¿Ventana de oportunidad? La búsqueda de igualdad en una coyuntura histórica

Pese a que desde hace años la opinión pública y el debate político consienten que la desigualdad en Chile es escandalosa, que se visualiza en diferentes dominios y se experimenta en trayectorias de vida ambivalentes, tal consenso no es cierto: en Chile no hay acuerdo sobre querer menos desigualdad. Los más osados proyectos de ley con políticas sociales se van aguando en procesos de negociación antes de promulgarse, y los que traspasan con éxito dicha negociación cumplen con razonable efectividad su cometido: elevan focalizadamente los recursos de los más pobres y reducen la pobreza, pero su envergadura es tan modesta que no enfrentan decididamente las duras disparidades. El sistema tributario, por su parte, sigue siendo regresivo, persistiendo franquicias y exenciones con beneficio mayoritario de quienes tienen más y la dificultad de sancionar debidamente cuantiosos incumplimientos. En esta capa de la realidad, la desigualdad ya no importa como en los discursos. En el área chica, donde las diferencias abismantes se ponen en juego, ha primado la más masiva de las evasiones. Los abusos y la indolencia sólo acentúan un malestar general, que hoy se expresa con fuerza.

Una explicación adicional al malestar es que las desigualdades se han hecho ilegítimas. No es posible explicar la posición de quienes están arriba sólo por condiciones de esfuerzo y talento, y en ningún caso la de quienes están abajo por flojera y falta de talento, aunque por años la flojera ha aparecido en encuestas de opinión como una causa destacada de la pobreza en Chile. El ideal de la movilidad social, así, se difumina: mientras la evidencia muestra que las barreras de acceso a la clase alta se mantienen infranqueables, la clase baja y media aparece como un continuo homogéneo y fluido: como ilustra la OECD, dos tercios del quintil más pobre tiene altas posibilidades de mejorar su posición en un periodo de 4 años -la menor persistencia en pobreza de la OECD-, al mismo tiempo que más de un tercio de los hogares de clase media cae al grupo más pobre durante un periodo de 4 años -el mayor retorno a la pobreza de la OECD. Consecuencia: las deudas sociales forman parte de la experiencia cotidiana de la mayoría de los chilenos: para algunos en forma de extrema pobreza; para otros, de extrema vulnerabilidad.

La historia muestra que, en grandes coyunturas, a menudo violentas, se han reducido las desigualdades. Coyunturas dramáticas, y que activan fracturas sociales aletargadas en momentos de normalidad, tienen un reverso que no justifica sus heridas, pero sí crea las condiciones para repensar pilares de la vida económica, social y política. En tales instancias puede cambiar mucho, hacer como que se cambia, o mantenerse todo intacto.

Si es cierto que estos días van a formar parte de la historia contemporánea de Chile, existe una ventana de oportunidad para transformar algunas cosas en la dirección que los discursos plantean hace años. Este es el momento para poner a prueba el interés en la desigualdad, repensando algunas políticas sociales y tributarias desde ese ángulo. Repensar implica reconocer que el crecimiento económico de estas décadas ha tenido efectos muy dispares en distintos grupos, y por ende disminuir la desigualdad requiere un diseño de políticas distinto.

Un ejemplo son los impuestos, principal herramienta que tienen las sociedades capitalistas para concretar sus visiones sobre justicia distributiva. Los sistemas tributarios pueden dotar de mayor capacidad redistributiva al estado en complemento al gasto social, y sin embargo en Chile dicho aporte es bajísimo. Los impuestos además reflejan la contribución de cada ciudadano a la estructura de solidaridad institucional, y con ello la participación en una red de reciprocidad extendida e incluyente. Una de las propuestas del Gobierno es crear un nuevo tramo imponible superior en el Impuesto Global Complementario, para alcanzar una tasa marginal máxima de 40%. Esta medida no afecta a toda la jerarquía económica: incide en quienes reciben altos salarios, y por ende se les descuenta su impuesto por planilla mes a mes, pero no en quienes tienen distintas fuentes de ingreso (por ejemplo, dueños de empresas), contando por ello con más flexibilidad para planificar su pago de impuestos.

Pero además su efecto es debatible porque la reforma tributaria en discusión en el Senado contiene medidas que aminoran su efecto, en particular la reintegración. El gobierno ha declarado estos días su disposición a cambiar esta propuesta, aunque aún no es claro cuál sería la alternativa. Como ha discutido largamente el análisis económico, la reintegración aumentaría la regresividad, entregando más de la mitad de la reducción tributaria derivada de ésta (55%) a las 18 mil personas en los dos tramos superiores de ingreso y el restante 45% a las más de 290 mil personas de los tramos inferiores. Aunque existe el contraargumento de que no hay costos de equidad si hay integración pero utilizando una base devengada, de modo que los dueños de empresa paguen por las utilidades independiente que las reinviertan o retiren, proponer la desintegración lleva a reducir los incentivos a ocultar el ahorro personal de individuos de altos ingresos en sociedades con el fin de asemejarse al ahorro de una sociedad sin serlo. Junto con eliminar la reintegración del proyecto de reforma, se podrían revisar otras iniciativas, como los cambios a la Cláusula Antielusión, o la reducción de países que Chile considera como paraísos fiscales, que dificultaría una revisión más acuciosa del SII a inversiones extranjeras en destinos opacos.

Proponer una contribución mayor de quienes tienen más ingresos, como ha planteado el Presidente, puede requerir de otros instrumentos. Más allá de la buena voluntad de algunas empresas para subir los ingresos mínimos o profesionalizar la filantropía, se podrían tomar las ideas de millonarios estadounidenses, que agrupados como "Patriotic Millionaires" o utilizando otras designaciones promueven desde 2010 mayores impuestos. En una carta a los candidatos presidenciales de su país, uno de estos grupos propuso un impuesto a la riqueza para "abordar la crisis climática, mejorar la economía y los resultados de salud, crear oportunidades justas y reforzar libertades democráticas". Junto con un impuesto a la riqueza, la tributación de las ganancias de capital y la eliminación de regímenes como el de renta presunta, como también una mayor fiscalización del impuesto a la herencia y de las contribuciones, son medidas que podrían incorporarse en la discusión para ser analizadas en su mérito. En estas discusiones, debería considerarse que mientras el coeficiente Gini de ingreso en Chile es 0,46, el de riqueza es 0,77, ubicando a 80 mil individuos en el 1% superior mundial de posesión de riqueza. Debatir sobre la contribución de quienes tienen más no sólo implica requerir un mayor esfuerzo de ese grupo, sino también dar a los impuestos un rol complementario en la función redistributiva, reduciendo la reproducción intergeneracional de privilegios y perjuicios y dando con ello mayor legitimidad a las diferencias de ingreso.

¿Será este momento una ventana de oportunidad?