Por Claudia Mojica, representante residente de PNUD en Chile, y María Inés Salamanca, coordinadora ONU Mujeres Chile
La pandemia mundial que enfrentamos no es solo una crisis sanitaria; es además una crisis socioeconómica, de gobernanza, y crecientemente de derechos humanos. El impacto que ella ha tenido muestra claramente las múltiples desigualdades prexistentes en nuestras sociedades, y que quiénes más sufren sus consecuencias son quienes estaban más expuestos a la vulnerabilidad.
Las niñas y mujeres han sido particularmente afectadas por esta crisis: en términos económicos, perdiendo sus empleos e ingresos, con el aumento de la carga de trabajo reproductivo y de cuidado, y enfrentando un recrudecimiento de la violencia en su contra a nivel mundial.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en promedio una de cada tres mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida. En muchos países vemos como, producto de las medidas para enfrentar la propagación del Covid-19, tales como cuarentenas, distanciamiento social y restricciones de movilidad, niñas y mujeres deben enfrentar la crisis confinadas con sus agresores. Chile no ha sido la excepción en esta preocupante tendencia: de acuerdo al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se ha registrado un aumento de un 124% de las llamadas al teléfono de orientación en violencia contra las mujeres.
Superar las desigualdades que afectan a las mujeres es clave para avanzar en el logro de la objetivos de desarrollo sostenible, y dentro de estas desigualdades, se requiere con urgencia abordar la violencia de género en todas sus manifestaciones. Para ello, resulta fundamental asegurar que los servicios de atención y respuesta para las mujeres sean considerados servicios esenciales y se adapten a las nuevas circunstancias, buscando mecanismos alternativos para que la diversidad de mujeres pueda acceder a ellos y, al mismo tiempo, se proteja a su personal y usuarias (sobrevivientes). Es en esta perspectiva que el PNUD y ONU Mujeres están trabajando en conjunto con el Ministerio y Sernameg, apoyando la respuesta inmediata y una futura reconstrucción.
La urgencia y gravedad de este problema requiere una respuesta coordinada del Estado, la sociedad civil y el mundo privado. Respuestas no solo judiciales, sociales y sicológicas, sino también económicas, que permitan a las mujeres contar con los recursos necesarios para tomar decisiones autónomas sobre sus vidas.
Construir un mañana mejor, más inclusivo y sostenible, requiere, necesariamente un pacto social que sustente una reconstrucción erradicando las desigualdades de género y toda forma de violencia en contra de las mujeres. Al pensar en cómo diseñar e implementar las acciones de respuesta a la pandemia de Covid-19, será preciso trabajar con la sociedad en su conjunto y redoblar esfuerzos para promover una cultura de igualdad y de respeto a los derechos humanos de las mujeres, promoviendo un cambio profundo en la construcción de la masculinidad y en las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, ya que solo de esa manera será posible acabar con esta otra pandemia.
