iniciativas que luchan contra la discriminación por género se dan en otras instancias: incentivando la participación de mujeres científicas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; en el desarrollo regional y en innovación tecnológica. La admisión especial para estudiantes mujeres en ingeniería y estudiantes hombres en enfermería y obstetricia impulsada por algunas entidades; o el acceso por equidad de género en carreras cuya matrícula femenina es reducida, son otros esfuerzos que contribuye a disminuir la violencia de género, generando entornos educativos más sanos y democráticos.
Lo mencionado es fruto de un esfuerzo mancomunado entre las comunidades académica, estudiantil y administrativa, y es un impulso a seguir trabajando y profundizando en la difusión de esta ley, para que todas y todos la puedan conocer y poner en práctica.
Como comunidad universitaria y sociedad reconocemos que aún existen desafíos pendientes, que requieren voluntad y por sobre todo compromiso de todos los actores; solo de esta manera avanzaremos en superar las desigualdades y la violencia que sin duda están presentes en todos los ámbitos pero que debemos, como prioridad, erradicar de los entornos educativos para acelerar esos cambios culturales que necesitamos.
