Victimización de hogares y percepción sobre delitos

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) -a cargo del INE y la Subsecretaría de Prevención del Delito- ha traído una serie de actualizaciones metodológicas que permiten una mejor visualización de lo que ocurre en materia de delitos. A partir de esta medición no solo se amplió la muestra de hogares, sino que presentó mediciones detalladas de 136 comunas; también se ha extendido el rango de delitos por el que es consultado la población, añadiéndose el soborno, la extorsión y el acoso.

Al mirar los resultados a nivel nacional, se observa que la victimización -es decir, hogares donde al menos un integrante fue víctima de un delito de mayor connotación social- se ha mantenido estable, alcanzando un promedio de 21,7%, bajando una décima respecto de lo anotado en 2022. Si bien este resultado muestra que el cuadro no ha seguido deteriorándose -en 2017 se alcanzó una victimización del 28%, el punto más alto desde 2015-, aun así dista de ser un nivel que pueda ser considerado satisfactorio para la ciudadanía.

Quizás el hecho de que la victimización no haya experimentado cambios significativos explica que la percepción del aumento de la delincuencia bajara al 87,6%, contra el 90,6% de la medición anterior -una caída estadísticamente significativa-, pero que aun así sigue siendo el segundo nivel más alto desde 2015, lo que es consistente con los altísimos niveles de temor que se observan en la población y con el hecho de que lo relativo a delincuencia y crimen organizado continúe siendo el asunto de mayor preocupación entre los chilenos, según han revelado otros estudios de opinión.

En el marco de la victimización a nivel nacional, hay tres regiones que están sobre el promedio: Arica y Parinacota (33%), seguida de Tarapacá (28,8%) y la Región Metropolitana (26,2%). Son datos llamativos, y que probablemente están condicionados con realidades que afectan a estas regiones en forma especial, como el enquistamiento del crimen organizado, que en el caso de las regiones del norte es favorecido por la falta de control de las fronteras.

Hay otro hallazgo de la encuesta que resulta particularmente útil para efectos de dimensionar el fenómeno delictual que vivimos, como es el hecho de que el 52,5% del total de los hogares que fueron víctimas de un delito violento no lo denunció formalmente. A nivel nacional solo el 47,5% de las personas consultadas realizó la denuncia. En lo que respecta a la denuncia de otros delitos temáticos a hogares, se observa que, por ejemplo, solo el 31% denunció en el caso de robos no violentos, y apenas 20% en el caso del hurto. Son señales poco auspiciosas, porque probablemente lo que subyace a ello es una desconfianza hacia las instituciones encargadas de perseguir los delitos y una baja expectativa de que se pueda hacer justicia. Lo cierto es que se va creando un círculo muy dañino, porque en la medida que la ciudadanía denuncia menos, las policías y el Ministerio Público a su vez disponen de menos datos y con ello cuesta más focalizar el trabajo preventivo, así como dar con los responsables, lo que alienta a seguir delinquiendo.

Es evidente que sin revertir estos niveles de desconfianza en las instituciones ninguna estrategia contra la delincuencia podrá ser realmente efectiva, y es también evidente que sin una reducción mucho más enérgica de los delitos más violentos, el país seguirá sumido en el temor.