Vacunación obligatoria y crisis de confianza

Por Ruth Espinosa, Dra. en Filosofía; directora del Departamento de Humanidades, UNAB

En 2021, el tribunal europeo de DD.HH. se pronunció sobre la vacunación obligatoria señalando que ella no atenta contra los DD.HH. Ante la colisión de derechos, debe primar aquel que tenga mayor peso, en este caso, la salud pública por sobre la libertad individual.

¿Qué hace posible razonar de esta manera? Más allá de las complejas teorías sobre derechos fundamentales, antropológicamente hablando, nuestra sujeción a las normas se relaciona estrechamente con la naturaleza interdependiente de los seres humanos. Como individuos estamos siempre en una situación deficitaria que impide el pleno desarrollo de nuestras potencialidades, cuyo despliegue despunta a la luz del ordenamiento social de nuestra subsistencia.

En tanto nuestras limitaciones individuales mellan nuestras posibilidades de una vida plena, nuestras libertades individuales para elegir un estilo de vida, fines y medios para alcanzarlo, tienen sentido solo a través de la concertación de voluntades en una comunidad que las reconoce y respeta.

Una de las manifestaciones más evidentes de nuestra dependencia es aquella referida a nuestro acceso a la información y al conocimiento. Nuestra capacidad de tomar decisiones informadas depende en gran medida de conocimientos que no tenemos la capacidad de alcanzar de primera mano y que debemos obtenemos de otros. Esto significa que la confianza es fundamental en una sociedad democrática en la que la autoridad está sujeta al respeto del derecho de los individuos y al reconocimiento de su libertad de conciencia y capacidad de autodeterminación. Así, construir confianzas es central para combatir el individualismo en pos del bienestar social.

En este horizonte podemos ver el fenómeno antivacuna Covid-19. Muchas de las razones que se aducen para rechazar la vacuna guardan relación con una falta de confianza en la ciencia o en la autoridad política, y con un individualismo exacerbado, que surge como modo de protección ante el miedo que genera la desconfianza.

La ilusión de que nuestras decisiones, o bien no afectan a la colectividad, o bien no requieren tener en consideración el bien común, han generado enormes vicios que atentan contra el fin mismo de la humanidad como colectivo social. La depredación del medio ambiente, la creciente desconfianza en la ciencia, el consumismo desatado, la radicalización y polarización política, son un síntoma del olvido de que somos socialmente interdependientes para alcanzar nuestros fines individuales de bienestar y realización.

Así como los individuos comunes y corrientes dependemos de la probidad de la práctica científica y la prudencia de nuestros gobernantes, ellos, a su vez, no deben olvidar que dicha confianza debe construirse en base a la educación, el diálogo, la transparencia y el respeto. Es por esto que, pese a que una vacuna obligatoria no atenta contra los derechos humanos en una democracia, para obrar justificadamente de ese modo los Estados deben demostrar la necesidad y beneficio de esta medida para salvaguardar la salud pública, y que no existen medios alternativos para el mismo fin.

De aquí la importancia de mantener vivos los mecanismos sociales para fortalecer la confianza desde la implementación de políticas públicas, sobre todo aquellas que involucran medidas coercitivas. Pero no solo el Estado está llamado a esta labor; la comunidad científica, educadores, comunicadores, eticistas y la ciudadanía en general están también llamados a contribuir a la construcción de las confianzas que nuestra sociedad tanto necesita.