¿Qué pasa ahora con los derechos sexuales y reproductivos?

Tras los resultados del plebiscito de salida, que determinaron que se rechazaría la propuesta de texto constitucional articulada por la Convención, son muchas las inquietudes que han surgido, sobre todo en aquellos temas que la propuesta recogía y que nunca antes habían tenido un rango constitucional. De haberse aprobado, de hecho, habría sido la primera vez que se consagraban a nivel constitucional los derechos sexuales y reproductivos –en su Artículo 61 se señalaba que ‘toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos y estos comprenden, entro otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción’–, entre muchos otros derechos referentes a las niñas, mujeres y disidencias.

Por eso, por estos días en los que se está modulando de qué manera se le da cierta continuidad al proceso, urge que con todo lo que se ha avanzado en cuanto a los derechos de las mal denominadas minorías, no se termine dando un pie atrás. Para los grupos organizados que han dedicado sus días a generar conciencia respecto a esto, esa no es una opción. Y es que en eso, están de acuerdo; hay temas que llegaron para instalarse y que una vez puestos sobre la mesa ya no pueden volver a ser invisibilizados.

En ese sentido, que el texto que consagraba estos derechos como fundamentales haya sido finalmente rechazado, no significa que haya que olvidarlos. Desde Corporación Miles, quienes junto a otras organizaciones impulsaron que los derechos sexuales y reproductivos fueran incluidos en la propuesta de texto, tienen un diagnóstico preliminar; no son esos los temas que fueron rechazados por la ciudadanía, ni siquiera –contrario a lo que se podría suponer– el derecho al aborto. “Sabemos que el aborto, pese a los esfuerzos de grupos que intentaron instalar en la agenda pública que la Convención lo estaba promoviendo hasta los nueve meses –la discusión parlamentaria posterior iba a determinar el tiempo y seguramente basándose en los estándares internacionales–, no fue un gatillante movilizador para el Rechazo. Tampoco lo fueron la vida libre de violencia ni los derechos sexuales en general. Por eso, creemos que fue un acierto hablar de estos temas en este espacio, ya que es la única forma de despenalizarlos socialmente, aunque sea de a poco”, reflexiona Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles.

Actualmente, y con la Constitución que nos sigue rigiendo, el escenario en Chile con respecto a los derechos sexuales y reproductivos se limita a un conjunto de leyes que circunscriben los derechos que han sido consolidados como derechos humanos por entidades internacionales. Pero como explica Andrea Von Hoveling, médico cirujano de la Universidad Católica, especialista en ginecología y obstetricia y miembro de la Agrupación Ginecólogas Chile, esas leyes no conversan entre ellas, no están mayormente articuladas y se hacen cargo de problemáticas ya existentes en vez de tener un enfoque preventivo. “Además de eso, ocurre que cuando tratamos de destacar la importancia de estos derechos, la respuesta con la que nos topamos es que ni siquiera están en la Constitución y que son más bien temas ideológicos. Por eso es importante que el diálogo que se ha dado se mantenga activo, y en eso los grupos organizados y las que trabajamos en esto, tenemos un rol clave”, explica. En este escenario aun incierto, ¿cómo lo hacemos para no retroceder?

Responde Andrea Von Hoveling, médico cirujano de la Universidad Católica, especialista en ginecología y obstetricia y miembro de la Agrupación Ginecólogas Chile

“Una de las ventajas que podemos sacar del proceso constituyente, independiente de los resultados, es que hay temas que se pusieron sobre la mesa para quedarse y dentro de esos están los derechos sexuales y reproductivos.

En la Constitución actualmente vigente, no hay ninguna mención directa a estos derechos. Las únicas menciones que hacen una alusión indirecta están en los artículos que establecen que la familia es el núcleo de la sociedad –y entendiendo que la familia a la que se alude es de un solo tipo, limitando y discriminando el amplio espectro de posibilidades– y por otra parte, cuando se establece que el Estado protegerá al que está por nacer. Esto evidentemente ha impedido, y no solo entorpecido, el avance de cualquier tipo de discusión respecto al aborto sin causales. Incluso para que la promulgación de la Ley 21.030 sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo por las tres causales, se tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional, que solo terminó refrendando la ley porque no sale explicitado en la Constitución el estatus de ‘persona’ del que está por nacer. De por sí, cualquier otro avance se ha topado siempre con mucha resistencia por lo que sale establecido en la Carta Magna.

A eso se le suma que en este momento, la principal ley que rige nuestros derechos sexuales y reproductivos es la Ley 20.418, que fija las normas sobre información, orientación y prestación en materia de regulación de la fertilidad. También establece que cada persona tendrá el derecho a una educación sexual, pero no se hace cargo de cuándo, cuánto, ni de quién va impartir esa educación, responsabilidad que al no estar mayormente articulada, termina recayendo en los establecimientos educacionales. Lo que nos topamos en la realidad es que en los colegios se termina hablando poco, tarde y mal de esto. Y además, con un enfoque castigador, poniendo el énfasis en los efectos no deseados del sexo y en las patologías, pero en ningún momento en el placer, ni en el deseo, ni en el cómo vivir una sexualidad segura y positiva o cómo prevenir los abusos, que es de las razones más importantes para tener una educación sexual integral.

En ese sentido, nos hemos dado cuenta que en estas materias estamos en deuda absoluta. Lo hemos sabido las personas que trabajamos en esto, pero lo novedoso es que ahora está asumido a nivel colectivo. Por eso, la clave está en mantener esta discusión activa sin que se apague. Con la pandemia se evidenció, además, que con cualquier tipo de crisis, siempre son nuestros derechos los que se ven afectados y absolutamente perjudicados, y eso es porque no están consagrados legalmente.

A los grupos organizados les es más fácil mantener este debate activo porque a eso se dedican, a nivel de políticas públicas y difusión. Esa labor es clave porque tenemos que llegar a tal nivel de empoderamiento de manera tal, que sean cada vez más las personas particulares las que exigen que sus derechos sean reconocidos a nivel constitucional, para que no estén constantemente sujetos a la contingencia o a las crisis”.

Responde Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles

“Desde la Corporación, y también en vistas de los análisis que han salido luego del plebiscito de salida, creemos que fue positivo ocupar el espacio que nos ofreció el proceso constituyente para hablar de estos temas. Y es que incluso el aborto, que siempre ha sido un tema delicado en el país –y pese a la amplia resistencia presentada por grupos conservadores y personas anti derechos de la mujer–, no fue un gatillante movilizador para el Rechazo. En definitiva, fue un acierto hablar de derechos sexuales y reproductivos porque además, esa es la única manera de despenalizarlos socialmente.

¿Qué sigue ahora? Nosotros como organización de la sociedad civil velamos por seguir permeando a las comunidades para que haya mayor información al respecto y saquemos estos temas de las esferas del tabú. Hay que entender que ejercemos este aspecto de nuestra vida durante toda la vida, así como el aborto, la prevención de un embarazo, el ejercicio del placer, son todos temas que nos acompañan en todo el ciclo vital. Por eso hay que seguir hablando de esto para que las personas puedan ejercer rendición de cuentas a las y los tomadores de decisiones.

Desde Miles lo haremos en los procesos políticos que se habiliten, ya sea mediante la pedagogía como en los espacios de toma de decisión, porque entendemos que la falta de consagración de la salud –en términos amplios– como un derecho, ha generado que todos sus derivados estén desprotegidos. Por ejemplo, para defender una prestación de salud sexual y salud reproductiva, al no estar consagrado ni siquiera el derecho a la salud, hemos tenido que ser muy creativas.

Es importante que exista la consagración del derecho a la salud y en particular de los derechos sexuales y reproductivos para que así sea ineludible la protección tanto del Estado como de los privados respecto a esto. Eso daría paso a un paraguas para el decanto de leyes particulares y de políticas públicas emanadas por los gobiernos que vengan. También ampliaría la discusión social en torno a cómo garantizar esos derechos y su ejercicio. Ahí las comunidades virtuales que buscan difundir información y generar conciencia han jugado un rol determinante, sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es que existe una gran brecha digital en Chile y por lo mismo, de por sí estas plataformas no son suficientes. Tienen que ir acompañadas de un trabajo en los territorios y no queda más que seguir con activismos en terreno. Solo así se puede hacer un levantamiento de las principales demandas de las comunidades –que muchas veces desde el centralismo no somos capaces de recoger– y, sobre todo, hacer uso y participar de los espacios que ellos mismos ya tienen articulados. Para así poder ser portavoces y movilizarnos”.