Por Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia
Hemos atestiguado como tecnología, salud y datos personales y sensibles se han relacionado estrechamente para enfrentar la pandemia por Covid-19. Vemos como han ido en aumento los nuevos compradores en línea a raíz del confinamiento y de descargas de aplicaciones de videollamadas grupales y de ocio para establecer nuevas formas de relacionarse. Notamos la masificación del uso de plataformas para fines educativos o de trabajo de forma remota, y observamos las polémicas entre autoridades -del Ejecutivo y alcaldes- por la apertura al acceso, tratamiento y comunicación de información personal para colaborar con la reducción de contagios.
En la práctica, la emergencia nos ha sobrepasado por lejos en el ámbito de la privacidad. La colisión de derechos como el acceso a la información y la transparencia y la protección de datos personales queda de manifiesto en la vida cotidiana –en el Consejo para la Transparencia lo veíamos en el ámbito de nuestras decisiones-, y en tiempos de Covid-19 nos exige estar atentos como sociedad para ponderar de manera permanente ambos derechos.
Ejemplo de ello fue la publicación hace unas semanas de mapas con la localización de los domicilios de eventuales contagiados o casos sospechosos por Covid-19 en un medio digital, entendido el afán informativo se deben evitar vulneraciones al derecho a resguardar nuestros datos personales y sensibles, como los asociados al estado de salud y asegurar el adecuado tratamiento de este tipo de información para un anonimato efectivo, que impida eventuales discriminaciones por padecer una enfermedad.
La aplicación del Ejecutivo con el fin de colaborar con el control de la pandemia es otro caso que consideramos relevante. “CoronaApp” recopila gran cantidad de información no sólo del usuario que la descarga sino también de terceros (cercanos o familiares), por lo que remitimos un oficio a la autoridad sanitaria –que tiene facultades exclusivas para el tratamiento de esta información en esta situación excepcional- para recomendar acciones que colaboren con el mejor resguardo de la información personal.
También, en el desempeño de nuestras facultades fiscalizadoras en transparencia activa con foco en adquisiciones de bienes y servicios de entidades del sector salud, descubrimos que un 21% del total de hospitales y servicios fiscalizados –de un total de 86- publican información personal y sensible de sus pacientes asociados en compras públicas.
Todas estas situaciones demuestran la permanente tensión de derechos en un país que carece de una ley robusta que proteja de forma adecuada a las personas. Atendida la debilidad y obsolescencia de la norma actual y tomando en consideración la urgencia de límites jurídicos que permitan evitar vulneraciones de derechos en protección de datos personales, presentamos al Gobierno la idea de avanzar con una propuesta de ley corta cuyo objetivo es que se modifiquen los aspectos más urgentes de la legislación con el fin de garantizar un adecuado resguardo de la privacidad de los datos que pueden ser tratados con ocasión de la actual emergencia sanitaria.
Lo planteado no implica claudicar en nuestros esfuerzos por contar con mayor transparencia sino que a través de una herramienta flexible y certera logremos proteger los datos sensibles de la ciudadanía, permitiendo disponer de información para fines de control social y dotar a científicos y especialistas de la información que permita entender el comportamiento de la pandemia.
La fuerza e insistencia de una ciudadanía con una cuota de desconfianza saludable que pide información, también puede colaborar instalando temas como el tratamiento y resguardo de información personal en la palestra, en un momento en el que no es un tema prioritario.
