SEÑOR DIRECTOR:
El uso desproporcionado de la prisión preventiva, es un debate ineludible el día de hoy. Según datos de Gendarmería de Chile, al 31 de agosto de 2024, había 21.087 personas en prisión preventiva, representando un 36,6% del total de la población penitenciaria. Cifra que, si consideramos enero de 2022 cuando se registraban 14.441 personas en esta misma condición, ha aumentado significativamente en el último tiempo, implicando un incremento de 46% en menos de dos años.
El uso excesivo de la prisión preventiva contraviene evidentemente su carácter excepcional establecido por el legislador, el cual indica que esta medida debe aplicarse solo cuando sea estrictamente necesaria e indispensable. Sin embargo, las estadísticas muestran que los jueces otorgan la prisión preventiva el 87% de las veces que los fiscales la piden.
Como si la cifra anterior no fuese alarmante, de ese insignificante 13% libre, cerca de la mitad queda preso a solicitud de la Fiscalía vía recurso de apelación. Situación que se agravada en las causas por delitos sexuales, en las que paradójicamente, y sin que exista modificación legal al respecto, la presunción de inocencia parece haber desaparecido, quedando en el olvido aquel paradigma que establecía que el imputado sería considerado inocente hasta que se demostrare lo contrario.
Si a lo anterior le sumamos que el Ministerio Público, aprovechando el ventajoso terreno que le ha dado el legislador, ha endurecido sus criterios, la prisión preventiva parece estar a la orden del día. En parte, uno puede atribuirle responsabilidad al juez, sin embargo, a mi humilde parecer ha sido el legislador quien con sus sucesivas modificaciones legales ha convertido la excepción en regla general.
Nelson Salas
Abogado penalista
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