Azucena Cháidez, investigadora especialista en derechos humanos y socia directora de consultora SIMO: “La región destina menos del 1% de su PIB a la protección del medio ambiente”

Cuando Azucena Cháidez habla de impunidad medioambiental, no se refiere únicamente a la serie de factores que permiten que se puedan realizar delitos ambientales, sino también a todos aquellos que facilitan que tales delitos no estén mayormente sancionados.

Esos –como reflexiona hoy la internacionalista mexicana y académica en Administración y Políticas Públicas– son muchos y escasamente reportados.

Y por eso, desde SIMO Consulting –la consultora que preside, y que se dedica al análisis de fenómenos sociales y económicos a través de investigaciones profundas–, se propusieron visibilizarlos.

Desde el 2014 han colaborado con la Universidad de Puebla (UDLAP) en la realización de un índice y posterior informe que mide la impunidad que existe en Latinoamérica respecto a distintos temas, entre ellos justicia, seguridad y medio ambiente.

Las mujeres se preocupan de y realizan los trabajos domésticos y de cuidados, entre ellos pensar en los temas de la casa y, por consecuencia, de la racionalización del agua y el alimento.

Con ese índice buscan medir las capacidades estatales de los países analizados para hacerle frente a tales problemáticas. Y en el caso del Índice de Impunidad Ambiental, recientemente publicado, se reveló que apenas un 0,18% del PIB regional está siendo destinado a mitigar los impactos de la crisis climática. Porcentaje que, como desarrolla Cháidez, solo refleja una falta de voluntad política. “Está claro que es un tema urgente, pero en la práctica y en los presupuestos, se devela que las respuestas institucionales son débiles”.

A eso se le suma que hay más de un millón de personas en Latinoamérica que han sido desplazadas internamente por factores climáticos, de los cuales poco se ha documentado. La mayoría, como se da cuenta en el informe, están en Brasil. Casi medio millón migró internamente a causa de desastres naturales. En Haití, la cifra es de 220.000.

Chile, en cambio, ha mostrado tener el mejor desempeño en cuanto a protección medioambiental y acciones en pos de la mitigación. Y los desplazados climáticos alcanzan los 2500 por cada 100.000 habitantes, lo que está muy por debajo del promedio regional.

En esto, siempre hay una relación directa con las mujeres. Y es que, por más que exista un esfuerzo monumental por cuestionar y cambiar los roles tradicionales de género, siguen siendo las mujeres las que se preocupan de y realizan los trabajos domésticos y de cuidados, entre ellos pensar en los temas de la casa, hacerse cargo del aseo y la alimentación de la familia y, por consecuencia, de la racionalización del agua y el alimento.

Por lo que, la relación entre mujeres y crisis medioambiental es directa e innegable.

“No hay datos de eso, y eso dice mucho. Porque en la medida que no existan registros, no existe la problemática y no se hace nada al respecto”, dice Cháidez. “Aun así, sabemos que las mujeres somos las más afectadas cuando se trata de temas ambientales. Más aun si son mujeres pobres, indígenas y de zonas rurales”.

¿Por qué no está mayormente registrado esto?

En todas estas mediciones existe la cifra negra. Ese concepto se refiere a todo aquello que sabemos que está ocurriendo pero que no está registrado o porque no se denuncia, o porque no se quiere hacer visible porque no le conviene a los Estados. En esa cifra negra, o en ese espiral del silencio que existe en torno a ciertos eventos, entran las mujeres. O las problemáticas atingentes a las mujeres.

Y, en general, lo que hemos visto es que a las mujeres les cuesta más denunciar, no porque no quieran, sino porque no están los medios para hacer un registro y seguimiento adecuando que permita hacer una sistematización de lo que les pasa. Por eso es que muchas veces las mujeres quedan a la deriva y en una suerte de limbo legal e institucional.

Cuando no hay datos, no existe la problemática. El hecho que no existan datos, por lo mismo, es una fuente de impunidad. Porque mientras no haya registro, no se hace nada. O, en otras palabras: lo que no se mide, no se puede mejorar. Ese es el principio mismo de poder generar un índice.

Mientras no existan datos, no se atiende la problemática, no se conoce lo que ocurre. En temas medioambientales siempre hay pocos datos. Pero sabemos por estudios y por experiencias personales que estos temas tienen afectaciones locales a nivel de provincias.

Por eso, lo que se busca mediante estos índices, justamente, es que haya una hoja de ruta para visibilizar la problemática y por dónde se está fallando.

¿Cuál es la relación entre desplazados climáticos y mujeres?

Aquí las intersecciones son claves; quienes más se ven afectadas por el degradamiento y crisis climática son mujeres de bajos recursos, mujeres indígenas y de zonas rurales.

Mujeres empobrecidas y racializadas que tienen que lidiar en primera persona con el cuidado del hogar y de sus familias, con tener suficiente agua para bañar a los niños, para cocinar, y sin redes de apoyo. De hecho, en la mayoría de los casos, son las que más se quedan en sus lugares de origen, por lo que estos son problemas que las afectan directamente.

Y si bien es muy difícil diferenciar estos datos por género, podemos decir sin duda alguna que somos las mujeres quienes sufrimos las consecuencias de esto en mayor medida. Por los roles tradicionales de género, somos nosotras quienes nos preocupamos –porque históricamente nos ha correspondido– de esto. Así como también sabemos que la relación entre pueblos indígenas y desplazamientos forzados por desastres naturales es innegable.

También sabemos que somos las mujeres quienes más sufrimos violaciones a los derechos humanos sin que haya respuestas efectivas. Las razones son variadas, y van desde temas culturales a educacionales y la consideración en la propia legislación de elementos o herramientas que permitan hacerle frente a esto.

¿Cómo se define a un desplazado climatico?

Como aquellas personas que han tenido que abandonar su hogar por un desastre natural o por un evento climático específico, producto de un degradamiento medioambiental, tales como una sequía, un huracán, la deforestación masiva o la falta de biodiversidad.

Poco se habla de que estas personas, cuando llegan a los lugares a los que se mueven, se enfrentan a la escasez de fuentes de empleo, al acceso preciario a la educación, temas de vivienda, no tienen realmente un lugar donde establecerse. En México lo vemos a diario con la cantidad de caravanas; los refugios no son suficientes, la vivienda no está resuelta y se empiezan a generar zonas de pobreza. Cuando no se hace frente a este tipo de problemáticas, se descompone el tejido social.

Latinoamerica es una región desigual y lo que nos devela el informe es que en los países en los que hay menores ingresos, hay menor desempeño en términos de capacidades institucionales. Es decir, hay una relación directa entre los países más pobres y la dificultad para atender temas medioambientales.

Y esto está muy ligado con el hecho de que cuando hay menos recursos, se suelen destinar a temas que pueden parecer prioritarios –y nadie dice que no lo son– pero ciertamente no a atender la crisis medioambiental. Pero es un tema urgente y no enfrentarlo tiene consecuencias en las catástrofes que estamos viendo que traen huracanes, temblores, sequías, falta de agua en toda la región. Es un círculo vicioso que acentúa la pobreza que ya hay en ciertas zonas y en países con menos capacidad.

Latinoamerica es de por sí la región con mayores crímenes y asesinatos de activistas medioambientales (que a la fecha suman más de 1.900) y en el 63% de los países analizados no se reconoce de manera explícita en sus Constituciones el derecho al medio ambiente sano. Solo el 9% cuenta con tribunales especializados en esta materia. No son solo crímenes que no tienen resolución, es la incapacidad de los estados de aplicar estas legislaciones, políticas o recursos.