A fines de 2017, el hashtag #MeToo se apoderó de las redes sociales. Las denuncias por acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein movilizaron a miles, generando conciencia y motivando a denunciar distintas conductas sexuales ilícitas. El movimiento tuvo eco en Chile y, pocos meses después, se dio a conocer el caso de Nicolás López. Fue la primera vez que se realizó una denuncia de violencia sexual contra una figura poderosa de la industria audiovisual por parte de actrices que no pertenecían a la élite del sector.

En ese entonces, cuando la ola feminista aún no explotaba en Chile, la abogada Grace Schmidt Monje, magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, fue quien representó a las víctimas de López. Hoy recuerda los obstáculos que se debieron sortear para lograr una condena: “Sobre todo el cuestionamiento hacia las víctimas. La teoría del caso de la defensa se basaba en que, a pesar de haber sido ‘víctimas’, ellas continuaban en círculos sociales con López”, dice.

Para Schmidt, la alta connotación pública del caso influyó en la investigación de delitos sexuales y, sobre todo, en la disposición a denunciar. “Lo que principalmente ocurrió fue que, gracias al relato de las mujeres que denunciaron, otras mujeres pudieron reconocerse como víctimas. Es sumamente difícil identificarse como tal, por lo que la exposición de estos casos permite que otras personas se den cuenta de que también han vivido situaciones de violencia: a mí me citaron a un lugar donde no correspondía, o a una reunión por trabajo fuera del horario laboral, en la casa de una persona, por ejemplo. Todo eso es violencia. Tal vez no todas estas situaciones constituyen delito, pero siguen siendo violencia”, afirma.

El reportaje que destapó las denuncias contra López se publicó en junio de 2018, un mes después de que decenas de universitarias se tomaran sus facultades en lo que se conocería como el Mayo Feminista, un movimiento de protesta que surgió en las universidades chilenas, donde estudiantes exigieron medidas contra la violencia de género y la discriminación. Según Schmidt, ese fue un punto de inflexión: “Se generó un contexto de toma de conciencia. La violencia contra las mujeres dejó de verse como casos aislados y comenzó a entenderse como un fenómeno social estructural”.

Tras el caso de Nicolás López, vinieron nuevas denuncias y la conversación sobre la violencia de género se instaló con fuerza en la opinión pública. En 2019, el colectivo Lastesis provocó un fenómeno mundial con su intervención Un violador en tu camino, que se replicó en todo el mundo. A los pocos meses, la discusión sobre el consentimiento se tomó el debate tras el caso de Martín Pradenas. El movimiento feminista alcanzó su punto más álgido con la marcha multitudinaria de marzo de 2020, donde miles de mujeres salieron a las calles de nuestro país exigiendo cambios estructurales.

Comenzó a instalarse la idea de que ciertas situaciones, normalizadas por décadas, ya no eran aceptables y de que la sociedad debía garantizar protección a las víctimas. De hecho, según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre 2018 y 2023 el ingreso de denuncias por delitos sexuales ascendió del 3,3% al 14,45% del total de delitos denunciados.

Pero, a pesar de todo esto, la violencia no ha disminuido. Cerramos el 2023 con 4.477 casos registrados de violación y 14.404 casos de abuso u otros delitos sexuales.

— Lo lógico es pensar que los casos de abuso deberían disminuir después de todos estos años de movilizaciones, cambios legales y mayor conciencia social. Sin embargo, las cifras muestran que la realidad es preocupante. ¿A qué crees que se debe esta paradoja?

Tiene que ver con un cambio cultural. Sin lugar a dudas, ha habido avances, como la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres (promulgada en junio de 2024), un hito en la lucha contra la violencia de género que impone nuevas obligaciones a los órganos del Estado y reconoce la educación no sexista, un punto que sectores conservadores intentaron impugnar ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el cambio normativo por sí solo no es suficiente si no viene acompañado de un cambio cultural. Por eso, el movimiento feminista sigue siendo fundamental, aunque haya sido caricaturizado por sectores conservadores.

— ¿A qué te refieres con que se ha caricaturizado?

En el último tiempo ha ido avanzando un discurso de sectores de ultraderecha que han caricaturizado el enfoque de género y el feminismo; que han caricaturizado la posibilidad que tienen las víctimas de denunciar en un espacio seguro. Y lamentablemente el avance de ese discurso va permeando en algunos sectores. Pero en paralelo también existe mayor conciencia de otros sectores para entender el fenómeno de la denuncia, qué es lo que implica y el daño que provoca también en la víctima; los costos de denunciar.

— Hay quienes creen que el feminismo ha contribuido a estas caricaturizaciones. Por ejemplo, en el caso Macaya y el caso Monsalve, se criticó al movimiento por tener reacciones muy distintas y una tendencia política. ¿El movimiento feminista puede hacer un mea culpa?

Yo creo que no es responsabilidad del movimiento feminista esta caricaturización que se hace. Hay distintas corrientes feministas, por lo tanto, no me voy a arrogar la representación de todas ellas. Ahora, ¿si se pueden haber hecho cosas mejor? Sí, quizás. Hay manifestaciones que a lo mejor pueden ser más chocantes, o no, hacia grupos más conservadores, pero eso no justifica bajo ningún sentido esta caricaturización que se hace del movimiento feminista, o peor aún, del fenómeno de la denuncia.

“AMIGA YO TE CREO”

En noviembre del año pasado, la abogada y experta en derechos humanos y feminismo, actualmente diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, abordó la consigna feminista “Amiga, yo te creo”, a propósito de la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric por supuesto acoso sexual. Fríes enfatizó que esta frase no implica asumir que todas las mujeres dicen la verdad sin cuestionamiento, ni que deba invalidarse la presunción de inocencia.

La expresión “Amiga, yo te creo” ha sido un emblema del feminismo al visibilizar la importancia de escuchar y no desacreditar los testimonios de las denunciantes de violencia sexual. Sin embargo, en el caso Boric y en otras situaciones similares, se ha convertido en objeto de burlas por parte de sectores críticos del feminismo. Según Schmidt, se ha usado de manera irónica para descalificar cualquier acusación de abuso, insinuando que las feministas piden creer a las mujeres sin cuestionamiento alguno.

“Efectivamente pueden haber acusaciones que son falsas, pero yo separaría las cosas. Burlarse de esto es no entender todo el proceso histórico que ha habido detrás. Porque siempre ha habido cuestionamiento a las víctimas que se atreven a denunciar, sobre todo si son víctimas de personas que están en las esferas del poder, de distinto tipo de poder: eclesiástico, político, del espectáculo, arte, etcétera. Siempre las víctimas han tenido que derribar un montón de prejuicios, y eso hasta el día de hoy, a pesar de todos estos años. Lamentablemente no es gratuito para ellas. Siempre va a haber un cuestionamiento a su relato”, agrega.

— ¿Coincides con que la presunción de inocencia debe primar?

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que debe ser respetado por los tribunales de justicia al momento de conocer los hechos, juzgar y resolver el conflicto. Lo anterior implica necesariamente que para condenar a una persona por el delito que sea, los jueces o juezas deben arribar a la convicción de la culpabilidad más allá de toda duda razonable; eso no se contrapone a la veracidad del relato de la víctima. A lo que me refiero es que puede suceder que en un caso concreto se absuelva a un acusado por no existir pruebas suficientes para acreditar los hechos y, sin perjuicio de ello, el relato de la víctima no sea cuestionado.

— Hay quienes creen que hoy cualquiera puede hacer una denuncia falsa y no le pasa nada.

No es tan así porque si se llega a un juicio oral o a un término de un procedimiento, existe la condena en costas, por ejemplo. Además, es súper delicado sancionar a una persona que denuncia y que no se logra acreditar, porque no necesariamente es que la denuncia sea falsa, sino que no se logró acreditar. Pero creo que para eso están los tribunales de justicia y el Ministerio Público. O sea, aquí cada institución tiene que jugar un rol. Una cosa es la valoración social, la valoración política que se puede hacer de una denuncia o de un hecho, pero esto es aparte del rol de los tribunales, del Ministerio Público, que su rol es impartir justicia, investigar los hechos, acusar y condenar o absolver según sea el caso. No hay que confundir ambas esferas.

— ¿Y qué pasa con esa valoración social/política?

Me refiero a la valoración que hace la sociedad, las personas que forman parte de una comunidad. ¿Qué significa esto? Los Tribunales de Justicia valoran en derecho los hechos denunciados, lo cual cuando resulta una absolución trae aparejado muchas veces –cuando se trata de hechos de connotación pública– conclusiones o juicios sociales respecto a la veracidad del relato de una mujer que denunció, afloran los sesgos, los prejuicios; por eso es tan importante que como sociedad entendamos que juzgar o cuestionar públicamente a una mujer denunciante, aun después de existir un pronunciamiento judicial, es tremendamente delicado porque puede dañar muchísimo en el proceso de reparación que está viviendo.

— ¿Qué efectos tiene esto en las víctimas?

Cuestionar a las víctimas públicamente, sacando conjeturas o conclusiones, cuestionando a priori su relato, por cierto que revictimiza, genera un daño que impacta profundamente en la vida de una mujer que denuncia hechos de violencia sexual. No hay que olvidar que estamos en presencia de hechos que generan un trauma complejo, por lo que tomar la decisión de denunciar, es el resultado de un largo proceso de reflexión, de reconocerse y asimilar que se es víctima; por eso es tan importante cómo los medios de comunicación informan este tipo de casos a la opinión pública.

— ¿A esto te refieres con la perspectiva de género?

Cuando los tribunales analizan un caso con perspectiva de género, lo que hacen es considerar los distintos factores que pueden haber llevado a una mujer a esa situación. No se trata, como algunos han intentado etiquetar, de favorecer a las mujeres en desmedro de los hombres. Se trata de eliminar los prejuicios que rodean los hechos, permitiendo así un juicio realmente objetivo.

— Con todo esto, ¿dirías que hoy estamos mejor, peor o igual que hace ocho años, cuando el caso de Nicolás López avivó la conversación sobre violencia de género en Chile?

En términos institucionales, hoy existe una mayor sensibilidad. Ahí el Poder Judicial ha hecho un trabajo importante desde la oficina de género y el Ministerio Público ha fortalecido su Fiscalía de Género, lo que ha permitido ciertos avances. Sin embargo, en el ámbito social, persisten grandes desafíos. El más preocupante es el avance de este discurso más ultra por parte de sectores extremos, en cuanto a la caricaturización de lo que significa el feminismo, que es tremendamente importante para erradicar la violencia en contra de las mujeres. El enfoque de género es clave en este cambio de paradigma, ya que permite comprender las distintas formas de violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres. No obstante, aún hay sectores que no reconocen su importancia.