Acusaciones por redes sociales

La noche del domingo 31 de marzo, Florencia (22) -cuyo nombre ha sido cambiado- se grabó con su celular contando que había sido víctima de una violación. En el video explicaba que se había demorado meses en asumir lo que había pasado porque su agresor era un amigo a quien conocía hace años y con el que había salido durante el verano. Después de contarles a sus papás decidió subirlo a su cuenta de Instagram. Lo que no dimensionó fue el alcance que tendría la denuncia; solo durante esa noche, en la que casi no durmió, recibió más de 100 solicitudes de mensajes privados. A la mañana siguiente los fue contestando, pero a los pocos días optó por entregarle su celular a una amiga. Era abrumador y no se sentía preparada para este nivel de interacción. Algunas fueron muestras de apoyo. Varias mujeres le agradecieron por compartir su experiencia porque habían pasado por lo mismo. Pero la mayoría -contrario a lo que ella esperaba- provenían de amigos y conocidos de su agresor. En sus mensajes no ponían en duda su relato, pero recriminaban las consecuencias que esa exposición pública tendría para todos los que rodeaban a quien estaba acusando. Más que su culpabilidad, les preocupaba cómo esto iba a repercutir en ellos. Pero exponerlo socialmente era precisamente lo que Florencia buscaba. Sabía que el castigo social era la única reparación a la que podría aspirar: habían pasado dos meses desde la violación y ella ya no contaba con las pruebas ni los exámenes médicos para corroborar el delito.

El 30 de agosto pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema emitió un fallo en el que se ordenó a las dos administradoras de una página de Facebook asociada al Centro de Alumnos de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile eliminar una publicación que contenía una denuncia de abuso sexual en contra de un alumno de la misma escuela. ¿El motivo? El tribunal estimó que las acusaciones de violación y violencia sexual y psicológica que se le atribuían al denunciado, más allá de su posible culpa o inocencia, constituían una falta a su honra. En el fallo se planteó que "la accesibilidad, alta difusión e imposibilidad de verificación de la veracidad de los antecedentes publicados impiden a quien se ve afectado rebatir la imputación". Esta sentencia se suma a otras emitidas por distintas cortes a lo largo del país que estiman que las denuncias hechas en estas plataformas pueden vulnerar las garantías constitucionales de los acusados. Los fallos emitidos piden que las publicaciones sean eliminadas, al igual que los comentarios que hayan surgido en respuesta.

En tiempos en los que las redes sociales se han vuelto una innegable fuente de información -en junio del 2019 un estudio realizado por el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (Cigiden) y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica planteó que el 70% de los encuestados se informa a través de WhatsApp- y en los que la mayoría de los usuarios pasan en promedio más de 50 minutos al día en estas plataformas, no sorprende que estas se hayan vuelto, además, un espacio de denuncia. De hecho, en 2017 se inició uno de los movimientos de denuncia más grandes que ha habido, y surgió precisamente a través de redes sociales. El hashtag #MeToo, con el que se pretendía revelar abusos sexuales, repercutió a nivel mundial y sentó las bases para que mujeres de todo el mundo se sintieran lo suficientemente amparadas para contar sus propias historias. Plataformas como Facebook, Instagram y Twitter, concebidas en un principio como herramientas de comunicación y conexión, pasaron así a ser una instancia igualmente válida para denunciar delitos graves. Pero muy poco se habló de los riesgos asociados. Por una parte, las redes sociales facilitaron que muchas historias salieran a la luz, y por otra, al ser un terreno poco fiscalizado y de autotutela se convirtieron en un arma de doble filo; no solo existe la posibilidad de que personas inocentes sean acusadas, sino que también se da paso a que las víctimas queden expuestas al escrutinio y juicio públicos. ¿Qué hizo que las redes se volvieran una alternativa a las denuncias por la vía legal? ¿Y sobre quién recae la responsabilidad de lo que se publica en una cuenta personal?

En noviembre de 2018, el excandidato a la presidencia de la FEUC José Ignacio Palma fue acusado de violencia sexual a través de la página de Facebook Anónimo UC por un ex militante de su propio partido a casi dos días de las elecciones. La falsedad de la denuncia se conoció recién siete meses después, cuando Palma recibió un mensaje a través de WhatsApp del propio autor de la publicación confesándole que había inventado la historia para desquitarse con él. Frente a esto, Palma presentó una querella por el delito de injurias y calumnias ante la Fiscalía. Hasta antes de la confesión, el excandidato gremialista fue catalogado como abusador dentro y fuera de la universidad.

Las redes sociales facilitan que el alcance de las denuncias escale tan vertiginosamente que, incluso si la acusación llega a ser falsa, las consecuencias se sufren tanto dentro del mundo virtual como de manera concreta en el mundo real. Francisco Leturia, abogado y especialista en derecho de la comunicación, explica que el alza en la cantidad de denuncias hechas a través de las redes sociales se debe a una creciente desconfianza en las instituciones y al hecho de que recurrir a la justicia implica tiempo y recursos económicos, y, por otro lado, a la actual necesidad por la inmediatez. "Pero esto no es posible en un mundo institucional, ya que la justicia que puede dar el Estado implica ciertas garantías y procedimientos para ambas partes, y la inmediatez implica que se pasen por alto esos procedimientos", explica.

Precisamente lo que muchos tribunales han privilegiado al momento de fallar casos de denuncias en plataformas digitales es el respeto a este proceso institucional y, por sobre todo, que denunciante y acusado cuenten con igualdad de condiciones para dar a conocer sus respectivas versiones. "Cuando uno hace una denuncia legal se está dispuesto a seguir un procedimiento para que esa denuncia se compruebe. Por el contrario, cuando se hace por redes sociales no se asume una responsabilidad por lo publicado. Toda denuncia que no haya sido sometida a una entidad que pueda decidir de acuerdo al derecho es presuntamente cierta como presuntamente falsa", explica la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, una de las cuatro responsables de emitir el fallo del caso de la Universidad de Chile. Es ese, justamente, uno de los riesgos a los que se enfrenta la o el denunciante al minuto de hacer este tipo de publicaciones en plataformas digitales: si el denunciado decide defenderse a través de un recurso de protección, el tribunal resguardará su derecho a la honra, porque en definitiva lo que está en juego, más que la inocencia o culpabilidad, es que no se pase por alto su legítima defensa. "Lo que buscamos en estos casos es que las redes no se usen para hacer justicia prescindiendo de los tribunales. No se trata de la inocencia o culpabilidad, sino de que exista la posibilidad de bilateralidad de la audiencia para que el otro pueda contar su versión", aclara Vivanco.

¿Pero cómo opera la justicia en la era digital? Las denuncias por redes sociales no tienen una regulación clara y no existe un criterio uniforme que se replique en todos los tribunales del país al momento de fallar este tipo de casos. "Muchas veces las denuncias que son descartadas por el sistema formal pueden encontrar un canal de comunicación a través de comunidades en redes digitales, las que generalmente las acogen y replican construyendo nuevas narrativas que reflejan la evolución de las normas sociales. Pero al no participar del sistema legal este tipo de acciones de denuncia no satisfacen, en muchos casos, nociones de debido proceso", explican Constanza Figueroa y María Paz Canales, miembros de Derechos Digitales, ONG dedicada a la defensa de los derechos fundamentales en el entorno digital. "En principio el contenido publicado está amparado por la libertad de expresión, pero si eso causa daño a alguien, la persona podría perseguir por la vía judicial la responsabilidad de quien emitió la denuncia", concluyen. Sin embargo, existen criterios contrapuestos. Ángela Vivanco aclara que en el caso de la Universidad de Chile no se trató de una colisión de derechos porque la denuncia no estaba enmarcada en la libertad de expresión. "A mi juicio, cuando se hace una denuncia que no tiene ningún fundamento explicitado por un medio de comunicación o una red social, no estás ejerciendo más que la posibilidad de lanzar una denuncia que nadie puede comprobar".

El día después de haber sido violada, Florencia se fue a su casa y no le contestó más el teléfono a su agresor. En ese momento, no sabía que había sido víctima de una violación, pero no quería volver a verlo. Salieron durante el verano, pero aquella noche marcó un antes y un después. "Asumir que había sido violada fue un proceso. Sentí un malestar físico y psicológico profundo durante mucho tiempo, pero no entendía. Cuando logré admitirme a mí misma que me habían violado, decidí que tenía que hacer algo".

En los días que siguieron habló con dos amigas y su hermano, quien fue el único hombre al que le contó lo que había pasado. Recurrió también a la Corporación Miles Chile, que asiste jurídicamente a víctimas de violencia sexual, pero la respuesta fue enfática: las posibilidades de que un fiscal llevara su caso a juicio o que se iniciara siquiera una investigación del delito eran muy remotas. Habían pasado casi dos meses y no existían pruebas que permitieran corroborar los hechos. "Me dijeron que era mi palabra contra la de él. Nunca he tenido mucha confianza en el sistema judicial y tampoco quería involucrar a mis papás en un proceso que iba a costar mucha plata y en el que además iba a tener que pasar años recordando algo que quería olvidar", explica. Fue esa la principal razón por la que decidió hacer la denuncia a través de su red social. Cuatro días después de postear el video, decidió cambiar su perfil a privado. No se dio un espacio de contención, sino una especie de foro donde todos, incluyendo los que no la apoyaban, dieron su opinión.

"Busqué castigarlo socialmente porque sabía que era lo que más le iba a afectar. El tema es que no dimensioné las reacciones que mi testimonio podía generar. Al cabo de unas horas desde que subí el video, me di cuenta de que seguimos en una sociedad patriarcal en la que, incluso si se le cree a la víctima, la mayoría no está dispuesta a abandonar al agresor. Los abusadores no sufren las consecuencias de lo que hacen y en mi caso no fue él quien se vio afectado. Hasta el día de hoy soy yo la que tiene que evitar ciertos lugares". Después de un mes, Florencia bajó la publicación. No se arrepiente de haber hecho la denuncia, pero sabe que su objetivo inicial no fue logrado.

Lucía (28) -cuyo nombre ha sido cambiado- fue víctima de una violación hace seis años. En ese tiempo hizo lo posible por seguir adelante, hasta que se dio cuenta de que necesitaba cerrar esa etapa. "Fui al centro de apoyo a víctimas donde me recibieron abogados y un psicólogo con quien empecé un proceso de terapia. Recién después de varios meses le pude contar lo que realmente me había pasado", explica. Al igual que como le ocurrió a Florencia, el abogado del CAV le explicó que las posibilidades de llegar a un juicio eran muy bajas porque no contaba con pruebas y el delito estaba por prescribir. Pero aun así decidió presentar la denuncia e iniciar un proceso judicial. "Lo hice como un gesto de amor propio", aclara.

Según cifras publicadas en un informe emitido este año por Miles Chile, si bien el porcentaje de denuncias por violencia sexual ha aumentado más de un 10% en los últimos 7 años, el 77% de las mujeres víctimas de este tipo de delitos no los denuncia ante la justicia. Al ser consultada por qué optó por dejar en manos del sistema una denuncia que muchos deciden hacer por su cuenta, Lucía explica: "No lo denuncié públicamente porque me daba pánico exponerme. Vivía con ese miedo y con muchísima rabia. Y sabía que la denuncia por redes me iba a exponer aun más a mí. Yo no tenía pruebas y tenía el antecedente de un caso en mi universidad en el que una alumna hizo una denuncia vía Facebook en contra de un compañero y él se querelló contra ella. En esta sociedad ser víctima de una agresión sexual te estigmatiza más que al agresor".

Estas situaciones, en muchos casos, pueden actuar como inhibidores de una denuncia. Francisco Leturia explica que dado que todas las cortes aplican criterios distintos, las respuestas son variadas. "Es necesario ponderar en cada caso y decidir cuándo vale la pena o no intervenir, porque generar un efecto inhibidor de la denuncia es delicado". Estando consciente de que mucho le podría haber jugado en contra, para Lucía enfrentarse a un escenario adverso no fue determinante y persistió. "No hay que olvidar, especialmente en las generaciones jóvenes, que la vía institucional es un camino del que tenemos que apoderarnos. Está bien usar las herramientas digitales, pero no podemos quedarnos en eso. Salirme del rol de víctima solo fue posible cuando me empoderé de los espacios legales. La justicia tiene que cambiar, pero para eso no podemos optar solamente por vías alternativas, persiguiendo sanciones estrictamente sociales. Lo que tenemos que hacer es tomarnos los espacios de transformación social".