Por Martín Besfamille, Instituto de Economía, PUC, Chile; CESifo, Alemania
Hace unos días, los dos candidatos a la segunda vuelta de la elección presidencial presentaron sus nuevas propuestas de gobierno en materia económica. Como lo anticiparon varios especialistas en cuestiones de política y elecciones, ambos candidatos tuvieron que flexibilizar sus programas. En particular, tanto G. Boric como J.A. Kast pusieron la sostenibilidad fiscal en primera línea, lo cual es muy rescatable en el contexto actual de las finanzas públicas chilenas. Sin embargo, las nuevas propuestas siguen mostrando el sesgo que tenían las originales. El debate del lunes nuevamente las transparentó.
Por el lado de G. Boric, se sigue insistiendo en darle una mayor importancia al Estado como la única solución a problemas, por cierto graves, que enfrenta gran parte de la población. El ejemplo del rol de los municipios como proveedores públicos de gas es paradigmático de esta visión.
Existe una amplia literatura, tanto teórica como empírica, sobre el impacto de crear entes públicos que busquen maximizar el bienestar social (en vez de los beneficios), en mercados oligopólicos. Aunque la evidencia es mixta, un reciente trabajo de Atal, Cuesta, González y Otero (2021) muestran el impacto que tuvieron las “farmacias populares” en los precios de los medicamentos. Como lo reconocen los autores, tal política generó ganadores y perdedores: los individuos que aceptaron comprar medicamentos en dichas farmacias accedieron a precios más bajos; mientras que los individuos que siguieron comprando en las farmacias privadas enfrentaron precios más altos. Sin embargo, este resultado era esperado. Cremer, Marchand y Thisse (1991) mostraron que la introducción de un ente público aumenta el excedente social cuando el número de empresas presentes en el mercado es alto y los bienes son heterogéneos. Ahora bien, respecto a la idea de que las municipalidades provean gas a precios más bajos, me parece que no se estaría cumpliendo esas dos condiciones, porque las empresas proveedoras de gas licuado no son tantas, y el gas es un bien más homogéneo que los medicamentos, por lo que el resultado encontrado por los autores chilenos podría revertirse, como bien lo anticipó Felipe González (PUC) en una columna a La Tercera.
Además, en un contexto de reforma constitucional donde se está discutiendo un nuevo modelo de Estado más descentralizado, me parece que agregar otro rol más productivo a las municipalidades sería poco conveniente. Cuestiones como el abastecimiento y la provisión de bombonas de gas suponen cuestiones logísticas no triviales, que algunos municipios podrían no ser capaces de resolver eficientemente. Entonces, nuevamente, las disparidades geográficas podrían agrandarse, siendo que atenuarlas es uno de los objetivos que se busca con la descentralización.
Por el lado de J.A. Kast, lamento que las nuevas propuestas no hayan sido más explícitas en cuanto al compromiso de la coalición que sustenta al candidato en la lucha contra la evasión impositiva y la elusión. Si bien las cifras planteadas en el programa de “Apruebo Dignidad” respecto a que este comportamiento provoca pérdidas de ingresos tributarios equivalentes a 7% del PIB son, a mi juicio, exageradas (además de que no se conoce su origen, por lo que no es posible discutir ni los supuestos que se adoptaron ni la metodología de estimación), este es un problema que Chile viene arrastrando hace años, y del cual no es posible posponer su ataque frontal por más tiempo.
En el frontispicio del imponente edificio central del Internal Revenue Service en Washington hay tallada en las piedras la siguiente frase del que fue juez de la Corte Suprema de Estados Unidos entre 1902 y 1932, O. W. Holmes: “Los impuestos son lo que pagamos para tener una sociedad civilizada”.
Entonces, es urgente dotar a SII de una institucionalidad fuerte e independiente, parecida a la del Banco Central, y mejorar su capacidad de análisis de la evasión, y control tributario.
Por el lado de los ciudadanos, todos tienen que entender que existe una obligación moral de pagar impuestos justos, cuando los mismos hayan sido creados por la legítima autoridad, mientras que no sean confiscatorios. Y aunque se pueda discutir si algunas tasas impositivas vigentes en Chile son altas con respecto a las de otros países, no pueden ser consideradas confiscatorias bajo ninguna métrica internacional razonable. Tampoco los ciudadanos pueden escudarse bajo la ineficiencia estatal, aunque esté probada, como justificación para pagar menos impuestos, como lo señala claramente J. Messner (1949), uno de los estudiosos más importantes sobre la ética social bajo la Ley Natural.
Pero incluso después de las sucesivas reformas tributarias de los últimos años que buscaron limitar la evasión o la elusión fiscal, se sigue escuchando en las cajas de los supermercados la pregunta “¿Boleta o factura?”. Entonces, también hubiera sido deseable que J.A. Kast haya advertido a parte de su electorado potencial que, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica “Son también moralmente ilícitos, (...), el fraude fiscal, (...).” (CIC, n◦ 2409). Solo pagando entre todos las cargas que nos corresponde, Chile podrá ser ese país desarrollado con el cual todos sueñan.
