Fueron días aciagos para el gobierno y el oficialismo, no cabe duda. En la antesala de la discusión del retiro del 10% de los fondos de AFP se produjo una gran conmoción y expectativa ciudadana, tal vez sólo vista durante el estallido social. Las encuestas también lo refrendaron, existía un apoyo masivo a la medida y claridad, como ya había ocurrido en octubre pasado, para distinguir la protesta pacífica de los hechos de violencia aislados que ocurrieron en la víspera de la primera votación en el Congreso. El Ejecutivo se equivocó en la estrategia. Fue demasiada la espera y el letargo para promulgar una ley que probablemente tendrá más efectos políticos que económicos. La pregunta central es entonces ¿ahora qué?, porque estamos en medio de una crisis sanitaria, que si bien empieza lentamente a ver la luz, aún está lejos de encontrar el camino.
En tal cuadro, es preciso pensar en los caminos disponibles para encauzar institucionalmente un entendimiento que ha demorado demasiado tiempo en llegar y que amenaza la sana convivencia democrática. En esto, no hay duda, el plebiscito del mes de octubre es una válvula de salida.
En efecto, hasta hace un par de semanas no lográbamos dimensionar en nivel de adormecimiento que tenía la ciudadanía desde la efervescencia del estallido social al confinamiento que significaba la pandemia. Asustados y golpeados por la crisis sanitaria y en algunos casos, también económica, tras el despertar inicial del pasado mes de octubre -que muchos vieron con la esperanza de construir un nuevo sentido de comunidad-, hemos ido transitando a la incertidumbre, la frustración y en muchos casos, también la indignación. Todo ello expresado en la inusitada atención que han tenido esta semana hechos como el debate sobre el retiro del fondo de pensiones y la medida inicial de los tribunales de dejar en libertad al acusado de violación de la joven Antonia Barra, que producto del suceso y en ausencia de justicia, finalmente terminó quitándose la vida. Ambos hechos gatillaron una gran agitación en redes e importantes manifestaciones en distintos lugares del país. Hay un denominador común en esto que es preciso leer con atención. Estamos frente a una ciudadanía con un sentido cada vez más alto de lo intolerable que le resulta la injusticia, el abuso y la impunidad.
El plebiscito sigue siendo la única alternativa viable para lograr encauzar un debate adecuado sobre un nuevo pacto social. Este es, por cierto, una vía de entendimiento y la nueva Constitución, la cristalización de un proceso que requerirá una discusión mucho más larga sobre el modelo de sociedad que queremos construir y las políticas públicas necesarias para hacer ello posible y sostenible en el tiempo. Por estos días, los actores del mundo político reunidos en una mesa de trabajo entre el Parlamento, el gobierno y el Servel están concordando una serie de medidas para generar condiciones para que el plebiscito se realice de manera segura, dando las máximas garantías. En los próximos días será preciso que se acoplen organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y gremios, así como la ciudadanía en general, para viabilizar una de las oportunidades que tiene nuestro sistema político no de volver a encontrar, sino que de construir una nueva forma de relacionarnos.
