En 2014, la abogada y activista por los derechos humanos Paula Avila-Guillen, supo que en El Salvador habían encarcelado a 17 mujeres –con penas de hasta 40 años– que habían sufrido pérdidas naturales de sus embarazos. La mayoría de ellas, que vivían en situación de extrema pobreza, había tenido complicaciones obstétricas a lo largo de sus procesos de gestación y acudieron, en un acto desesperado y urgente, a los establecimientos de salud pública en búsqueda de ayuda. Ninguna de ellas la recibió. En cambio, fueron denunciadas por los médicos tratantes y finalmente condenadas por homicidio agravado.

En cada uno de esos casos, las mujeres implicadas fueron trasladadas desde los hospitales directamente a la cárcel.

Unos años antes, entre el 2000 y el 2011, había ocurrido lo mismo en Guanajuato, México, un estado que en 2009 criminalizó el aborto en todas sus causales. Durante esos años, más de 14 mujeres que acudieron a hospitales en situaciones graves fueron denunciadas por familiares, trabajadores sociales, médicos y parteras, y condenadas nuevamente –y también a más de 30 años– por homicidio agravado o delitos relacionados. En ese caso en particular, muchas de ellas pertenecían a comunidades indígenas y no contaron con traducción al momento de ser detenidas. Tiempo después se estableció que se habían visto obligadas a asumir culpabilidad ante delitos que no habían cometido.

Fueron esos casos los que hicieron que la colombiana Paula Avila-Guillen –hoy directora ejecutiva del Women’s Equality Center y líder a nivel mundial del movimiento conocido como ‘la Marea Verde’–, se diera cuenta que las leyes, hasta entonces constitutivas del marco teórico por el cual ella misma había abordado esta temática y en el cual había depositado su fe y esperanza, no eran suficientes para hacerle frente a una problemática que se estaba repitiendo en toda la región. Las leyes, como recuerda hoy, no iban a ayudar a esas mujeres.

En cambio, pensó, había que buscar una manera mucho más transversal –no solo desde la legislación– de abordar el tema. “Junto a la agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que lidera los esfuerzos en El Salvador, creamos una coalición internacional para sacar a estas mujeres de la cárcel. Lo mismo que había hecho la organización Las Libres en México. Armamos una campaña comunicacional y nos dimos cuenta que el activismo que teníamos que articular tenía que ser mucho menos legal y mucho más político”. Paula había empezado a analizar esta problemática social desde otra óptica.

Y es que según ella, hay dos etapas que configuran la historia reciente del aborto en Latinoamérica. Una primera, como explica, está muy marcada por la noción de derechos humanos y el marco legal que los protege. Y una segunda se caracteriza por una lucha que adquiere un carácter colectivo y que se deja de ver como un tema relacionado exclusivamente a lo legal sino que también como un tema político, social, de salud pública, de ciudadanía, de igualdad y de autonomía. Y eso, en gran parte –según reflexiona hoy– se lo debemos a las argentinas.

“Se trata de una combinación de muchos esfuerzos. Eso que hoy llamamos ‘la Marea Verde’ nace en Argentina con la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y agarra fuerza en el 2018 cuando la Cámara vota a favor de la ley. Si bien no pasa en el Senado, por primera vez genera la sensación de que es una batalla que se puede ganar. Recién ahí cambia el cómo concebimos el aborto en la región, porque antes se trataba de un tema muy ligado al litigio, que veíamos las abogadas de derechos humanos, pero después de eso se empieza a tratar como un tema político, colectivo y desde el activismo. Empiezan a ser claves las movilizaciones masivas, pero también las sororas en el Congreso, las médicas feministas y las que empujaron desde los derechos sexuales y reproductivos”, explica. “Dejamos de ver el aborto como un tema legal y empezamos a verlo como un tema que involucra a todas y todos”.

Es por eso que, cuando en el 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos tomó la decisión de revocar el derecho al aborto –consagrado a nivel constitucional desde 1973, con el emblemático caso Roe vs. Wade– y afectando así a los estados más conservadores, Paula supo que había que trasladar a ese país todos los años de aprendizaje y activismo que se habían modulado en Latinoamérica. “Yo vivía en Estados Unidos, incluso cuando trabajaba en los procesos de despenalización del aborto en países latinos. De alguna manera, era un lugar en el que siempre me sentí protegida. Cuando se revocó Roe vs. Wade, sentí que esta lucha me afectaba a nivel personal, que lo que estaba en juego eran los derechos de todas las mujeres, incluso aquellas que habían estado en situaciones más privilegiadas que las latinoamericanas, y que estábamos a un paso de una prohibición total a nivel federal”, reflexiona.

Le pidió entonces a sus colegas del sur que le enviaran cajas de pañuelos y salió a las marchas a repartirlos y conversar de la importancia de crear activismo en pos de los derechos de la mujer. Había una necesidad por constatar que se trataba de un tema que involucraba a toda la sociedad, no solo a abogados litigantes o personas gestantes que habían tenido que abortar. Y esa era una noción que por ese entonces en Estados Unidos no era común. “Ese esfuerzo de la calle y esa manera colectiva de luchar, tan propia de Latinoamérica, no se acostumbra allá”.

Solemos mirar hacia arriba, pero esta vez al norte le tocó buscar respuestas en el sur.

La ironía de todo esto es que justo habíamos cambiado leyes en tres países de Latinoamérica, y unos meses después de que se despenalizara en Colombia, cae la ley más antigua de todo el continente. Eso activó fuertemente a la oposición y a los grupos anti derechos porque si pudieron tumbar a Roe, podían tumbar todo.

Pero a su vez, fue la primera vez que Estados Unidos miró hacia abajo. Nosotras en Latinoamérica luchamos de una manera muy distinta, y a Estados Unidos le está tocando aprender que la lucha es colectiva, menos teórica y se da desde todos los ámbitos sociales.

El aborto en Latinoamérica, en los países en los que ha sido despenalizado, se ha planteado como un tema de salud pública y como parte de un derecho y servicio que tiene que ser provisto por el Estado. Bien sabemos que hay problemas de implementación, pero por lo menos en el papel, a eso se apunta. Se trata de algo público que el Estado tiene que garantizar al igual que otros derechos.

Esa es la gran diferencia con Estados Unidos, un país que tiene el aborto garantizado desde 1973 pero cuya ley está fundada en el derecho a la privacidad entre médico y paciente.

Y por lo mismo nunca se ha hecho un activismo sólido al respecto. Por otro lado, en Estados Unidos se cree mucho en la institucionalidad, tanto así que nunca se pensó que se fueran en contra de un precedente tan grande. En cambio, en Latinoamérica desconfiamos de la institución porque nos fallan constantemente. Eso hace que nunca esperemos que la justicia haga lo que tenga que hacer y por ende, desde el principio pensamos estratégicamente y creamos movimientos que exigen que las instituciones cumplan con su deber. Un gran componente de presión política es que estos temas sean de interés general y colectivo, y por eso estamos acostumbrados a llevarlos a la calle.

A veces, a falta de leyes tan sólidas, se consolidan grupos de apoyo y se articulan movimientos. ¿Qué ocurre en los activismos latinoamericanos que están siendo referentes a nivel mundial?

Cuando en Estados Unidos me preguntan qué se viene ahora, siempre les digo que todavía no hemos tocado fondo. Cuando uno toca fondo es cuando está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de avanzar. Esa es una realidad que conocemos muy bien en el sur. En el momento que ellos tengan casos tan crudos como los que siempre hemos tenido nosotros –y que ya los están teniendo– van a asumir que todo lo que se sabía, ya no sirve. Ese va a ser un momento de reformulación que en el sur ya nos tocó vivir. Durante mucho tiempo pusimos todos nuestros esfuerzos en el sistema interamericano de derechos humanos y eso fue útil hasta cierto punto, pero después nos tocó repensar el activismo porque de otra manera, íbamos a fallar.

Lo que pasó con Roe vs. Wade nos hizo ver a todas que nuestras victorias siguen siendo frágiles y que si no nos aseguramos que los derechos estén lo suficientemente establecidos, no solo en el papel sino que a nivel social, todo se puede caer.

Revocar una ley que protege el aborto termina afectándole sobre todo a mujeres más pobres. ¿Se trata, en tu opinión, de una criminalización de la pobreza?

Esa frase que tenemos en Latinoamérica que plantea que ‘las ricas abortan y las pobres se mueren’, es muy real. Y está documentado. Solo ciertas mujeres terminan criminalizadas o muertas por abortar. Algunas son rurales, algunas indígenas, otras viven violencia intrafamiliar, pero todas están cruzadas por una línea transversal de pobreza. En el caso de El Salvador, de las 66 mujeres que estuvieron encarceladas, no había una que fuera de un estrato medio.

En el caso de Estados Unidos, a eso hay que sumarle que nadie cree que existe la pobreza en ese país y por ende hay que empezar a sociabilizarla. Por último, también hay que sumarle el tema de la migración y las personas afro descendientes, que no reciben la misma calidad de servicios de salud que reciben las personas blancas, sobre todo cuando se trata de temas de maternidad. De hecho, la mortalidad materna de mujeres negras es tres veces mayor que la de mujeres blancas. Están mucho más expuestas y vulneradas, entonces yo diría que se trata de una criminalización de la pobreza pero también de la vulnerabilidad, que solo acerba las diferencias que ya existen en los determinantes de salud.

Está comprobado que el acceso al aborto seguro reduce la mortalidad materna. ¿Cuáles son algunos de estos casos?

Hay algo que es clave, y es que si tu misión como gobierno o como política pública es la de reducir la cantidad de abortos, hay una fórmula muy clara que te ayuda a hacerlo; educación sexual integral desde tempranas edades, acceso a anticonceptivos, acceso a anticoncepción de emergencia, apoyo a las maternidades deseadas –incluyendo licencias de maternidades prolongadas– y apoyo a las infancias.

Cuando eso se implementa, los números de aborto bajan. Entonces restringir y criminalizarlos no tiene nada que ver con la intención de reducirlos, aunque ese sea el principal argumento de quienes optan por esas restricciones. Lo que buscan realmente es controlar, porque esas mismas personas no están diciendo ‘vamos a restringir el aborto pero daremos acceso a educación sexual en todos los establecimientos educacionales’.

Dicho eso, el 9 de mayo se visibilizó que en un año y medio de despenalización del aborto en México –país que ni siquiera ha terminado de implementar la política pública– ya ha habido una reducción de la mortalidad materna. Los países que lo han hecho de manera juiciosa han demostrado que se reduce la mortalidad materna y, eventualmente, si se hace de manera adecuada, también los abortos.

¿Cómo se supera el estigma social y en qué minuto permitimos que la moral tuviera tanta incidencia en esto?

En el papel, se supone que hay una separación entre iglesia y Estado, pero en la realidad sabemos que la religión es parte fundamental de nuestra cultura. A eso, se le suma que la discusión está tan mal enfocada, que se cree que una mayor prohibición hace que la mujer decida no abortar, pero los datos demuestran que eso no es así. Lo que cambia es el cómo termina abortando esa mujer.

Siempre doy el ejemplo de unas campañas hermosas que hace la agrupación mexicana, Católicas por el Derecho a Decidir, en las que abordan el acceso al aborto desde la religión. Me parece que esa es una vertiente que no se incluye mucho desde el movimiento pero que tenemos que empezar a visibilizar porque la mayoría de Latinoamérica tiene religiones y deberíamos poder tener conversaciones sobre el aborto desde la religión.

¿Cómo ves la evolución de este movimiento en la región, considerando las crecientes respuesta de grupos extremistas que ponen en duda los derechos de la mujer?

Creo que estos temas son pendulares durante varios años, pero eventualmente se regulan. Lo que pasa es que eso quiere decir que nos toca seguir trabajando, activando y empujando. La ultra derecha está teniendo una creciente popularidad y eso es una advertencia de que la política nunca está aislada ni tampoco corresponde a un solo territorio, sino que está conectada a fenómenos globales. Es una amenaza a los derechos humanos, probablemente, pero también hay que entender que viene desde la desesperación; muchas necesidades humanas no se han cumplido a pesar de la democracia y a pesar de la inclusión de derechos sociales, y los movimientos progresistas tenemos que saber entender y capitalizar eso.