Por Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21
No tiene sentido persistir en las mutuas recriminaciones por el fracaso del acuerdo entre las distintas oposiciones para arribar a una sola primaria para las elecciones de gobernadores regionales y municipales del próximo año. Es una mala noticia porque había esperanza que se entendiera que la unidad para enfrentar los desafíos electorales del 2021, en medio de un proceso constituyente, una pandemia y la consecuente crisis socioeconómica, eran el único camino para poder sortear con éxito hitos tan relevantes y determinantes para el destino del país en las próximas décadas. Pero no hubo caso y, probablemente, la peor noticia no es que haya fracasado la negociación, cuestión siempre posible, sino que se rompieron las confianzas y eso, está claro, le da un tinte más dramático a la posibilidad de que se produzcan nuevos encuentros en un futuro inmediato.
Quedan apenas tres semanas para el plebiscito de entrada del proceso constituyente, el desafío más importante desde el retorno a la democracia y si vamos más allá, de los últimos 40 años, porque terminar con la Constitución heredada de la dictadura tiene no sólo un efecto simbólico, que es terminar con el último y más importante enclave autoritario, trae también la promesa de poder construir un modelo político, social y económico que todos legitimen y del que se sientan parte. Se hace urgente, en consecuencia, que los sectores políticos, especialmente los de oposición, que debieran sintonizar de mejor manera con el clamor postestallido social, tomen verdadera conciencia que sobre sus hombros pende la responsabilidad histórica de cambiar el curso de las cosas y dar respuesta institucional a ese malestar de años, que finalmente se convirtió en estallido.
Hagamos el siguiente ejercicio, imaginemos la foto del día del plebiscito y las portadas de los diarios el día posterior en el actual escenario político. Probablemente y sin siquiera quererlo, el oficialismo- aún con sus divisiones internas- tendrá la posibilidad de capitalizar de manera unitaria el paso a la siguiente fase, en ausencia de una oposición que no entendió que la unidad no es un capricho, es más bien un dilema al que frecuentemente se enfrenta la política entre la ética de la convicción (los valores) y la de la responsabilidad (lo que se debe hacer con sentido estratégico en la búsqueda de un bien superior). Es cierto que entre las distintas oposiciones hay diferencias, especialmente en su interpretación respecto a lo que han sido los últimos 30 años del país y el modelo que amplios sectores de la centroizquierda ayudaron a construir. No obstante, es preciso entender también que esos sectores renovados debieran tener un sentido de responsabilidad con ese estallido social que incluso a ellos, ya institucionalizados como actores de la élite del poder, les pasó por encima. No hay actor de ninguna élite política y que sea parte de las estructuras de representación que hoy tenga capacidad de ufanarse de ser “la voz del pueblo”. Del mismo modo, es necesario que aquellos sectores que se ufanan del resurgir de la Concertación 2.0, entiendan que la crisis también tiene que ver con ellos y, en consecuencia, no se trata de reanimar a un muerto.
Navegar en la incertidumbre y mostrar capacidad de dar gobernabilidad al proceso es un imperativo moral con la ciudadanía o “el pueblo” al que se busca, al menos en el discurso, representar. Eso implica desarrollar un esfuerzo superior para dialogar y reconciliar las miradas entre quienes sostienen “no son 30 pesos, son 30 años” y aquellos que creen que los últimos han sido los mejores 30 años de la historia de Chile. Resolver la disputa entre el país de los excluidos y el oasis es la responsabilidad que tendrá la política en lo inmediato y, para ello, necesita dejar atrás esos pequeños y miopes cálculos de poder, donde, al final del día, terminamos perdiendo todos.
