Por Rolf Lüders, economista
Alrededor de la década de los años 60 Chile era, en términos económico-sociales, la mediocridad misma. Nuestro PIB por persona era aproximadamente la mitad de aquel de América Latina; misma proporción que esta última región tenía del PIB per cápita mundial. En aquellos años se solía sostener que Chile tenía una economía mixta, es decir, una en que el Estado jugaba un rol importante en la asignación y administración de los recursos del país.
Nuestro PIB por persona, en relación a aquel de las principales regiones del mundo, venía cayendo -como tendencia- desde comienzos del siglo XX. Esto fue juzgado por muchos como un signo de decadencia. De hecho, entre otros factores, se tradujo en el pronunciamiento militar de 1973 y en un cambio radical de modelo económico hacia una economía de libre mercado y un rol subsidiario del Estado. Como resultado, la mencionada tendencia se revirtió y Chile pasó, en las últimas décadas, a liderar económicamente la región.
Sin embargo, a pesar de que el crecimiento económico generó una notoria reducción de la pobreza, no se eliminó la desigualdad económica que ha caracterizado a Chile y a gran parte de América Latina. Esto y expectativas exageradas con respecto a lo que se puede hacer en materia económico-social, se tradujeron en el estallido de octubre de 2019, el llamado a escribir una nueva Constitución, y un gobierno cuyo programa incluye una profunda transformación del sistema económico-social. Se citan como modelos a seguir las instituciones económico-sociales de Finlandia y Nueva Zelanda, entre otros países. Pero, irónicamente, las propuestas de una Convención Constitucional sesgada, como aquellas del programa del gobierno entrante, nos conducirían más bien a una institucionalidad semejante a la que tuvimos más de medio siglo atrás.
Es más, existe -como lo prueban estudios empíricos realizados con diversos índices de libertad económica- una estrecha correlación entre la libertad económica, los regímenes políticos democráticos, y la prosperidad. Incluso, mientras más libre es la economía, mayor es el desarrollo humano, tal como lo define las Naciones Unidas (Fraser Institute, 2003).
Por eso, no es de extrañar que en uno de los más recientes índices de libertad económica (Fundación Heritage y Wall Street Journal), Finlandia y Nueva Zelanda aparezcan -a pesar de nuestro progreso- aventajando significativamente a Chile en libertad económica. Tanto así que, de los 12 subíndices, Chile fue superado o igualado por los mencionados países en todos excepto dos.
En vista de lo expuesto, ¿por qué no hacer las transformaciones necesarias para acercarnos a las instituciones económico-sociales de los exitosos Finlandia y Nueva Zelanda, en vez de retroceder a aquella malograda situación que tuvimos hace más de 50 años?
