Valor público y garantías explícitas en salud

*Esta columna fue escrita junto a Javier Fuenzalida,Centro de Sistemas Públicos (CSP) Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. 

Las recientes irregularidades en la gestión de pacientes en listas de espera AUGE pone de manifiesto, nuevamente, lo lejos que estamos de resolver el problema de acceso, calidad, protección financiera y oportunidad en las prestaciones de salud pública en nuestro país. Esto, pese a que la Ley N° 19.966 del año 2004 compromete estas cualidades para determinadas patologías, establecidas por decreto, mediante las llamadas Garantías Explícitas en Salud (GES). Por su parte, el aseguramiento de dichos atributos para muchas patologías no incluidas en este listado (no GES) constituye un desafío pendiente para avanzar hacia estándares de salud pública de países desarrollados.

Aunque desde el año 2014 al 2017 las cifras de listas de espera se han reducido como resultado de los compromisos de gestión del Ministerio de Salud, todavía existe un número considerable de pacientes sin una solución definitiva. Según datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a diciembre del año 2017, el sistema de salud tenía 9.244 garantías de oportunidad GES retrasadas. La situación es aún peor cuando no existen estos compromisos legales por parte del Estado, como pasa con las 285.625 pacientes que aguardan por una intervención quirúrgica electiva y las 1.611.477 personas esperando interconsulta para ser derivadas a una atención de especialidad. Cabe recordar que el año pasado se acreditó la lamentable muerte de 11.000 personas con garantías retrasadas durante el año 2015-2016.

El alto número de atenciones rezagadas y el perjuicio potencial que esto puede generar para los afectados invitan a reflexionar sobre el valor público que hay detrás del diseño normativo, los recursos y las estructuras administrativas que el Estado ofrece como solución a las listas de espera. ¿Qué tanta importancia tienen las preferencias de los pacientes y su experiencia en dicha respuesta?, ¿En qué medida esta última contribuye efectivamente a la supervivencia y el bienestar colectivo de la población? En efecto, un error muy frecuente en el diseño y la implementación de políticas públicas es reducirlas precisamente a leyes, decretos, presupuesto, TICs y/o sistemas de control de gestión. Más aún, es este reduccionismo el que muchas veces explica la ineficacia del Estado en la producción de valor público para sus ciudadanos/as, como queda reflejado en los casos de manipulación de listas de espera AUGE en hospitales públicos. Todo esto, para recibir bonos colectivos de desempeño por el cumplimiento de metas previamente estipuladas.

Destinar los recursos necesarios, así como la generación de instituciones y sistemas administrativos para asegurar derechos de salud, son, en parte, una solución a las listas de espera. El riesgo está en asumirlos como LA solución a este problema. Chile ha avanzado al establecer las patologías AUGE, siguiendo políticas y programas de países como Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido. Ahora, el desafío como país es gestionar las listas de espera con estándares más ambiciosos, poniendo a los pacientes en el centro del sistema de salud pública y respondiendo a principios de equidad, efectividad, transparencia, oportunidad y justicia en su atención.