Por Jorge Burgos, abogado
Si mal no recuerdo, la frase con que encabezo esta columna era parte de una rutina de un sketch televisivo, setentero, con la que el personaje principal pretendía reflejar su experiencia en determinada materia. Asumo el riesgo de cierta pedantería que puede denotar el hablar de experiencias propias pretéritas para circunstancias actuales, pero la verdad es que “tuve camiones”.
La causa de pedir de estas maniobras de presión, ilegales, son análogas ayer y hoy. Convengamos que surgen de situaciones reales, el transporte en las rutas principales y accesorias en la Macro Zona de La Araucanía se ha convertido en un riesgo para los bienes y en ocasiones para las personas; ahora último, el tráfico ferroviario de mercancías empieza a tener esa misma característica. Es más que entendible entonces que los afectados manifiesten su preocupación y desazón ante la impunidad con que actúan los malhechores.
Lo que es a todas luces más opinable, por decir lo menos, es que las víctimas de estas acciones intenten paralizar el libre tránsito en puertos y carreteras, dificultando la cotidianeidad de millones y de paso dándoles un triunfo inesperado a quienes cometen delitos cotidianamente.
El gobierno cometió un error, pues a comienzos de la paralización optó por una vocería comprensiva, sobre la base que no eran todos los gremios del transporte de carga y que no llegarían al extremo de los cortes totales. Si bien es cierto no eran todos, eran suficientes para crear una grave alteración que a poco andar empezó a crear problemas de abastecimiento. Error estratégico; en este tipo de paros se requiere premura en las decisiones de la autoridad, pues de no ocurrir los daños están a la vista.
Después de una semana las cosas vuelven a la normalidad; cuánto habrá influido la amenaza de invocar la Ley de Seguridad del Estado, es opinable; las medidas acordadas cambiarán lo que hoy acontece en la zona roja, es aún más discutible.
Como consecuencia de estos hechos, se cierne sobre el recién nombrado ministro del Interior la eventualidad de una acusación constitucional por haber dejado de cumplir la ley, en la especie no haber invocado la de Seguridad del Estado en su capítulo de seguridad interior, específicamente en el artículo que penaliza la interrupción total o parcial del transporte. Esta ley de los cincuenta, que vino a reemplazar la mal recordada, con razón, Ley de Defensa de la Democracia, tiene varias particularidades, entre ellas que los únicos legitimados activos son las autoridades de gobierno interior y que éstos se pueden desistir, en cualquier momento procesal, sin expresión de causa. Ergo, no resulta nada fácil para los eventuales acusadores probar la negligencia en su uso, pues en la evaluación de su procedencia el legislador le otorgó un importante grado de discrecionalidad.
Digamos las cosas como son: en las últimas décadas, con ocasión de paros ilegales, su uso ha sido casi nulo. Presumir inacción hoy, respecto de aquello que no hace mucho no fue tema, resulta complejo. No tengo duda que los impulsores primitivos tuvieron presente los efectos del paro en sus distritos, pero no parece suficiente para recurrir de acusación.
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