Busco a mi madre, busco a mi hija

Paula 1151. Sábado 5 de julio de 2014.

Ester Herrera (en la fotografía) inició una campaña en las redes sociales para encontrar a su madre biológica.

Un trajecito de lana blanco talla 0, abotonado al medio y con pequeños bordados azules es la principal pista que tiene Ester Herrera (periodista, 32 años) para dar con su progenitora, a quien hoy busca intensamente. Es la ropa que usó en sus primeras horas de vida y que llevaba puesta el 17 de julio de 1981 cuando fue entregada por una asistente social a su madre adoptiva, Alicia, quien entonces tenía 51 años y un negocio de dulces en El Arrayán. Alicia falleció en 2006 y Ester ya no puede exprimir sus recuerdos para saber más.

"Supe del trajecito de lana cuando tenía 15 años y mi madre me contó la verdad. Yo lo intuía porque, a diferencia de ella, tengo ojos claros y piel blanca. Ese día la escuché hablar con una tía sobre mi origen. Y entonces la encaré y me contó, con mucho dolor, lo que había ocultado por años. Me dijo que la mujer que me entregó a ella era una asistente social o una matrona –no se acordaba bien– a la que había conocido antes y a quien le había hablado de su sueño de ser mamá, lo que a esas alturas era difícil porque estaba en los cincuenta años y era soltera. Esa mujer se comprometió a ayudarla y un día llegó contándole que tenía una guagüita y que, para entregársela, necesitaba su carnet".

Según le relató, al día siguiente, esa mujer llegó a la casa con la guagua, vestida con el trajecito de lana y un certificado de parto que indicaba a Alicia como la madre biológica. Según el documento con el que la inscribieron en el Registro Civil, Alicia la había tenido a las 40 semanas de gestación en una dirección que corresponde a la Clínica Lira a las 19:50 horas. Pero Alicia jamás la parió.

Tras esa confesión, Ester le hizo más y más preguntas a su madre adoptiva. "Quería ayudarme, pero no tenía mucha más información y no se acordaba del nombre de la mujer que me entregó". Ester hizo una búsqueda preliminar en 2008, y supo que la Clínica Lira (entonces ubicada en Santiago Centro) había sido clausurada por abortiva. No consiguió saber mucho más. Siguió con su vida –se emparejó y tuvo una hija– y el tema quedó en stand by.

Pero hace tres meses, cuando estalló el caso Joannon y se enteró de que en los años 70 y 80 hubo madres adolescentes a las que engañaron, diciéndoles que sus hijos habían muerto para darlos en adopción ilegalmente, se le apretó el corazón. "Una corriente eléctrica me recorrió el cuerpo. Volví a sentir la urgencia de saber y constatar que no era la única que necesitaba respuestas, me empoderó", dice.

Fue al Registro Civil a pedir un acta de nacimiento. Aunque está falsificada, ya que ella aparece como hija natural de Alicia, encontró el nombre y la firma del médico que supuestamente atendió su parto. Lo buscó en internet. El doctor había muerto pero dio con su hijo y le pidió que se juntaran. "Él me corroboró que era la letra de su padre y se comprometió a averiguar. Estoy a la espera de alguna noticia", cuenta. También fue a la dirección donde funcionó la Clínica Lira. Una persona le dio algunos nombres de quienes trabajaban ahí en los 80, pero no tiene los apellidos. Sabe que le tomará tiempo llegar a ellos.

Lo otro que hizo fue recurrir a las redes sociales: inició una campaña en la que hace un llamado público de ayuda e información. Mucha gente ha respondido y le da pistas. "Son datos que tengo que validar. Me han llegado cosas increíbles como el correo de una niña que busca a su hermana gemela que justo nació el mismo año que yo, en 1981, y se parece a mí. No quiero ilusionarme, pero tampoco puedo descartar nada".

Además, posteó una carta dirigida a su progenitora, la que ha traducido a varios idiomas, y publicó fotos de ella de guagua y del chalequito de lana. Su idea es que esa carta y esas fotos se viralicen como un mensaje embotellado. Ester es consciente de que su búsqueda quizás sea infructuosa. Que tiene poquísimos datos. Que dispone de muy pocas pistas para dar con su madre y reconocerla. Que sus únicas pruebas son el acta de nacimiento falsificado y el chalequito de lana. "Esa prenda se ha convertido en mi carnet de identidad. Porque, si algún día la encuentro, es el objeto con el que podremos identificarnos".

PAPELES QUEMADOS

La actual legislación chilena sobre adopciones establece que todas las personas adoptadas, al cumplir 18 años y tras conseguir una orden judicial, tienen derecho a acercarse al Registro Civil y acceder a su proceso de adopción. El encargado de mediar en el encuentro entre el hijo entregado y su madre biológica es el Servicio Nacional de Menores, Sename, a través de su programa Búsqueda de Orígenes. Hay ocasiones en que la madre accede al encuentro, y este se produce. En otras, la madre se niega y Sename respeta ese derecho y no hay reunión. Pero, en ambos casos, el hijo accede a la información sobre sus orígenes.

Tener acceso a los antecedentes completos del origen biológico y del proceso adoptivo es un derecho que recién se reconoció en 1999. "Hasta 1988", explica Consuelo Gazmuri, asesora de la Dirección Nacional de Sename, "esos antecedentes relativos a su verdad biológica eran destruidos por los tribunales como si ser adoptado constituyera una situación vergonzosa que debía ser ocultada. De hecho, la intensa búsqueda que estamos viendo ahora es inédita. Antes los padres jamás les contaban a sus hijos que eran adoptados; era un secreto que se llevaban a la tumba".

En los casos de las adopciones irregulares recientemente denunciadas, la esperanza de dar con un antecedente legal que revele el origen es todavía más esquiva. Ni siquiera se puede soñar con la idea de que los papeles se hubiesen salvado del fuego. En la mayoría de los casos, los certificados de parto fueron falsificados, haciendo pasar a los hijos adoptados como hijos biológicos; en otros, los padres adoptivos inscribían directamente en el Registro Civil a hijos ajenos como propios y no quedó registro alguno de quiénes fueron los progenitores.

También es una odisea para los afectados escudriñar las fichas de los hospitales o de las clínicas donde supuestamente nacieron, pues algunas cambiaron de domicilio, de nombre o simplemente desaparecieron. "En el mejor de los casos, es decir, si la maternidad donde los dieron a luz todavía existe, necesitarían el nombre de su madre biológica para bucear en esos archivos", comenta Gazmuri. Y resume: "La búsqueda que estamos presenciando es tanto o más difícil que encontrar a un detenido desaparecido".

Ester supo que era adoptada a los 15 años y también que vestía este chaleco en sus primeras horas de vida. Ella piensa que, por sus características, su madre biológica pudo habérsela comprado en una tienda antes de separarse de ella. "Tengo la sensación de haber registrado su cariño a nivel inconsciente, pero también cabe la posibilidad de que sea la idealización de la imagen materna a la que aspiro", dice Ester.

SECRETOS DE FAMILIA

Cuando empezaron a aparecer estos casos en la prensa después de un artículo publicado por el Centro de Investigación Periodística Ciper en abril pasado, en los que se vincula al sacerdote Gerardo Joannon y al fallecido ginecólogo Gustavo Monckeberg, ocurrieron dos fenómenos: se creó el sitio web Nosbuscamos.cl que ya acumula más de 1.800 relatos tanto de madres que buscan a sus hijos como de chilenos que tienen dudas sobre la legalidad de su adopción y buscan a sus progenitores. Y el Sename convocó a los afectados a denunciar su caso a la justicia habilitando un correo electrónico para ese fin. En solo dos semanas recibieron más de 50 solicitudes.

La judicialización de los casos, que echa a andar una exhaustiva investigación, ayudaría a despejar el camino para quienes tienen mil preguntas sobre sus orígenes. Sin embargo, muy pocos están dispuestos a llegar a la justicia: temen que sus padres adoptivos, a quienes quieren, reciban un eventual procesamiento.

"Lo que está saliendo a la luz son secretos de familia que se han guardado por años y que obedecen a una sociedad y a una época muy distinta a la de hoy", explica Carolina von Schakmann, abogada del departamento de Adopción de Sename hace 21 años. "Lo que está pasando ahora son las consecuencias de una normativa con muchos vacíos que como sociedad mantuvimos por décadas y donde la adopción se concebía como una solución para los matrimonios que no podían tener hijos y no pensando en el interés superior de esos niños que, hoy siendo adultos, están presionando por conocer la verdad de su origen".

Ester Herrera inició una campaña en las redes sociales en las que hace un llamado público de ayuda e información para encontrar a su madre biológica. Posteó una carta dirigida a su progenitora y publicó fotos de ella de guagua y del chalequito de lana que llevaba puesto el día que la entregaron. "Esa prenda se ha convertido en mi carnet de identidad".

"Antes de 1999, cuando se cambió la ley de adopción, el Sename no tenía las potestades que tiene hoy y el proceso de adopción era más fácil: hoy demora 2 años en promedio y los padres adoptivos deben someterse a una exigente evaluación. Antes se tramitaba directamente la adopción en los tribunales de menores, que pedían un certificado de un sicólogo y de una asistente social para tramitarla. Además, se podía ir a los hogares de niños y elegir entre las muchas guaguas cuál querías llevarte, algo que hoy es impensado", relata la abogada Carolina von Schakmann.

Es posible que en varios de los casos que hoy están apareciendo la adopción haya ocurrido por voluntad de la madre biológica. Sin embargo, en las denuncias también se puede entrever que algunas situaciones son mucho más delicadas porque, presumiblemente, hubo engaño a la madre, violación de sus derechos o incluso la existencia de asociación ilícita, de una red para traficar menores que pudieron ser enviados al extranjero.

La avalancha de casos que recibió el Sename en el correo electrónico que habilitó para este fin, motivó al organismo a interponer una denuncia para que se investigara a quienes resulten responsables de estas adopciones ilegales en la Fiscalía Centro Norte. Esta comenzó a investigar y, tras dos meses, se declaró incompetente: señaló que como los hechos ocurrieron antes del año 2000, deben ser investigados por el sistema penal antiguo y derivó los antecedentes a la Corte de Apelaciones, que a su vez los dejó en manos del ministro en visita Mario Carroza.

Carroza aceptó su competencia en varios casos de sustracción de menores de edad que habrían ocurrido en cuatro hospitales: el Barros Luco, el San Borja Arriarán, el Hospital de Chillán y el Calvo Mackenna y en dos clínicas, Carolina Freire y Santa María.

Paralela a la denuncia del Sename que abrió la investigación judicial, el abogado Cristián Letelier presentó, en junio, otras dos querellas por violaciones a los derechos humanos, asociación ilícita y sustracción de menores. En total, ya suman 12 los casos que investiga Carroza. Uno de ellos, es el de María Rojas.

María Rojas tenía 16 años cuando quedó embarazada de sus primeros hijos. Unos gemelos que, junto con su esposo Hernán Cavieres, decidieron llamar Sebastián Ignacio y Juan José. Soñaban tener una familia numerosa hasta el 27 de julio de 1984, cuando después de parirlos, le dijeron que habían muerto. Ella cree que le mintieron. "Nunca me entregaron ni sus cuerpos ni sus certificados de defunción", dice María.

"MIS GEMELOS NO MURIERON"

Hace cuatro años, cuando María Rojas (46) acompañó a su hija Carol hasta el Hospital de Rancagua para que tuviera a su nieta Fernanda, le sudaban las manos. "Hija, no te duermas por ningún motivo. No pierdas de vista a tu guagua", le gritó mientras la ingresaban a la sala de parto.

María tenía razones fundadas para decirle eso a su hija. El 27 de julio de 1984 ella, a sus 16 años, llegó al mismo Hospital de Rancagua para dar a luz a sus primeros hijos, unos gemelos que se llamarían Sebastián Ignacio y Juan José. Los alcanzó a tener en sus brazos, un médico se los llevó a control, y nunca más los vio.

"Tenía siete meses de embarazo, pero creo que como yo era muy chica se adelantaron en salir. Llegué con contracciones al Hospital de Rancagua. Me derivaron de Rengo, y de ahí a Santiago. No conocía la capital. Cuando llegué al Barros Luco llovía furiosamente. Era un día muy feo. Entre truenos y relámpagos escuché llorar a mis hijos que salieron de mis entrañas", dice María como si lo volviera a vivir.

María estaba sola en la sala de parto junto a un equipo médico compuesto por cinco doctores que le pasaron a sus guaguas, una en cada brazo. Ella les contó sus deditos y lloró. Quería que su esposo Hernán Cavieres llegara pronto desde el sur donde estaba trabajando. Quería contarle que lo habían logrado: que tendrían la familia numerosa que soñaban.

"Son prematuros pero tienen buenos pulmones, están en buen estado", escuchó María que dijo el médico antes de llevarse a sus guaguas a la incubadora. Horas más tarde una monja que María reconoció como sor Graciela Soto le dijo que sus hijos habían muerto. "Tus hijos murieron y no hagas escándalo, me dijo. Me toqué los pechos, estaban llenos de leche. Lloré. Creo que mi llanto se escuchaba desde la calle", rememora María.

Hernán llegó ese mismo día apurado por ver a su mujer. En el camino le pasaron unos papeles que no leyó y firmó. "¿Dónde están?", preguntó. "Entonces le dijeron que los niños habían fallecido", cuenta María.

Tres días después, el 30 de julio, la pareja salió del hospital sin sus hijos. Tampoco los enterraron porque nunca les entregaron un certificado de defunción ni los restos de sus guaguas. La situación se volvió doblemente rara cuando a su domicilio llegaron dos carabineros a increparlos por abandono de menores.

–Vaya a buscar sus guaguas, señora, e inscríbalos en el Registro Civil–, le dijeron a María, que abrazó los 90 piluchos que aún conservaba de sus hijos en la habitación donde estaban las cunas, y partió. "Pero en el hospital me quitaron de las manos el certificado de parto con que reclamaba a mis hijos y me trataron de loca".

María y su marido, aseguran, reclamaron el cuerpo de los recién nacidos durante todo ese año, en varias ocasiones. Siempre se los negaron. Pasaron estos 20 años con el sentimiento de que les habían mentido y que sus hijos estaban en alguna parte.

Hasta que este año supieron de las adopciones irregulares y decidieron volver a la carga.

El 9 de junio, María interpuso la primera querella criminal por violación a los derechos humanos contra todos quienes resulten responsables de la sustracción de menores y asociación ilícita de sus gemelos. Hoy es una de las causas que investiga el ministro Mario Carroza. "Quiero saber de mis hijos: cómo viven, qué hacen, qué comen. Quiero decirles que no los abandoné", dice María, que hoy solo conserva como prueba de ese parto el carnet de maternidad de color salmón donde dice que ella dio a luz ese día a dos recién nacidos vivos.

El caso de María no es el único que se reporta en el Hospital Barros Luco. Cristián Letelier, abogado patrocinante de María, así lo asegura. Él también representa a otros dos padres afectados: Marcela Quincha y Carlos Zurita, de Paine. Esta pareja tuvo el 18 de septiembre de 1987 en el Hospital de Buin a su hija Bernardita del Carmen. La matrona que atendió su parto, de quien solo recuerdan su nombre: Rosa, así como el apellido del doctor, Ramírez, les dijeron que la niña había nacido con una malformación congénita en su columna y que había que trasladarla al Hospital Barros Luco.

Marcela no viajó hasta allá, la dejaron seis días hospitalizada en Buin, pero su marido y su madre, Olga Benavides, sí fueron. Pero cuando quisieron ver a la guagua les dijeron que a Bernardita no se le podía ver.

Seis días después, Marcela llegó a reclamar a su guagua. Calcula que era el 24 de septiembre. Entonces una enfermera le señaló que tenía que pasar al banco de leche de Neonatología para ver a su hija. Fue entonces cuando su marido y ella pudieron por fin estar con la recién nacida y acariciarla: medía 49 centímetros y pesaba 3 kilos. Contrariamente a lo que dijeron los médicos, que su bebé presentaba problemas de salud graves, no le vieron signos de anormalidad. "Cuando vimos a nuestra hija en la incubadora no notamos nada extraño, se veía normal. Estaba solo tapada con un pañal de género más un calzón de broche. Al día siguiente volví al banco de leche a visitarla y pregunté cuándo podría llevármela a la casa. Fue entonces que los médicos nos manifestaron que estaba muy grave y que la tenían que operar, que la cirugía era compleja y que podía quedar con secuelas físicas y mentales", declaró Marcela en la querella que presentó a la justicia.

Una monja que encontraron en el pasillo, de hábito negro, les dijo que su hija estaba grave y se ofreció para darle la extremaunción. Ellos aceptaron.

Un día después, el 27 de septiembre de 1987, les dijeron que la niña había fallecido y que volvieran con un cajoncito para que pudieran llevarse sus restos. Carlos, que es maestro en construcción, se lo fabricó. A primera hora del día siguiente llegaron con él hasta el Barros Luco para llevarse a Bernardita. "El funcionario del recinto hospitalario encargado de entregar los cuerpos a los familiares nos dijo que nuestra hija no estaba porque ya la habían mandado a una fosa común ante lo que insistimos en la entrega de su cadáver. No hubo caso, el funcionario no nos entregó a nuestra hija y tampoco ningún documento", se lee en la querella.

Ese día Carlos y Marcela, que entonces tenían 23 y 16 años, se vinieron caminando hasta Buin con ese cajón vacío en las manos. Y, aunque Marcela tuvo tres hijos después de este episodio, nunca olvidó a esa hija. Está segura de que se la robaron.

"Tus hijos murieron y no hagas escándalo", le dijo una monja horas después de que María Rojas diera a luz a sus gemelos, que asegura nacieron vivos, en el Hospital Barros Luco. "Me toqué los pechos, estaban llenos de leche. Lloré. Creo que mi llanto se escuchaba desde la calle", rememora María, que ahora interpuso una querella por sustracción de menores.

"UNA DUDA ME ATORMENTA"

La truculencia de estos casos abre preguntas incluso allí donde se creían cerradas. Preguntas que afloran en casos de adopción donde esos niños, hoy adultos, reconocen haber sido acogidos por padres que los quisieron y los cuidaron. Esto es lo que le sucede a Sylvia Hernández (43, periodista) una chilena que vive en Alemania.

Todas las noches, después de que su marido e hijos se duermen, se conecta a facebook y chatea hasta las tres de la mañana con otros chilenos, adoptados como ella, que buscan a sus progenitores desde que estalló el caso Joannon. El grupo se llama Hijos y Madres del Silencio y fue creado por Sylvia. "Somos como una suerte de familia que se da ánimo y se ayuda mutuamente para esclarecer la verdad. Es bien terapéutico".

Sylvia necesita esa contención. Porque está lejos. Pero también porque tiene una conversación pendiente con su padre adoptivo (su madre adoptiva falleció hace 10 años), a quien quiere hacerle todas las preguntas que tiene atragantadas cuando viaje a Chile en septiembre. Esas respuestas son vitales para buscar a su progenitora.

"Esto ha sido un terremoto para mí. Por ser adoptada siento que no estoy parada en suelo firme, pero las noticias de las adopciones irregulares me han remecido aún más".

Sylvia supo a los 21 años que era adoptada. Según le explicaron, el 30 de julio de 1971 una asistente social los llamó cuatro días después de su nacimiento para contarles que había una niña que necesitaba una familia y que debían ir a buscarla a una casa particular de Providencia.

"Esa versión fue cambiando y aparecieron las contradicciones. Mi mamá, cuando estaba viva, me dijo que el enlace lo había hecho una asistente social que mi padre conocía de su trabajo. Pero mi papá asegura que fue una asistente social del Hospital Salvador. Siempre pensé que había nacido en ese hospital. Pero hace un mes, pedí el acta de mi nacimiento y ahí se lee que nací en un domicilio y no en el hospital. El acta está firmada por dos testigos: una de ellas es la que fue mi nana. Ahora estoy tratando de ubicarla", cuenta.

"La intensa búsqueda que estamos viendo ahora es inédita. Antes los padres jamás les contaban a sus hijos que eran adoptados; era un secreto que se llevaban a la tumba. Y los antecedentes relativos a la verdad biológica eran destruidos por los tribunales como si ser adoptado constituyera una situación vergonzosa que debía ser ocultada", dice Consuelo Gazmuri, asesora de la dirección nacional de Sename.

Cuando comenzó a saberse de las adopciones irregulares, Sylvia llamó a su papá a Chile y le preguntó si su adopción había sido irregular. "Me respondió: '¡pero cómo puede ser ilegal si lo hicimos todo por medio de una asistente social!'. Pero lo cierto es que pudo hacerse a través de una asistente social, pero de forma irregular".

Sylvia hoy quiere indagar sobre su origen. Saber sobre su progenitora. Para ello necesita más pistas. Se pregunta si acudir o no a la justicia. Piensa en enfrentar a su padre, pero sabe, será difícil. "La única vez que he visto llorar a mi padre fue ese día en que me contaron que me habían adoptado. No lo hizo ni cuando falleció mi madre adoptiva. Es muy fuerte sentir que lo hago sufrir con mi necesidad de verdad. Cuando le pregunto sobre mi origen, se bloquea, es como si le diera amnesia. Yo creo que por sobrevivencia también han olvidado, o que hubo preguntas que prefirieron no hacer".

Pero Sylvia tiene una duda dolorosa. Una que nunca antes se había atrevido a formular. Se le metió en la cabeza y no la logra sacar: "Tal vez pagó por mí y no me lo quiere decir. Tal vez yo soy una de esas guaguas robadas".