Violencia obstétrica como violación a los derechos humanos de las mujeres

Hace pocos días se dio a conocer el Informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Dubravka Šimonović, sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, titulado "Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica".

Hasta abril de este año, 128 estados y organizaciones de diversa índole en el mundo que trabajamos en la temática hicimos llegar nuestros reportes para la construcción de este informe, que expone que "se ha demostrado que esta forma de violencia es un fenómeno generalizado y sistemático". Se hace así justicia a las miles de mujeres a quienes se les dijo que no fueran exageradas, alharacas, que no reclamaran y que agradecieran que sus bebés estaban sanos. A todas aquellas que quedaron con graves secuelas físicas y psíquicas por el exceso de intervenciones obstétricas innecesarias y malos tratos.

Nos llena de felicidad y optimismo que al fin se reconozca que la violencia obstétrica es un problema generalizado y que constituye una grave violación a los derechos humanos. A quienes hemos participado del activismo latinoamericano, nos hincha de orgullo que se reconozca como una forma de violencia de género, lo cual venimos insistiendo hace décadas. El informe así lo reconoce, planteando que esta violencia es "parte de una forma continuada de las violaciones que se producen en el contexto más amplio de la desigualdad estructural, la discriminación y el patriarcado."

En nuestro país, si bien se ha avanzado desde que en 2008 se plantearan recomendaciones para mejorar la atención durante el parto, falta mucho por hacer. Los datos y estudios disponibles nos muestran que a alrededor de un tercio de las mujeres se les practica la maniobra de Kristeller o presión de fondo uterino durante el parto, siendo que se trata de una práctica prescrita. Que a la mitad de las mujeres se les practican episiotomías, cuando existe poderosa evidencia para recomendar su uso restrictivo. Que el 80% de los partos ocurren en posición litotómica, cuando son conocidos sus efectos adversos en partos vaginales sin complicaciones. Que la mitad de los nacimientos ocurren por cesárea, siendo que debieran practicarse sólo por razones médicamente justificadas.

El informe enfatiza que los estados tienen la obligación de elaborar y aplicar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas encaminadas a eliminar la discriminación y la violencia de género contra la mujer en el ámbito de la atención de salud. "Se trata de una obligación de carácter inmediato y las demoras no pueden justificarse por ningún motivo, ni siquiera por razones económicas, culturales o religiosas". Desde el año pasado, el proyecto de ley conocido como "Ley Adriana", que regula los derechos durante la gestación, parto, post parto y del neonato, espera ser discutido en nuestro Congreso. Es hora de darle prioridad. Es hora de recuperar el cuidado digno y respetuoso en nuestros nacimientos.