Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
Más allá de la evidente fractura política al interior de la coalición de gobierno que dejó como legado el rechazo de los dos proyectos de retiros de fondos previsionales que se votaron en la Cámara, desde la perspectiva económica este desenlace le ha dado un respiro al gobierno. De haber prosperado cualquiera de las dos iniciativas propuestas ello hubiera alimentado la hoguera de la inflación, cuyo control es hoy día prioridad nacional puesto que está dejando damnificados en todos los grupos de la población, y especialmente entre los sectores de menores ingresos. El ministro de Hacienda tiene claro que si no se logra controlar la propagación de este incendio se estará poniendo en riesgo no solo la viabilidad de avanzar en el programa, sino que a la vez se estará propagando un germen que va a generar nuevas frustraciones en la ciudadanía. Pero la dinámica política tiene sus propias reglas.
Superado este episodio, las señales que se han entregado apuntan en la dirección de continuar avanzando en la agenda inicialmente contemplada para estos meses, centrada en las reformas tributaria y de pensiones, y priorizándose en una primera etapa los diálogos con la ciudadanía. Bien que así sea, por cuanto en ambos temas las condiciones de contexto han cambiado en forma significativa durante el último tiempo. En el ámbito de los impuestos, preparar una reforma que apunta a aumentar la recaudación anual en una cifra equivalente a un 4% del PIB, en un contexto de extrema debilidad económica como el actual, en que al cuadro inflacionario se suma un bajo potencial de crecimiento y un marco de elevada incertidumbre institucional que tiene detenidos importantes proyectos de inversión, podría terminar generando un efecto opuesto al deseado en términos de recaudación y crecimiento. Ya le pasó a la Presidenta Bachelet durante su segundo mandato, y los costos que ello significó se pagaron caro.
Y en lo referido a la reforma del sistema de pensiones, las condiciones también han cambiado desde la fecha en que fue elaborado el programa de gobierno. La discusión con respecto a los retiros acrecentó en la ciudadanía la noción de propiedad respecto de los saldos acumulados en sus cuentas individuales, al punto que ello motivó que el propio gobierno enviara un proyecto de reforma constitucional para garantizar la inexpropiabilidad de estos fondos. Esta realidad, que en forma creciente está quedando de manifiesto en los resultados de las distintas encuestas sobre el tema que se han venido conociendo, no se puede soslayar en la discusión de un nuevo proyecto de reforma previsional. Cabe esperar que en los diálogos ciudadanos que se van a realizar como preámbulo del nuevo proyecto se otorguen los espacios necesarios para que los cotizantes puedan dar a conocer su opinión respecto de la propiedad de los aportes y de la libertad de elegir entre distintas opciones, así como también se estudie con profundidad el tipo de transición que están realizando otros países que se han embarcado en procesos de reforma. Se encontrarán con sorpresas.
