Visita de Michelle Bachelet a Venezuela

El miércoles pasado, a nueve meses de asumir como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet pisó finalmente suelo venezolano. Un viaje largamente solicitado por la oposición venezolana y por organizaciones de la sociedad civil, para que constatara en terreno la grave situación de violaciones de los derechos fundamentales que enfrenta el país y la severa crisis económica y humanitaria en que está sumido. Durante las cerca 55 horas que pasó en Venezuela, la Alta Comisionada se reunió tanto con personeros de gobierno y oposición, como con representantes de la sociedad civil. Sin embargo, más allá de esa disposición a escuchar, para que el viaje tenga verdadero sentido deberían esperarse acciones concretas contra las medidas abusivas del régimen de Nicolás Maduro, cosa que quedó en duda a la luz de la ambigüedad de sus declaraciones al cierre de la visita.

Comprobar en terreno la crisis que vive el país era fundamental -y por ello la oposición insistía en que la Alta Comisionada concretara su viaje-, pero los términos del informe que entregue y las acciones futuras no pueden basarse solo en sus menos de tres días de visita a Venezuela. Michelle Bachelet cuenta con suficiente información sobre la magnitud de la crisis que vive el país sudamericano. No solo en marzo pasado entregó un dramático informe, elaborado por un equipo de Naciones Unidas, donde se detallaban entre otras cosas "las atroces condiciones económicas" que enfrenta la población; las al menos 205 muertes extrajudiciales durante 2018; el "aumento de las restricciones a la libertad de expresión y de prensa", y la insistente negativa de las autoridades "a reconocer" la gravedad de la situación. Además, poco antes de asumir, su antecesor en el cargo, Zeid Ra'ad al Hussein, le entregó otro documento con información sobre el tema. Un texto que detalla ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias llevadas a cabo por el régimen desde 2014.

Por ello, es a lo menos preocupante la ambigüedad de las declaraciones de Bachelet antes de dejar Venezuela. La gravedad de la crisis ha profundizado el clima de polarización de la sociedad venezolana; pero no corresponde equiparar la actitud de ambas partes. El principal responsable de la crítica situación que vive el país es un gobierno que no solo ha cooptado todos los espacios de poder, sino que viola sistemáticamente los derechos fundamentales.

Frente a ello, la Alta Comisionada debería asumir la responsabilidad de relevar ante la comunidad internacional la gravedad de la crisis y no dar pie para que el régimen recurra a sus habituales estrategias dilatorias. Si bien es positivo instalar una oficina permanente del Alto Comisionado de DD.HH. en Venezuela, la gravedad de la situación exige mucho más que reforzar los espacios de protección ante las consistentes y reiteradas violaciones a los DD.HH. Se necesita, en cambio, un calendario claro que le permita a la sociedad venezolana retomar la senda de la democracia. Por ello, es de esperar que el informe que entregará el 5 de julio dé cuenta de ello.