Yasis Abaroa (22) vive en la comuna de Puente Alto con su madre y su hermano menor (14). Está en tercer año de Publicidad en el Instituto Duoc y tiene promedio 5,8. Sus padres se separaron en 2007 y desde entonces es su madre la que se ha llevado todo el peso de los gastos de la casa y de la crianza de sus dos hijos, trabajando como vendedora en una farmacia.
Su padre es inspector de un colegio y solo aporta con 50 mil pesos mensuales por el hermano adolescente de Yasis. "Mi mamá nunca demandó a mi papá por pensión alimenticia, quizás por orgullo, por no molestar. Y, en cambio, se ha matado trabajando, haciendo turnos dobles", dice. Yasis también trabaja como promotora unos días y animadora de eventos para niños los fines de semana, con eso se paga la locomoción, los materiales de estudio y, además, aporta para la casa. Además, mensualmente debe arreglárselas para pagar los 90 mil pesos de intereses por un crédito a cinco años que pidió para estudiar. Debe casi cuatro millones.
"Siempre consideré que la situación era injusta, que habría sido infinitamente más sencillo contar con algún apoyo económico porque la educación es tan cara. Todos alguna vez necesitamos que nos tiendan una mano", reflexiona Yasis.
En enero de 2012 invitó a su papá a un almuerzo familiar para pedirle una mesada de treinta mil pesos para materiales y locomoción. "¡Ya estás grande, no te voy a dar nada, demándame si quieres!", fue la respuesta golpeada que recibió de su padre. Después de ese episodio averiguó qué podía hacer al respecto y se enteró que la pensión de alimentos mayores –a la que tienen derecho los hijos de padres separados hasta los 21 años– podía extenderse hasta los 28 cuando los hijos siguen estudios superiores y por un monto que, además, debe incorporar la mensualidad escolar. Esta es una demanda que suelen interponer, tras la separación, las madres o los hijos mayores de 18 años.
En abril pasado Yasis demandó a su padre en los Tribunales de Familia por pensión de alimentos mayores. En las primeras mediaciones su padre no se presentó. La audiencia fue la última semana de octubre donde se fijó que su padre tiene que depositarle 71.200 pesos mensuales. Con esta suma Yasis ahora paga parte de los intereses del crédito que pidió. "Mi sueño es terminar mi carrera y especializarme en el extranjero para ser una tremenda profesional. Así podría ayudar a mi mamá para que no esté obligada a trabajar tanto y pagarle los estudios a mi hermano, para que no pase por lo mismo que he tenido que pasar yo", dice.
Hijos empoderados
Entre 2009 y 2011, los casos como el de Yasis por demandas por alimentos mayores pasaron de ser 1113 a 1336, un aumento de 20% según las cifras de la Corporación de Asistencia Judicial, –servicio público, sin fines de lucro, encargada de proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas–. De enero a octubre de este año han ocurrido 1270 demandas por alimentos mayores y 70% son interpuestas por los propios hijos.
Claudio Valdivia, director general de la institución, explica que la ley es clara sobre el tema y que al derecho a alimento pueden acceder todos los hijos. Agrega que la mayoría de la gente ignora que este derecho se extiende en caso de que los hijos sigan estudios superiores. "La pensión por alimentos se puede exigir por parte de los hijos a cualquiera de los padres hasta los 21 años según el Código Civil en el artículo 332, sin perjuicio en el caso de que una persona esté estudiando donde se prolonga hasta los 28 años y cuando el joven termine su carrera".
El abogado explica que el perfil de los jóvenes que demandan a sus padres son estudiantes que llegan muy bien informados. Lo atribuye, en parte, al movimiento estudiantil de 2011, que puso en el tapete temas como el financiamiento de los estudios superiores, los accesos a créditos universitarios y cómo la información socio-económica de sus padres es relevante para los efectos de esos trámites.
Para el director de la Corporación este es uno de los puntos más importantes, porque es la situación económica del padre la que determinará cuál es el aporte que se le debe entregar, y que el joven trabaje no es excluyente. "Se puede estar frente a una persona de veinte años que está trabajando, pero que con ese dinero aporta a su casa, en ese caso los ingresos que recibe no son para sus estudios y el padre debe pagar lo que necesite", dice.
Valdivia agrega que la ley establece un pago mínimo para esta pensión que hoy bordea los 80 mil pesos y se tiende a pedir el monto de la mensualidad o de la matrícula para la carrera, a eso también se puede incluir la mantención de vestimentas, alimentos y locomoción. "El cumplimiento del pago de estas pensiones es mayor al pago de alimentos menores. Cuando hablamos de alimentos mayores, estamos hablando de un demandante instruido que tiene mecanismos y más tiempo para hacerlo. Por ejemplo para una ex cónyuge con hijos pequeños le es mucho más difícil reunir todos los papeles para la preparación de una demanda de este tipo", comenta.
El promedio de juicio de una demanda de alimentos presentada en los tribunales para la primera audiencia va de 30 a 60 días. El 80% de los casos se resuelven en esa audiencia, el 20% restante se debe realizar una audiencia de juicio y tiene los mismos plazos de agendamiento. En promedio una causa por alimentos no debiera demorar más de tres meses.
"El orgullo no sirve para pagar una carrera universitaria y, cuando las mujeres no crean el vínculo de la obligación de compartir las responsabilidades económicas y afectivas con el padre, se genera esa situación donde el padre siente que no tiene ningún deber", comenta la jueza de familia Gloria Negroni.
Gloria Negroni, magistrada del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, explica que, a pesar de que la mayoría de los casos se resuelven con rapidez, existen los mecanismos para cumplir con las resoluciones judiciales ya sea que se llegue a un acuerdo de la pensión o se haya acordado por una sentencia. "Si el padre no paga, primero está la suspensión de licencia, retención vía impuesto, reclusión nocturna y después con reclusión efectiva, en general cuando se llega a eso es con los casos más extremos".
Para la jueza la causa de que existan en Chile casos que llegan hasta este punto es porque en nuestro país no hay una cultura de la corresponsabilidad parental. "Ambos padres son iguales en deberes y derechos respecto a los hijos. Hay muchas mamás que dicen 'yo me la puedo sola, no voy a demandar, porque no quiero que esa persona se relacione conmigo o con mi hijo', pero cuando los hijos son más grandes y tienen más necesidades, a la madre ya no le alcanza, se producen las demandas de alimentos mayores por parte de los hijos".
Negroni es enfática para describir que hay un comportamiento marcado de estas madres que actúan como súper mamás, que soportan solas toda la labor y los gastos, una actitud que va en desmedro de los hijos. "El orgullo no sirve para pagar una carrera universitaria y, cuando no creas el vínculo de la obligación de compartir las responsabilidades económicas y afectivas, se genera esa situación donde el padre siente que no tiene ningún deber", comenta.
Los costos emocionales
El último fin de semana largo, Matías Tschulnigg (19) se lo pasó estudiando en el pequeño departamento que comparte con su madre y su hermano chico en Santiago Centro. Rodeado de facsímiles de matemática que ejercitó completos, porque quiere dar una buena PSU y entrar a estudiar Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Se la ha jugado por lograrlo. Ex alumno del colegio San Juan de Las Condes, salió con promedio 6,4, uno de los promedios más altos de su generación. Sin embargo, para cumplir su sueño de llegar a la universidad ha tenido que resolver una situación familiar; sus padres son separados y el único progenitor que cuenta con recursos para costear una carrera es su padre, que no quiere pagar su universidad. Matías y su padre no se llevan bien.
"Egresé en 2010. Cuando tuve que postular a la universidad, mi papá quería que quedara en una estatal para ser yo quien pidiera el crédito a mi nombre. Así lo hice: pedí un crédito con mi padre como aval y entré a Ingeniería Civil e Informática en la Universidad Federico Santa María, donde el arancel anual es de tres millones y medio. Pero no me gustó y cuando quise cambiarme a Ingeniería Comercial a una privada, él me quitó su apoyo. Me quedé con una deuda por resolver, porque como aval él no quiso pagar, y sin posibilidad de pedir un nuevo crédito para estudiar lo que yo quería. Estaba atado de manos y necesitaba el respaldo de mi padre para resolver esta situación. Pero él no quiso ayudarme", dice.
Tras fuertes discusiones con su padre por este tema, Matías dejó la casa de su padre, donde vivía con él y su hermano menor y se fue a vivir con su madre, que trabaja como secretaria y no tiene recursos para ayudarlo a costear una carrera universitaria. Buscando alternativas se enteró que existía la posibilidad de exigir pensión de alimentos en Tribunales de Familia. Hizo la consulta en la Corporación de Las Condes donde la asistente social le confirmó que su situación daba para una demanda por alimentos mayores.
"Es triste tener que llegar a demandar a tu papá para poder estudiar. Pero si no fuera por esta demanda, yo no podría pensar en entrar a la Universidad. Fue una medida desesperada, porque conversando con mi padre nunca pude llegar a acuerdo", dice Matías Tschulnigg.
Le dijeron que lo primero que tenía que hacer era demostrar sus gastos mensuales y la situación financiera de su progenitor. Matías fue al Conservador de Bienes Raíces, a los bancos y a las casas comerciales. "Mi papá se defendió argumentando que no tenía pega, pero yo sabía que no estaba cesante, sino que se había tomado un año sabático. Tuve que demostrar que recientemente se había comprado un bote, un LCD de un millón de pesos y un equipo de sonido, y que tenía depósitos a plazo", confiesa.
El llamado a conciliación no prosperó, y en junio le advirtieron a su padre que se podía ir a cárcel por no pago de pensión. Desde entonces se resolvió que el padre debía cancelar la deuda existente por el crédito universitario y pagar el dinero atrasado más cien mil pesos lo que da un total de 200 mil que le depositan en una cuenta vista que le abrieron en la Corporación. En enero esa cifra debe aumentar a un 25%.
"Si no fuera por esta demanda, yo no podría pensar en entrar a la universidad. Fue una medida desesperada, porque conversando con mi padre nunca pude llegar a acuerdo", dice Matías. La última vez que Matías vio a su papá fue en julio, en tribunales. Hizo como que no me conocía, pasó sin mirarlo. "Eso me dolió, porque es triste tener que llegar a demandar a tu papá para poder estudiar", confiesa Matías.
Germán Morales, sicólogo clínico de la Universidad Católica, especialista en temas de familia, explica que demandar al padre puede tener un efecto ambivalente en los jóvenes. Si bien es aliviador el resarcimiento económico y que exista un tercero –como un tribunal– que dirima este tipo de casos, el conflicto constante hace patente la falta de preocupación. "Eso no repara la ausencia paterna, sobre todo dependiendo de cómo se construye ese conflicto, ellos sienten que les van a dar alguna pensión porque es el Estado el que los obliga, que esa ayuda está ocurriendo de forma coactiva. Es una sentencia doble: un alivio con un sabor amargo".
David Abuhadba, presidente de la ONG Amor de Papá, advierte que hay muchos padres separados que se preocupan de los hijos y cumplen con sus obligaciones. Y que esta idea de las madres persiguiendo a los papás para que paguen pensiones, es parte de la mala imagen que se tiene de los padres. "En cierta medida es culpa de la ley que tenemos que funciona con las madres como dueñas de los hijos y facilita que esto ocurra. Todo se arreglaría con una ley de corresponsabilidad parental", señala.
Abuhadba cuenta su propia experiencia: "A los 15 años mi hijo se vino a vivir conmigo, llevo más de año y medio en tribunales para quedarme con el cuidado personal definitivo de mi hijo. Absorbo todos los gastos y su mamá en un año no ha dado un peso. Sé que los padres preocupados somos una minoría, pero hay que mirar la otra cara de la moneda. Mi hijo demandará a su madre por alimentos mayores cuando cumpla los 18", remata.
Francisca Corona, pediatra especialista en adolescentes y jóvenes de la Clínica Las Condes, cree que un joven se enfrente judicialmente a su progenitor es un paso extremo para lograr que cumpla con las obligaciones legales de su rol. Para llegar a esa instancia generalmente existe un período extenso en que el padre ha evadido su deber, lo que en su opinión ocurre con frecuencia. "Eso es de mayor gravedad: el abandono emocional, aún en jóvenes adultos, puede ser extremadamente dañino.
Entre los efectos de estas situaciones están la inseguridad ante el futuro, el descenso del rendimiento académico, conmoción del sistema de valores adquiridos y la desconfianza ante las relaciones personales", comenta y acto seguido agrega. "No he visto bienestar emocional; se genera tranquilidad económica lo que es bastante importante cuando ha estado en juego la posibilidad de estudiar, pero al mismo tiempo hay mucho dolor y rabia por haber tenido que llegar a ese extremo que implica una ruptura con el padre demandado", dice.
