La retención de fondos de pensión a aquellos afiliados que presentan deudas por el no pago de pensión de alimentos a sus familias y el reciente anuncio del Gobierno de que el bono de 500 mil pesos destinado a la clase media –aún en trámite– no se entregará de forma íntegra a los deudores, abrió fuertemente la discusión sobre este problema.

Según datos del poder judicial, un 84% de los deudores en causas de alimentos no paga la pensión fijada por el tribunal, lo que significa que un promedio de 70 mil niños, niñas y adolescentes no reciben lo que por ley les corresponde. La abogada Camila Ostornol, directora de la comisión de Familias, Infancia y Adolescencia de Abofem, explica por qué esta problemática es un tipo de violencia de género, qué implicancia tiene para las mujeres, niños, niñas y adolescentes y cómo debiese enfrentarse a nivel educativo y judicial.

¿Consideran esta medida un avance en materia de equidad de género y familia?

De acuerdo a la realidad social que tenemos como país, donde las mujeres son en su mayoría las que quedan al cuidado de hijos e hijas, son las que demandan pensión de alimentos y a quienes no se les paga, esta medida palea en algún grado la situación, pero nos cuesta verla como un gran avance en materia de género y familia, porque se enmarca dentro de una crisis y además se encuentra sujeta al plazo de un año en que se pueden retirar fondos. Es una ayuda y podría dar pie a cambios significativos, pero Chile requiere avances más estructurales en esta materia. Lo que sí vemos es que esta medida ha instalado en el debate la falta de corresponsabilidad, en una sociedad normada por estereotipos donde la mujer es la que se hace cargo de los cuidados, y la falta de enfoque de género en gran parte de la administración y sistema de justicia. El incumplimiento del pago de alimentos no es lo mismo que incumplir el pago de un arriendo: constituye una expresión de la violencia de género, por el desequilibrio y abuso de poder y es una violencia económica que vulnera los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Porque son ellos los principales perjudicados. La Convención sobre los Derechos del Niño establece el deber de los estados de garantizar la supervivencia y desarrollo del niño, por eso el pago de la pensión alimenticia debe asegurarse. Es urgente contar con una Ley de Garantías de los Derechos de la Niñez para reforzar estos principios.

Según lo que has vivenciado y observado, ¿cuáles son las trabas y las principales dificultades que enfrentan las mujeres que demandan la pensión y que no la reciben?

La primera barrera tiene que ver con la burocracia. Si bien hay instancias como la Corporación de Asistencia Judicial y las mediaciones gratuitas, tienen una larga lista de espera y hay una brecha entre quienes pueden acceder de forma pagada a la justicia y quienes no cuentan con esa posibilidad. Otro tema relevante es la exposición y el juicio valórico que se les hace a las mujeres en el sistema judicial: se les cuestiona cuando no cuenta con ingresos o trabajo formal, sin considerar que muchas veces no pueden asumirlo debido al cuidado, un trabajo que no se toma en cuenta. Además, muchas veces el obligado al pago disimula su real situación económica o distrae sus bienes, lo que genera impotencia y frustración en las demandantes, que saben cuál es la realidad pero no puede probarla. Solo el 16% de los obligados al pago de pensión de alimentos cumple con ellas y esta cifra es gravísima, y si bien existen medidas de apremio para obligar a que paguen, son ineficaces. Hay un grado de impunidad y aunque hay proyectos de ley para mejorarlo, creemos que tiene que acompañarse de un cambio en el entendimiento de las relaciones familiares y de las responsabilidades.

En redes sociales muchas mujeres han denunciado hostigamiento y amedrentamiento por parte de sus ex parejas, presionándolas a que no los obliguen a pagar sus deudas o pactando en cientos de cuotas el pago. ¿Cómo ven esta situación y qué acciones recomiendan?

Es importante dejar claro que los deudores no pueden hacerse las víctimas en esta situación, porque estamos ante el incumplimiento de una obligación. Con esta medida solo se está avanzando en un mínimo de justicia por una circunstancia puntual, cuando en realidad tendríamos que avanzar en algo estructural. Las mujeres que están siendo amenazadas o tienen miedo de sus ex parejas deben acudir a los canales disponibles para denunciar esos amedrentamientos. Recordamos que están amparadas por la ley de violencia intrafamiliar y que deben denunciar a Carabineros, Fiscalía o Tribunales. En caso de que se necesiten medidas de protección, deben ir directamente al Juzgado de Familia y en caso de violencia física ir al establecimiento médico más cercano y pedir copia de certificado médico.

Como Abofem, ¿qué proponen para crear un modelo más integral que asegure el pago de pensiones de alimentos en el futuro?

Creemos que es necesario crear políticas públicas orientadas a informar, educar y entregar herramientas en temas de educación sexual y afectiva, ya que la maternidad y la paternidad deben ser deseadas para evitar este tipo de problemáticas, que reflejan un no querer hacerse cargo y la falta de responsabilidad en sus decisiones como adultos. También es importante entender que el no pago de pensión de alimentos configura una violencia económica, que es entendida como un tipo de violencia de género y así podría tipicarse dentro de violencia intrafamiliar. Esto, sin duda, sería una forma más integral de entender este fenómeno y poder sancionarlo como corresponde. Los mayores perjudicados siempre son los niños, niñas y adolescentes, y por eso todas las modificaciones que se planteen en esta materia tienen que considerar los efectos sobre ellos, respetando y garantizando la satisfacción plena de todos sus derechos. Se debe reconfigurar la forma en que las instituciones y el sistema judicial responden a estos casos: es necesario incorporar la perspectiva de género en todas las decisiones que se tomen.