Por Sergio Muñoz Riveros, analista político
En su ensayo “Una teoría de la democracia compleja”, el politólogo español Daniel Innerarity señala: “Hay buenos motivos para pensar en muchas ocasiones que cuando una opinión es compartida por muchos, probablemente debamos tenerla por verdadera. Pero también resulta asombrosa la experiencia contraria: los grandes errores colectivos, la reverberación de los errores, desde su forma más inofensiva como lugares comunes hasta la infamia del linchamiento. Muchas personas viven en nichos de información y a veces se crean dinámicas que hacen eco, que extienden los errores, los encadenan e incluso fortalecen, dando lugar a enormes fracasos colectivos”.
Lo anterior calza con la cadena de equívocos surgida del desconcierto y el miedo provocados por la violencia que estalló en octubre de 2019, y que se sintetiza en la idea de elaborar una nueva Constitución para lograr la paz o, mejor dicho, para conseguir que los violentos nos dejen en paz. En ese contexto, el 9 de noviembre de 2019, el ministro del Interior de entonces, Gonzalo Blumel, le comunicó al presidente del Senado de entonces, Jaime Quintana, que el gobierno estaba dispuesto a promover el cambio constitucional. En la noche del 12, el propio Mandatario oficializó por cadena nacional su disposición favorable a la elaboración de un nuevo texto, lo que vinculó con la necesidad de concordia. Vino enseguida la negociación que culminó con el acuerdo del 15 de noviembre, el cual, sorprendentemente, estableció un proceso de casi dos años, lo que desmintió la supuesta urgencia del asunto.
La paz, en todo caso, tenía trampa. El 19 de noviembre, cinco diputados del FA, dos del PC, dos del PS, uno del PPD y uno de la FRVS, presentaron una acusación constitucional contra Piñera. Ellos no habían firmado el acuerdo, pero los partidos que sí lo habían firmado apoyaron la acusación, la que estuvo a punto de aprobarse.
En el diseño original, la Convención debía terminar sus labores en noviembre de 2021, antes de que concluyera el mandato del actual gobierno, pero la pandemia desordenó el calendario, y ahora la Convención terminará a mediados del 2022. Y faltará todavía el plebiscito de salida. Todo esto es muy extraño, pero además pone a prueba la estabilidad y la gobernabilidad.
Fue mala la idea de elegir (y financiar) un segundo parlamento, pero ahí lo tenemos, y bajo el control de una corriente que cree que hay que refundar Chile. La Convención es, a todas luces, un foco de incertidumbre a 100 días de la elección de nuevo Presidente de la República y nuevos parlamentarios. Es evidente que los inspiradores del proceso no tuvieron tiempo ni calma para reflexionar sobre las implicancias del experimento. ¿Existe la posibilidad de colisión entre el actual orden constitucional y el que pueda surgir de la Convención? Salta a la vista. ¿Qué opinan al respecto los candidatos presidenciales? Vale la pena preguntarles.
