El drama del vientre de alquiler

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A propósito de la pareja chilena que viajó a Perú a realizar vientre de alquiler y cayó presa por supuesta trata de personas, conversamos con el argentino Juan Pablo Rojas, abogado especialista en el tema. Aquí explica los detalles del procedimiento y exige con urgencia que se legisle sobre maternidad subrogada en Latinoamérica para evitar casos como este.




Después de pasar días en prisión, el sábado levantaron la prisión preventiva a Rosario Madueño (46) y Jorge Tovar (48), quienes pusieron reencontrarse con sus hijos recién nacidos. La pareja de chilenos viajó en 2013 a Perú a realizar un proceso de vientre de alquiler y fue encarcelada luego de que el poder judicial peruano dictara prisión preventiva por un año por supuesta trata de personas.

El argentino Juan Pablo Rojas ha seguido de cerca el caso. Es abogado especialista en vientre de alquiler y fundador de Maternidad Subrogada, una organización que se dedica a prestar asesorías jurídicas en estos casos. La investigación sigue en curso, por filiación indebida y utilización documentación falsa, por lo tanto los detalles del caso todavía no se conocen. Hasta el momento, la información que ha aparecido en la prensa indica que, como la mayoría de las parejas que acuden a este tratamiento, Madueño y Tovar tenían dificultades para procrear y después de diez años intentándolo y de varios intentos de reproducción asistida en una clínica especializada en Lima, optaron por la maternidad subrogada o vientre de alquiler. Con una extracción de óvulos de una donante anónima y una de espermatozoides de Tovar, se dio origen a embriones que fueron transferidos al útero de una tercera mujer. Y que transcurridos casi nueve meses, dio a luz a dos mellizos el 28 de julio. Cuando la pareja -que en materia de maternidad subrogada se llaman madre y padre comitentes- intentaba volver a Chile con las dos guaguas, fue detenida por la policía peruana por el cargo de delito de trata de personas.

¿Consideras injusto lo que está viviendo esta pareja?

Totalmente injusto. La justicia peruana no debiera haberlos detenido, menos dictarles prisión preventiva por 12 meses y quitarles la custodia de los niños. Eso para un padre es terrible. La acusación de trata de personas es infundada. La trata de personas puede ocurrir cuando una mujer que tiene un hijo no lo quiere tener y lo entrega a una pareja a cambio de dinero. Eso es un delito y para que ello ocurra el hijo tiene que ser propio de quien lo da. En este caso, este bebé biológicamente no es de la gestante peruana, entonces no habría trata de personas.

¿El problema fue que inscribieron a la madre comitente como madre biológica?

Ese es el procedimiento usual de la maternidad subrogada, lo irregular es haber cambiado el certificado de forma privada sin la intervención de un juez de familia que ordenara esa modificación. En este caso el certificado original de parto, que habría estado a nombre de la gestante, parece que ha sido reemplazado por uno adulterado. Si han hecho esa adulteración sobre las partidas -lo cual no es culpa de la pareja, sino del centro de reproducción peruano o de quien los haya asesorado en Perú- es probable que los condenen, tristemente. Lo más preocupante es que en estos casos se corre el riesgo de que los niños sean dados en adopción y que ellos pierdan esa filiación.

¿Cómo se podría evitar que sigan ocurriendo estas cosas?

Una de las maneras es recurrir a profesionales con experiencia. Hay una multitud de ofrecimientos de gente inescrupulosa que ofrece este tipo de tratamientos de forma totalmente irregular, sin autorización ni capacitación. Así es como se producen estos conflictos tan graves. Se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas, que sufren de desesperación porque a veces hace diez años que intentan tener hijos y no pueden, han tenido abortos espontáneos y encuentran una opción en otro país. Se confían y son engañados. También hay una responsabilidad de los estados, en este caso del estado peruano, de no perseguir estas prácticas de aprovechamiento, sin tener ningún tipo de legislación.

En Sudamérica el vientre de alquiler está legislado en Brasil y en Uruguay, donde se permite solamente para ciudadanos de esos países y siempre y cuando la gestante sea familiar y no reciba dinero a cambio. En otros países, como Ucrania, Georgia y Estados Unidos, la maternidad subrogada es legal y existen programas de reproducción asistida que por 30 o 40 mil euros incluyen todo: compensación de la gestante, tratamiento médico, alojamiento.

En Chile no existe una ley que regule la maternidad subrogada. El único intento de hacerlo fue un proyecto de ley que ingresó en 2008 la UDI para penalizarla. Por ahora, no es un procedimiento ilegal, pero la constitución sí indica que el hijo es de la mujer que lo gesta. Por eso hay quienes viajan a otros países a realizar este proceso.

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Así como Madueño y Tovar fueron a Perú, Juan Pablo Rojas ha recibido a dos parejas de chilenos que han viajado a Argentina para realizar este proceso con su asesoría. Lo primero que hacen es contactarse con una mujer que esté dispuesta a ser gestante, a veces por razones altruistas y a veces a cambio de un pago. Allá no hay legislación que rija la maternidad subrogada, pero no hay nada que la impida. Para asegurar que no habrá problemas con la potestad patria del hijo, el abogado hace una solicitud a un juez para conseguir una autorización previa que determine que el futuro bebé será inscrito como hijo de la madre y el padre comitente. Recién con esa sentencia en mano, comienza el tratamiento médico. Cuando la guagua nace, se inscribe como hijo de la madre y el padre comitente, quienes vuelven a Chile sin problemas con su nueva familia.

¿Esta es unan tendencia que va en alza?

Sí. Hay un evidente aumento sobre todo en América del Sur. En España ha aumentado muchísimo también. Esto porque hay factores que antes no se daban y ahora sí. Uno de ellos es la apertura hacia parejas del mismo sexo. En Argentina, por ejemplo, desde 2013 existe el matrimonio igualitario y desde 2015 el Código Civil establece que el matrimonio es entre dos personas, sin aludir al sexo. Se ha desmitificado el tema y los matrimonios de varones, que son quienes necesitan este tratamiento, se van animando a concretar su proyecto familiar. Otro factor es que se ha logrado una masificación en técnicas de reproducción asistida, antes era un tratamiento de alta complejidad, muy pocas clínicas tenían la tecnología necesaria y era mucho más caro.

En Chile existe un acuerdo de unión civil para parejas del mismo sexo, pero no matrimonio igualitario. ¿De qué forma puede influir esto para acudir a una maternidad subrogada?

La unión civil es un paso previo al matrimonio y otorga menos derechos entre las partes. Al legalizar el matrimonio igualitario, se reconoce el derecho a formar una familia, procrear, tener hijos. Es una consecuencia legal necesaria que se permita entonces la adopción y la maternidad subrogada. Sería inconstitucional en cualquiera de nuestros países que una pareja se pueda casar pero no adoptar.

¿Qué es lo pendiente en materia de maternidad subrogada?

En los países latinoamericanos en que no existe, lo pendiente es que haya leyes de matrimonio igualitario y de maternidad subrogada donde se regulen los distintos aspectos y se le de seguridad jurídica a las personas. Los derechos reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos. También el derecho de acceder a los avances de la ciencia, en este caso en materias de salud reproductiva. El Estado debe garantizar esos derechos y no hay mejor manera que con una ley que reconozca la discapacidad que tienen muchos matrimonios de poder formar una familia.

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