SEÑOR DIRECTOR:
En relación al creciente fenómeno de la violencia delictiva y cómo poder combatirla de manera efectiva, me parece que debemos ponernos de acuerdo en aquello que es prioritario y que, por tanto, no puede esperar. En el camino correcto va la identificación de políticas de persecución penal claras, las cuales, sin embargo, requieren de los recursos necesarios para poder ser implementadas. Y creo que, en esto, el sistema procesal penal está fallando.
De manera ejemplar, me quiero detener en lo que está sucediendo con la persecución de los delitos de hurtos en el retail. Este problema, que se viene arrastrando por años, implica que se están destinando una cantidad enorme de recursos económicos y humanos a la persecución de estos delitos; dotación de carabineros para el traslado de los detenidos, horas de personal policial destinado para ir a declarar a los juicios simplificados, innumerables horas de trabajo de fiscales para las audiencias y su debida preparación, y, finalmente, las horas y jueces que deben destinar los juzgados de garantía para las audiencias y desarrollo de los juicios simplificados. A esto se une el bajísimo nivel de éxito en estos juicios, en los que existe una muy importante cantidad de absoluciones y/o penas de bagatela.
En momentos paradigmáticos como el actual, es necesario entender que debemos hacer esfuerzos por destinar de manera debida los recursos siempre escasos para abordar la delincuencia que, de no ser detenida ahora, nos puede desestabilizar como país. Al respecto, y en este punto, o bien se introducen cambios legales en el sentido de que la sola presentación de una querella no impida las salidas tempranas en estos casos, o bien, derechamente la privatización de la persecución de estos casos.
Joanna Heskia
Abogada
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