Uso legítimo de la fuerza en democracia

Ciertamente han resultado desconcertantes las imágenes de una unidad de la División de Ingenieros del Ejército, que fue atacada por un grupo de vándalos -en el marco de desmanes que tenían lugar en las afueras del Internado Nacional Barros Arana, próximo a dicha instalación militar-, donde el personal se defendió lanzando agua con mangueras y uso de lacrimógenas. Como resultado, cuatro uniformados resultaron lesionados, hechos que fueron condenados por el gobierno y que motivaron la presentación de una querella.

Los antecedentes indican que dicha instalación militar ha sido objeto desde marzo a la fecha de 68 ataques, los que se han agravado en el último tiempo, incluso llegando a recibir 30 bombas molotov en un día, e incrementándose los agresores de 20 a entre 80 y 100 personas. El Ejército ha informado que se han presentado a lo menos una veintena de denuncias ante el Ministerio Público.

Las escenas de instalaciones militares, pero sobre todo policiales que han sido objeto de ataques en total impunidad y con escasa capacidad de reacción o defensa por parte del personal se han vuelto recurrentes, lo que inevitablemente lleva a preguntarse sobre las razones de tal inacción. Aun cuando los desmanes en la vía pública y la anomia llevan ya años entre nosotros, era inusual que se llegara al punto de atacar instalaciones donde hay personal armado. El que eso esté ocurriendo en forma constante y aparentemente en total impunidad es reflejo de que sus hechores sencillamente actúan con la seguridad de que no habrá mayores riesgos ni consecuencias por su actuar.

En una democracia robusta las personas tienen el derecho constitucional a manifestarse en el espacio público, precisamente porque se asume que el disenso o la protesta pacífica son parte inherente de la libre expresión y herramientas legítimas para hacer valer puntos de vista en la sociedad. El Estado debe respetar celosamente estas garantías y velar para que estas se puedan desplegar con plena normalidad. Pero, así como este derecho forma parte esencial de una democracia, también es fundamental que la sociedad establezca límites claros y frente a un atropello deliberado del Estado de Derecho el Estado lo pueda restablecer mediante el uso legítimo de la fuerza. Si el Estado se inhibe de utilizar sus facultades privativas y permite que impere el descontrol o el quebrantamiento de la ley, es toda la sociedad la que se ve finalmente afectada, porque con ello la violencia se expande y retroalimenta, tal como se ha visto por estos días no solo con los ataques a esta unidad militar, sino en los recurrentes desmanes en estadios o eventos masivos.

Es fundamental entonces que vuelva a imperar la racionalidad y no se insista en la peligrosa vía de estigmatizar de antemano el uso de la fuerza cuando su uso se ajusta al marco legal previamente establecido por la sociedad. Así, el legítimo uso de la fuerza supone necesarias gradaciones y proporcionalidad, ajustándose al respeto de las garantías fundamentales, y sujeto al control judicial.

Ahora que se discute una reforma integral a Carabineros, y en el Congreso se debaten proyectos respecto a los estados de excepción constitucional, es momento de relevar también la importancia de que junto con el apego a un uso racional de la fuerza, los estamentos encargados del orden público y la seguridad del país no se vean inhibidos en el ejercicio de sus funciones que la propia sociedad les ha encomendado.