Las cifras que no conocíamos sobre la Ley de Aborto

A principios de agosto se dieron a conocer una serie de datos recopilados por el Departamento de Estadística e Información de Salud de Chile (DEIS) que dan cuenta del estado y la real aplicación que ha tenido la Ley 21.030 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Este mes, la Ley IVE como se le conoce también, que regula el aborto en tres causales cumple seis años desde su promulgación y, las estimaciones que en algún momento se hicieron respecto de los efectos que tendría en la salud de miles de mujeres están lejos de las cifras al día de hoy.

Un documento publicado en 2021 por un equipo de asesoría técnica parlamentaria disponible en la Biblioteca del Congreso, explica que, de acuerdo con cifras no oficiales el número de abortos en Chile al momento de la promulgación de la Ley IVE variaba entre 60 mil y 300 mil al año. Números que para nada se condicen con los últimos reportes hechos por el Minsal que hablan de solo 3000 abortos bajo el amparo de la ley hasta junio del año pasado.

De acuerdo con información publicada por el Minsal, “al implementar la ley se proyectaban 3.000 casos anuales, sin embargo, se han realizado 3.300 intervenciones entre 2018 y 2022″. Los especialistas de la organización dedicada a la protección y educación en derechos sexuales y reproductivos APROFA agregaron que estas cifras no son un reflejo de una drástica disminución en el número de abortos en Chile sino más bien de que un alto porcentaje de las interrupciones del embarazo se hacen en la clandestinidad. Al margen de una ley que simplemente no ha sido suficiente.

En este contexto de cifras fantasma y de poca claridad respecto a lo que realmente sucede a nivel nacional, el tema de la objeción de conciencia de los médicos e instituciones de salud salta, para los expertos, como una de las grandes falencias de la Ley IVE. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informó que 4 de cada 10 médicos obstetras en el sistema público se declaran objetores de conciencia bajo la causal de violación —que les permite eximirse de parte de sus obligaciones como médicos tratantes de una mujer gestante cuando ésta opta por el aborto—, mientras que en los casos de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal los porcentajes son un 15% y 23% respectivamente.

Estos datos se vuelven particularmente alarmantes cuando se asocian con el perfil de quienes abortan en Chile. Según información entregada también por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género un 84% de los abortos actualmente se realizan bajo el sistema público, en el que muchos médicos son objetores de conciencia, y el promedio de edad de mujeres que abortan bajo la causal de violación es de 13 años.

Ante este escenario de niñas que quedan en la indefensión por una ley que hoy no resguarda sus derechos, Fernanda Cabrera, enfermera matrona miembro del área de educación de APROFA, explica que en los últimos cuatro años distintas organizaciones de la sociedad civil han realizado monitoreos a la Ley IVE que han dejado en evidencia las barreras que dificultan su correcta implementación. “Una de ellas la desinformación respecto a la posibilidad de acceder a esta ley y luego lo que esta implica”, explica Fernanda.

Sin embargo, agrega que, otra de las trabas significativas para las niñas y mujeres tiene que ver con la falta de formación y capacitación de profesionales de la salud involucrados en la implementación de esta norma. “Esto vuelve aún más complejo el acceso de las personas a la información y el ejercicio de su derecho a decidir”, agrega. Fernanda confirma que, actualmente existe una amplia adhesión a la objeción de conciencia tanto por el personal de la salud como en el ámbito institucional. “En el caso de sectores rurales o aislados, deja a las personas gestantes sin profesionales que puedan llevar a cabo la correcta implementación de la ley”, explica.

Y es que, si bien la normativa que regula la objeción de conciencia es clara al plantear que la ésta nunca puede significar la no entrega de información y correcta derivación a las usuarias, en la práctica según explica Fernanda, se observan variadas realidades en relación al tema. La experiencia de mujeres y niñas que optan por el aborto muchas veces está lejos de lo que propugna la ley. “A partir de los monitoreos a la Ley IVE que se han desarrollado, se ha evidenciado que existen múltiples realidades a lo largo del país, siendo una de ellas, territorios en los que el 100% de profesionales son objetores de conciencia, lo que deja desprovistas a aquellas personas que quieran acceder a la ley”, comenta.

Una situación especialmente preocupante si se tiene en cuenta que, muchas mujeres que optan al aborto en Chile, son solo niñas o adolescentes. Fernanda aclara que “es fundamental que podamos avanzar en la fiscalización de la correcta implementación de la Ley”. Para eso, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género junto al Ministerio de Salud, generaron este año un manual para llevar a cabo esta labor y, además, el SERNAM EG junto a APROFA están desarrollando una serie de jornadas de formación en distintas regiones del país. Dedicadas a educar a los profesionales de la salud sobre la aplicación de la Ley IVE y el correcto ejercicio de la objeción de conciencia.

Y es que, si bien hoy la Organización Mundial de la Salud ha recomendado diversificar las posibilidades y dosis farmacológicas para llevar a cabo abortos seguros, en nuestro país y en el mundo hay actores que van en otra dirección. Con un 2022 que fue marcado por la derogación de la ley de aborto en Estados Unidos con la revocación del fallo Roe vs. Wade y, a solo pocas semanas de conocerse dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto de la intención de su partido de “hacerse cargo” de la Ley 21.030, educar respecto de los derechos y deberes que implica la Ley de Aborto es urgente.

Fernanda Cabrera de APROFA explica que las interrupciones de embarazo históricamente han tenido una importante carga social. La especialista aclara que la connotación que suele darse al aborto tiene una multiplicidad de causas, se puede asociar especialmente a las desigualdades de género que se replican en todo el mundo. “En ese sentido, la Ley de IVE y las tres causales, son un avance en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos”, comenta. “Sin embargo aún es insuficiente para responder a la realidad de la interrupción del embarazo en Chile y la región”.